La renuncia del fiscal

La renuncia del fiscal jefe de Catalu?a, Mart¨ªn Rodr¨ªguez Sol, aceptada por el fiscal general del Estado, resuelve una situaci¨®n conflictiva que nunca debi¨® producirse. Las opiniones en p¨²blico de Rodr¨ªguez Sol sobre las alternativas para que los catalanes se expresen, ¡°dentro de la legalidad¡±, fueron imprudentes e inoportunas. Imprudentes, porque opinar no forma parte de las atribuciones de los fiscales, sobre todo en una materia de alto voltaje pol¨ªtico, que enfrenta a instituciones y divide a partidos. E inoportunas, porque el opinante hablaba una vez conocida la decisi¨®n del Gobierno central de impugnar el reconocimiento de la soberan¨ªa jur¨ªdica y pol¨ªtica del pueblo catal¨¢n, declarada en enero por el Parlamento aut¨®nomo; y aunque Rodr¨ªguez Sol no se refiri¨® directamente a esa declaraci¨®n, el criterio del Gobierno sobre todo este asunto ya era evidente.

El principio rector del ministerio p¨²blico es la defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos; y la fiscal¨ªa de Catalu?a, como la de cualquier otra comunidad aut¨®noma, es una instituci¨®n del Estado y se atiene a la legalidad. Por eso chocan las opiniones sobre una hipot¨¦tica legalidad futura, que por cierto propugnan la Generalitat de Catalu?a y gran parte de los miembros del Parlamento catal¨¢n. No hac¨ªa falta que el fiscal jefe de Catalu?a tomase parte en el debate p¨²blico sobre el ¡°derecho a decidir¡±. Por respetable que sea el derecho a la libertad de expresi¨®n, les es exigible a los fiscales que se atengan a la defensa de la legalidad.

En cualquier caso, no conviene dejarse llevar por los nervios ante cualquier incidente suscitado por la din¨¢mica pol¨ªtica impulsada desde la Generalitat y sus aliados, que estos aprovechan al m¨¢ximo. Rodr¨ªguez Sol no es un independentista: lo ha aclarado con reiteraci¨®n y adem¨¢s ya tom¨® postura a?os atr¨¢s en contra del Estatuto de Catalu?a, porque le parec¨ªa que romp¨ªa la unidad del ministerio fiscal; en este ¨²ltimo caso, por cierto, nadie promovi¨® esc¨¢ndalo alguno. Es lamentable que un hombre de ese talante, expresidente de la conservadora Asociaci¨®n de Fiscales, se haya visto crucificado en la plaza p¨²blica como si hubiera defendido la secesi¨®n. Hay que mantener la cabeza fr¨ªa y no dejarse incendiar por unas opiniones, por inoportunas que sean.

Las sanciones a los fiscales han de atenerse a un motivo legal suficientemente contrastado. El fiscal jefe de una comunidad aut¨®noma no es un cargo que pueda ser removido o separado seg¨²n la libre voluntad de su superior jer¨¢rquico. Solo se le pod¨ªa sancionar en caso de haber cometido alguna de las faltas previstas en el Estatuto del Ministerio P¨²blico. La soluci¨®n de poner el cargo a disposici¨®n de su jefe, Eduardo Torres-Dulce, facilita la salida a una situaci¨®n que se hab¨ªa envenenado. El episodio muestra el peligro de que el proceso soberanista lleve a la histeria colectiva, y no a la defensa del Estado de derecho.