R¨ªos (de sangre) Montt

¡°Hubo desmanes,

pero yo no estuve enterado¡±,

(General Efra¨ªn R¨ªos Montt,

m¨¢ximo responsable guatemalteco

Esta es la primera vez que se consigue sentar en el banquillo a un hombre que lo fue todo

del genocidio maya en 1982-1983)

Finalmente ocurre lo que durante d¨¦cadas pareci¨® imposible en un pa¨ªs como Guatemala. Uno de los m¨¢ximos criminales latinoamericanos ¡ªel general Efra¨ªn R¨ªos Montt, cuyas sanguinarias actuaciones le valieron el apelativo de R¨ªos de Sangre Montt¡ª se sienta finalmente ante sus jueces, aunque todav¨ªa goza del escandaloso privilegio del arresto domiciliario. Y aunque todav¨ªa las presiones y las amenazas forman parte del precio a pagar por el intento de hacer justicia en aquella sociedad, una de las m¨¢s desiguales, injustas y desgarradas de Am¨¦rica.

Sin embargo, dentro de esa sociedad todav¨ªa atemorizada existen algunos jueces y juezas, fiscales, abogados y testigos, capaces de afrontar juicios como este, a pesar de esas amenazas y esas presiones que invariablemente pesan sobre ellos. Esto ha permitido conseguir ya algunas sentencias de gran importancia y significaci¨®n. Pero esta es la primera vez que se consigue sentar en el banquillo a un hombre que lo fue todo en Guatemala: presidente de una junta militar golpista, presidente de la Rep¨²blica, y como tal, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, despu¨¦s presidente del Congreso, l¨ªder de una potente secta religiosa, la llamada Iglesia del Verbo, e incluso embajador de su pa¨ªs en Madrid en 1974-1977. Y, hasta hace un a?o, diputado por su partido, lo que le otorgaba inmunidad ante la justicia. Inmunidad que ha finalizado ya, al perder hace un a?o su condici¨®n de parlamentario.

Pero, por encima de todo, R¨ªos Montt es el general que mandaba aquellas tropas que masacraron a las comunidades mayas y quemaron tantas veces a personas vivas, despedazaron cuerpos, amputaron miembros, cortaron lenguas y orejas, formaron largas filas para violar a mujeres mayas antes de matarlas, degollaron a beb¨¦s, arrancaron fetos a las mujeres gestantes, entre otra larga serie de delitos inconcebibles, pero absolutamente documentados. Ah¨ª est¨¢n los 12 incontestables tomos del informe de la Comisi¨®n de Esclarecimiento Hist¨®rico de la ONU, a la que tuvimos el honor de pertenecer (informe entregado al entonces secretario general, Kofi Annan, el 25 de febrero de 1999).

El militar intenta cubrirse diciendo que nunca estuvo enterado de
las masacres

El ver hoy al jefe supremo de quienes cometieron tales actos bajo su mando, vestido ahora de civil, sentado ante los jueces y fiscales, y sobre todo, ante las familias de quienes fueron mutilados, violados, torturados hasta la muerte en las formas m¨¢s crueles imaginables, y atropellados en todos los grados posibles de la criminalidad m¨¢s inhumana, esa comparecencia del genocida ante la justicia, esa simple imagen actual, nos hace sentirnos part¨ªcipes de una humanidad algo m¨¢s digna, menos canallesca, m¨¢s solidaria y algo menos podrida de lo habitual.

A todas aquellas acciones repulsivas, a todo aquel conjunto de cr¨ªmenes ignominiosos, a todas aquellas torturas y mutilaciones, a todo aquel horror, sus autores lo llamaban ¡°salvar a Guatemala del comunismo¡±. Y aun hoy, ellos y sus defensores lo siguen llamando as¨ª en sus pancartas y proclamas. Concretamente, el golpista R¨ªos Montt gobern¨® a partir de marzo de 1982 hasta agosto de 1983, periodo en el que se concentraron las peores masacres, calificadas t¨¦cnicamente como genocidio por el ya citado informe de la ONU en 1999. El general reconoce que hubo desmanes. Pero ?a qu¨¦ llama desmanes? La respuesta viene dada, en t¨¦rminos exhaustivos, por dos documentos de abrumadora dimensi¨®n y terrible contenido, sobre unos hechos tan atroces que resultar¨ªan imposibles de creer si no fuera por la masiva avalancha de testimonios registrados.

Empezando por el segundo (cronol¨®gicamente) de esos dos documentos, el ya citado informe de la Comisi¨®n de Esclarecimiento Hist¨®rico (CEH) de la ONU sobre Guatemala (m¨¢s conocida como Comisi¨®n de la Verdad), con sus miles de p¨¢ginas de horrores, constituye una pavorosa recopilaci¨®n de testimonios escalofriantes sobre lo que fue aquella represi¨®n militar.

Y el otro documento, primero en el tiempo, admirable por su car¨¢cter pionero y su valor testimonial, fue el desolador Informe Remhi (Recuperaci¨®n de la Memoria Hist¨®rica) de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, con sus cuatro tomos y sus 1.500 p¨¢ginas, presentado el 24 de abril de 1998, informe que cost¨® la vida a quien lo dirigi¨®, el obispo Juan Gerardi, asesinado dos d¨ªas despu¨¦s. Ambos informes detallan las indescriptibles aberraciones cometidas contra las comunidades mayas, y superan todo lo conocido en las numerosas dictaduras militares latinoamericanas del siglo XX. He aqu¨ª la c¨ªnica explicaci¨®n del general R¨ªos de Sangre: ¡°Durante mi Gobierno el Ej¨¦rcito cumpli¨® ¨®rdenes, pero cuando no se dieron ¨®rdenes se cometieron desmanes¡±, confiesa. Y, pretendiendo cubrirse, a?ade: ¡°Yo nunca estuve enterado¡±. Intolerable postura en un jefe militar del ¨²ltimo cuarto del siglo XX. Con esas pocas frases, el general aniquila de forma demoledora los preceptos b¨¢sicos de la moral militar actual. Postura hoy insostenible bajo los criterios morales y jur¨ªdicos actualmente imperantes, y, m¨¢s a¨²n, bajo los modernos conceptos del mando vigentes en la actualidad. ?Qu¨¦ significa eso de ¡°cuando no se dieron ¨®rdenes¡±? Intolerable argumento, pues ¨¦l, como comandante en jefe, estaba inexcusablemente obligado a darlas y hacerlas cumplir.

La hoy llamada doctrina Yamashita (internacionalmente vigente desde la II Guerra Mundial y hoy asumida por los distintos tribunales internacionales, incluido el TPI de La Haya) obliga a rechazar esa grotesca alegaci¨®n. El nombre citado procede del general japon¨¦s Tomuyuki Yamashita, que mandaba las tropas de ocupaci¨®n de las islas Filipinas entre 1942 y 1945, tropas que cometieron numerosos cr¨ªmenes contra los prisioneros de guerra y contra la poblaci¨®n civil del archipi¨¦lago. Al producirse la derrota de Jap¨®n, el general Yamashita fue capturado y juzgado. Su alegaci¨®n en 1946 fue exactamente la misma invocada por R¨ªos Montt seis d¨¦cadas despu¨¦s (2006): que ¨¦l no hab¨ªa ordenado las tropel¨ªas imputadas a sus tropas, y que si estas las cometieron lo hicieron por su cuenta, sin su conocimiento, y no bajo sus ¨®rdenes. Extravagante alegaci¨®n que no le vali¨® al general japon¨¦s, pues fue condenado a muerte y ejecutado como responsable de todos los cr¨ªmenes que tuvo la obligaci¨®n de impedir y no impidi¨®. Desde entonces, el derecho internacional impone al jefe militar la obligaci¨®n ineludible de impedir, denunciar o sancionar las acciones u omisiones de car¨¢cter criminal que sean imputables a sus subordinados, so pena de incurrir ¨¦l mismo en responsabilidad criminal.

Este concepto se halla hoy s¨®lidamente establecido por los preceptos siguientes: art¨ªculo 86 del Protocolo I de 1977, adicional a los cuatro convenios de Ginebra de 1949; art¨ªculo 7 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia; y art¨ªculo 28 del Estatuto de Roma para el Tribunal Penal Internacional de La Haya, de 1998. Estos preceptos significan ¡ªtal como subraya el profesor Hernando Valencia Villa¡ª que ¡°la doctrina Yamashita tiene ya la condici¨®n de precepto de ius cogens o derecho internacional general de car¨¢cter obligatorio¡±.

A la luz del derecho internacional b¨¦lico y de la moral militar actual, no existe escapatoria jur¨ªdica ni moral para el general R¨ªos Montt. O ¨¦l mismo orden¨® las atrocidades del genocidio contra la poblaci¨®n maya, o bien las permiti¨® sistem¨¢ticamente, en cuyo caso la responsabilidad le alcanza de lleno, por criminal omisi¨®n. Enviamos nuestro ¨¢nimo y apoyo a aquellas heroicas personas que defienden los derechos humanos y la justicia en un lugar tan dif¨ªcil como aquel: a las admirables juezas Yasm¨ªn Barrios y Patricia Bustamante, junto con el juez Pablo Xitumul, como miembros del tribunal; a la fiscal general Claudia Paz y Paz; al juez de lo penal Miguel ?ngel G¨¢lvez; al fiscal del caso, Orlando L¨®pez; a los abogados y testigos: a todos aquellos hombres y mujeres que bajo permanentes coacciones y amenazas, van a continuar actuando como lo que son: unos ejemplares defensores de los derechos humanos, de la justicia y de la ley. Y de la dignidad humana de los m¨¢s d¨¦biles, all¨ª donde esta se vio pisoteada de la forma m¨¢s cruel.

Prudencio Garc¨ªa es miembro del IUS de Chicago y autor de El genocidio de Guatemala a la luz de la sociolog¨ªa militar (Sepha).