Sabemos lo que nos pasa: propuestas ciudadanas

Hay ocasiones en que tiene sentido recurrir como diagn¨®stico de situaci¨®n al orteguiano ¡°No sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa¡±. La coyuntura actual no es precisamente una de ellas. Los espa?oles s¨ª sabemos lo que ahora nos pasa: ha ido quedando expresado mes a mes, de forma clara y rotunda, en los sondeos de Metroscopia para este peri¨®dico. Y resulta llamativa, por cierto, la plena coincidencia de este diagn¨®stico ciudadano con el que a lo largo de los ¨²ltimos d¨ªas ha venido expresando en estas p¨¢ginas una variada n¨®mina de especialistas.

Todav¨ªa son dos veces m¨¢s numerosos los espa?oles que piensan que lo que est¨¢ fallando son los actuales pol¨ªticos y no la forma en que est¨¢ organizado nuestro sistema democr¨¢tico (46% frente a 24%, si bien un porcentaje creciente ¡ª23% ahora, 13% hace dos a?os¡ª concluye que ambos fallan). Este es un dato que no es a¨²n alarmante, pero que empieza a intranquilizar: sugiere que la impericia de la clase pol¨ªtica es lo que erosiona la credibilidad y legitimidad social de nuestras instituciones b¨¢sicas.

Es, en efecto, a pol¨ªticos y partidos a quienes la ciudadan¨ªa dirige su principal y m¨¢s severo reproche por la actual situaci¨®n. A los primeros, un 72% les recrimina haber abandonado el clima pol¨ªtico de la Transici¨®n (que permit¨ªa, al margen de la cotidiana confrontaci¨®n ideol¨®gica ¡ªen ocasiones sumamente ¨¢spera¡ª la constante consecuci¨®n de acuerdos y consensos) por un estilo de hacer pol¨ªtica en que pacto se ha convertido en sin¨®nimo de debilidad o entreguismo. Adem¨¢s, ocho de cada diez espa?oles les perciben m¨¢s preocupados por sus propios problemas e intereses que por resolver los de nuestra sociedad que, a cambio, tienden a complicar. Sencillamente, seis de cada diez espa?oles piensan que con estos de ahora no habr¨ªa sido posible la transici¨®n a la democracia. En cuanto a los partidos pol¨ªticos, un solo dato basta para reflejar su grado de descr¨¦dito: el 73% de nuestra ciudadan¨ªa piensa que tal como ahora funcionan y est¨¢n organizados no pueden reclutar para la actividad pol¨ªtica a las personas m¨¢s competentes y m¨¢s preparadas.

El 90% quiere que los gobiernos? dejen de mostrar m¨¢s inter¨¦s por controlar la Justicia que por facilitar su mejor funcionamiento

Las soluciones que se proponen para estas disfunciones pol¨ªticas pueden resumirse en dos palabras: transparencia y apertura; es decir, mayor apertura de los partidos a la sociedad y mayor peso ciudadano sobre las decisiones de sus aparatos. El 79% de los espa?oles cree que eso se conseguir¨ªa, por un lado, con elecciones primarias (entre militantes y simpatizantes) para la selecci¨®n de cabezas de lista; y, por otro, y para un 85%, con listas electorales abiertas que permitan a los electores excluir a quienes no consideren merecedores de su voto. Al mismo tiempo, y complementariamente, un 82% reclama una reforma del actual sistema electoral que admita una relaci¨®n m¨¢s directa entre el n¨²mero total de votos que obtiene cada partido y el n¨²mero de esca?os que con ellos consigue. ?C¨®mo no va a escandalizar, por ejemplo, que en las ¨²ltimas elecciones generales UPyD y CiU lograran un porcentaje muy similar de votos (4,7% y 4,2%, respectivamente) pero solo 5 esca?os la primera formaci¨®n y en cambio 16 la segunda?

El 97% de los espa?oles indica que cada vez son m¨¢s, en nuestro pa¨ªs, quienes desconf¨ªan de las instituciones pol¨ªticas, lo que sin duda guarda relaci¨®n con el hecho de que un porcentaje id¨¦ntico (96%) perciba que la actual vida pol¨ªtica est¨¢ manchada por la corrupci¨®n. No es que la ciudadan¨ªa ceda al simplismo de tener por corruptos a todos los pol¨ªticos: sencillamente constata que la corrupci¨®n no es combatida con la debida energ¨ªa y tiende por tanto a permanecer largamente impune. Se ve c¨®mo los partidos propenden a esconder o minimizar los casos que les afectan, y se considera sumamente ineficiente la prevenci¨®n (por parte del Tribunal de Cuentas o del Banco de Espa?a) y la indagaci¨®n y castigo (por parte de la justicia) de las conductas p¨²blicas impropias o directamente delictivas. En el caso de la justicia, el 88% de los espa?oles lamenta las excesivas facilidades que nuestra legislaci¨®n concede a las personas imputadas para inundar con recursos la fase de investigaci¨®n, logrando as¨ª entorpecerla y retardarla. El excesivo papeleo que empantana la instrucci¨®n es mencionado por un 75%. Y un 84% destaca algo sin duda a¨²n m¨¢s grave: las presiones sobre jueces y tribunales por partidos y grupos de inter¨¦s en los casos que les afectan. Como posibles remedios, nueve de cada diez espa?oles reclaman la creaci¨®n de una unidad judicial especializada en la lucha contra la corrupci¨®n ¡ªparalela a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ya existente¡ª dotada con los medios precisos para investigarla de forma diligente y eficaz; la creaci¨®n de una unidad especial de la Agencia Tributaria dedicada exclusivamente a quienes desempe?an cargos p¨²blicos; y una Ley de Transparencia que, entre otras cosas, responsabilice a la ejecutiva de cada partido de sus cuentas. A ello cabe sumar un anhelo tambi¨¦n masivo que expresa el 90% de la ciudadan¨ªa (y hasta un 92% de evaluadores tan cualificados en la cuesti¨®n como sin duda son los abogados en ejercicio): que en adelante, y a diferencia de lo que hasta ahora se considera que ha estado pasando, los Gobiernos ¡ªdel signo que sean¡ª dejen de mostrar m¨¢s inter¨¦s por controlar la justicia que por facilitar su mejor funcionamiento.

Jos¨¦ Juan Toharia es catedr¨¢tico de Sociolog¨ªa y presidente de Metroscopia. Todos los datos citados en este art¨ªculo proceden de sondeos de Metroscopia para EL PA?S.