Espa?a en el exterior
Las tensiones nacionalistas obligan a¨²n m¨¢s al gobierno a consensuar una ley necesaria
La democracia espa?ola carece de una ley que fije los objetivos y la estructura de su red en el exterior. Esta se rige por un reglamento de 1955 y los usos han impuesto un servicio exterior plagado de duplicidades y problemas de gesti¨®n que impiden al Gobierno de turno siquiera conocer el n¨²mero de funcionarios fuera de las fronteras, seg¨²n confiesa el ministro Jos¨¦ Manuel Garc¨ªa-Margallo. Por ello, el mero intento ¡ªuno m¨¢s¡ª de ordenar y racionalizar debe ser bien recibido.
Despu¨¦s de m¨¢s de 30 borradores, el proyecto gubernamental, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes, evidencia los enormes problemas que debe sortear y tambi¨¦n la arrogancia del Ejecutivo en esta cuesti¨®n, ya que ha abierto el periodo de consultas y a¨²n no ha tenido a bien contar con la oposici¨®n. La amenaza del PSOE de romper el consenso en pol¨ªtica exterior es un primer y grave traspi¨¦s. Ese consenso es ahora m¨¢s necesario que nunca, toda vez que ha generado un duro enfrentamiento con Catalu?a. El proyecto de Margallo de obligar a las comunidades aut¨®nomas a seguir las directrices del Gobierno central ¡ªque tiene las competencias en esta materia¡ª ha generado una enorme tensi¨®n con el Ejecutivo de Mas. Margallo ha optado por exigir informaci¨®n previa de los desplazamientos auton¨®micos al exterior con vistas a prestar su apoyo y coordinar acciones. La Generalitat se ha apresurado a tachar de ¡°nacionalismo rancio¡± esta injerencia que responde, sin embargo, a la necesidad de racionalizar la pol¨ªtica exterior y, de paso, el gasto p¨²blico. De ah¨ª que Andaluc¨ªa haya optado ya por integrar tres de sus oficinas comerciales en las embajadas en aplicaci¨®n de la misma l¨®gica que aconseja coordinarse a nivel nacional con la red del servicio exterior de la Uni¨®n Europea.
Las primeras propuestas del Gobierno han quedado, de momento, a medio camino. No se logra la total homologaci¨®n de los funcionarios de la legaci¨®n bajo el mando jer¨¢rquico y org¨¢nico del embajador, lo que restar¨¢ a este capacidad para coordinar adecuadamente el trabajo. Y se deja la puerta abierta, como excepci¨®n, al nombramiento de embajadores pol¨ªticos. En el lado positivo est¨¢ la creaci¨®n de un Consejo Ejecutivo de Pol¨ªtica Exterior que coordine y controle todo el aparato exterior y la posibilidad de obligar a los jefes de las legaciones a dar cuentas al Parlamento.
Esta ley deber¨ªa salir adelante y es esencial que lo haga por consenso. Pero no se puede confiar solo en ella para modernizar las a veces oxidadas estructuras diplom¨¢ticas. Es positivo que los diplom¨¢ticos y los t¨¦cnicos de la Administraci¨®n ocupen mayoritariamente los puestos en el exterior, siempre que ello no responda al mero corporativismo, sino a la necesidad de profesionalizar un servicio tan esencial de un Estado moderno. Que los Gobiernos inicien, por ejemplo, su andadura relevando embajadores es un uso contrario a lo que ahora se pretende.
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