Para gobernar, luz y taqu¨ªgrafos

?Dec¨ªa Truman que una de las principales virtudes de la democracia es que ¡°sus defectos son siempre visibles, pueden se?alarse y corregirse¡±. Harry S. Truman fue un l¨ªder criticado, con una popularidad en m¨ªnimos hist¨®ricos y una Administraci¨®n fuertemente cuestionada por no pocos casos de corrupci¨®n. No obstante, en plena crisis de posguerra, Truman y otros l¨ªderes democr¨¢ticos de su ¨¦poca se empe?aron en renovar el contrato social y comprometer una mayor transparencia en la gesti¨®n.

El Congreso norteamericano, bajo su mandato, decidi¨® poner coto a los hombres de negocios que, con m¨¢s o menos frecuencia, acud¨ªan al Parlamento a compartir sus puntos de vista sobre una u otra normativa. Para ello, alguien invent¨® un registro que permitiese contrastar qui¨¦n representaba qu¨¦ y cu¨¢nto cobraba por ello. Algo aparentemente sencillo, si bien entonces, y a¨²n hoy, revolucionario. Gracias a la Federal Regulation of Lobbying Act (1946), el proceso de representaci¨®n de los intereses econ¨®micos y sociales en los procesos legislativos ser¨ªa el mismo pero, al menos formalmente, sometido a luz y taqu¨ªgrafos.

Mucho ha llovido hasta llegar, en feliz expresi¨®n de Guti¨¦rrez-Rub¨ª, a nuestra ¡°pol¨ªtica vigilada¡±. ¡°Una sociedad decepcionada, cr¨ªtica y muy informada¡± que con el apoyo de tecnolog¨ªas de la informaci¨®n y una cultura pol¨ªtica que, si no mayor, s¨ª al menos est¨¢ m¨¢s extendida, exige mayor transparencia y control sobre las instituciones y los responsables p¨²blicos. Hoy la legitimidad para gobernar que emana de las urnas se agota con rapidez, no solo cuando la eficacia de las pol¨ªticas desaparece, sino cuando estas se realizan a la sombra y sin contar con la opini¨®n, cada vez m¨¢s exigente, de los administrados.

Las 5.496 organizaciones registradas en Bruselas participan abiertamente en el proceso normativo

Con estas exigencias, no es que la corrupci¨®n cese pero, al menos, es m¨¢s dif¨ªcil de ocultar. Pero si han aumentado las dificultades para ocultar una noticia, tambi¨¦n son m¨¢s complejos los accesos a fuentes de informaci¨®n relevantes y mayor el peso de la econom¨ªa y los intereses particulares en la conformaci¨®n del inter¨¦s general.

Tanto es as¨ª que todos nuestros partidos pol¨ªticos llevan en su cartera de promesas una buena ley de transparencia, sea esto lo que fuere, y as¨ª como el Gobierno anterior, tras ocho a?os, lleg¨® a aprobar un anteproyecto, el actual tramita ya un proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Informaci¨®n P¨²blica y Buen Gobierno que, como toda norma que se precie, es tanto lo que incorpora como lo que deja fuera, y nada dice de esa actividad tan cotidiana en nuestras democracias como es la representaci¨®n de intereses.

El Tratado de Lisboa busc¨® un justo equilibrio entre representaci¨®n y participaci¨®n y expone en su art¨ªculo 11 que las instituciones comunitarias ¡°establecer¨¢n los cauces necesarios¡± para ¡°mantener un di¨¢logo abierto, transparente y regular con las asociaciones representativas y la sociedad civil¡±, adem¨¢s de comprometer ¡°amplias consultas con las partes interesadas¡±.

La Comisi¨®n Europea, a trav¨¦s de la Iniciativa por la Transparencia (2006), defini¨® la representaci¨®n de intereses como ¡°las actividades realizadas con el objetivo de influir en la formulaci¨®n de pol¨ªticas y los procesos de toma de decisiones¡±, y el Parlamento Europeo considera ¡°un derecho fundamental que los representantes de la sociedad civil y las empresas tengan acceso a las instituciones para trasladar sus intereses, recabar informaci¨®n, defender su situaci¨®n o solicitar cambios en la normativa que les afecta¡±.

Pa¨ªses como Alemania, Francia o Polonia o, fuera de la Uni¨®n, Canad¨¢, Taiw¨¢n, Israel y, m¨¢s recientemente, Chile, decidieron incorporar a sus ordenamientos algunas de las medidas aplicadas con ¨¦xito en el complicado entramado comunitario, que reconoce que los grupos de inter¨¦s ¡°desempe?an un papel esencial en el di¨¢logo abierto y pluralista en que se basa un r¨¦gimen democr¨¢tico, y constituyen una importante fuente de informaci¨®n para los diputados en el marco del ejercicio de su mandato¡±. Bruselas presume hoy de un registro voluntario, com¨²n al Parlamento y la Comisi¨®n, en el que los representantes de intereses econ¨®micos y sociales facilitan algunos datos b¨¢sicos de facturaci¨®n y se comprometen con el cumplimiento de unas normas de conducta comunes y p¨²blicas. Actualmente, 5.496 organizaciones ¡ªsindicatos, patronales, ecologistas, organizaciones religiosas u ONG¡ª hacen lobby en la Uni¨®n Europea y, gracias a este registro, participan en el proceso normativo de una forma abierta y transparente, pues todos podemos conocer qui¨¦nes son, qu¨¦ intereses defienden y cu¨¢nto perciben por ello consult¨¢ndolo, simplemente, desde nuestro ordenador.

Espa?a no puede permitirse el lujo de aplazar medidas que dignifiquen nuestra democracia. El proyecto de ley que tramita el Congreso es la norma adecuada, en el momento justo, para incorporar a la legislaci¨®n y a las pr¨¢cticas espa?olas las mejores experiencias comunitarias, tambi¨¦n en materia de grupos de inter¨¦s. Registro, c¨®digo de conducta y acceso p¨²blico a las agendas de los altos cargos son algunas de las propuestas a debate.

El proyecto espa?ol no puede dejar fuera la relaci¨®n entre pol¨ªticos y administraciones

Pero, adem¨¢s, el Congreso debate si la Ley de Transparencia debe regular no solo Administraciones p¨²blicas sino tambi¨¦n partidos pol¨ªticos y sindicatos. ?Como dejar fuera de esta ley la relaci¨®n entre Administraciones y pol¨ªticos y las empresas y organizaciones sociales que leg¨ªtimamente pretenden participar en la mejora de la legislaci¨®n y, por tanto, de nuestro ordenamiento jur¨ªdico y nuestra convivencia? Es precisamente sobre esta relaci¨®n sobre la que hay que poner luz. Deben existir m¨¢s cauces transparentes para, entre otros motivos, reducir los cauces que no lo son, para dificultar en lo posible pr¨¢cticas tristemente extendidas y que solo pueden realizarse al amparo del anonimato.

Una ley no elimina por s¨ª sola las malas pr¨¢cticas, pero puede dificultarlas, aumentando los controles e incrementando las sanciones. Adem¨¢s, debe establecer cauces adecuados, p¨²blicos y conocidos e impedir que comportamientos leg¨ªtimos queden bajo la misma sospecha de los que no lo son.

Un grupo de firmas de consultor¨ªa y despachos jur¨ªdicos, que no representamos intereses, pero trabajamos profesionalmente para quienes leg¨ªtimamente s¨ª lo hacen, queremos trasladar p¨²blicamente al Ministerio de la Presidencia y a los grupos parlamentarios nuestra propuesta de que nuestro ordenamiento jur¨ªdico recoja la misma definici¨®n que Comisi¨®n y Parlamento Europeo hacen de los grupos de inter¨¦s y su funci¨®n en la conformaci¨®n de las pol¨ªticas p¨²blicas, incorporando una mayor transparencia en procesos legislativos y de toma de decisiones.

La Comisi¨®n Constitucional del Congreso analiza estos d¨ªas el texto propuesto por el Gobierno y escucha a representantes de la sociedad civil y expertos en cada una de las ¨¢reas que la norma pretende legislar, mejorando su redacci¨®n y alcance, incrementando los derechos ciudadanos y buscando un justo equilibrio entre las leg¨ªtimas aspiraciones de acceso a la informaci¨®n p¨²blica y transparencia y las necesidades de protecci¨®n de datos que las instituciones deben preservar. Previamente, el Gobierno ensay¨® un novedoso proceso de consulta abierta a todos los ciudadanos, proceso tradicionalmente reservado a los ¨®rganos consultivos del Estado. La falta de experiencia y, sobre todo, la falta de cultura pol¨ªtica a la hora de ¡°rendir cuentas¡± de los resultados de la consulta han generado m¨¢s fustraci¨®n que apoyo.

Lo podemos hacer mejor y necesitamos hacerlo mejor. Truman supo entender, en momentos tan dif¨ªciles o m¨¢s que los actuales, que la democracia se alimenta de democracia, por lo que su vieja receta, al margen de consideraciones ¨¦ticas sobre gobernantes y gobernados y en castiza expresi¨®n de Antonio Maura, ¡°yo, para gobernar, no necesito m¨¢s que luz y taqu¨ªgrafos¡±, es hoy m¨¢s necesaria que nunca.

Joan Navarro, Javier Cremades, Emilio Ontiveros, Jordi Sevilla y Carlos Solchaga son miembros del Foro por la Transparencia.