Cambio precipitado

?La pol¨ªtica social del Gobierno est¨¢ presionada en estos momentos por varios factores de muy dif¨ªcil conciliaci¨®n. Por una parte, la carga de los costes del desempleo es demasiado pesada para una Administraci¨®n obligada a practicar recortes del gasto cada vez m¨¢s dr¨¢sticos; por otra parte, el sistema de pensiones se debilita por momentos debido a la ca¨ªda de la afiliaci¨®n, el desbordamiento del paro y el aumento de las jubilaciones y prejubilaciones; y, por ¨²ltimo, el Ejecutivo camina sobre el alambre de la exigencia comunitaria de adelantar la fijaci¨®n de la edad de jubilaci¨®n en los 67 a?os desde el a?o 2027, prevista inicialmente, hasta alg¨²n ejercicio de esta misma d¨¦cada. El Gobierno no acepta la tesis comunitaria de adelantar el imperativo legal, pero, a cambio, se propone que la edad real de jubilaci¨®n de los trabajadores se retrase por la v¨ªa de los hechos y ese es el sentido del decreto ley anunciado ayer.

Entre otras cosas, la nueva norma favorece las regulaciones de empleo que incluyan pocos trabajadores mayores de 50 a?os, pero endurece las condiciones para las jubilaciones voluntaria, forzosa y parcial ¡ªel Gobierno exige m¨¢s a?os cotizados, edades m¨¢s avanzadas seg¨²n una aproximaci¨®n paulatina cada a?o a los 67 finales¡ª, permite la compatibilidad de la pensi¨®n con un trabajo por cuenta propia o ajena y recorta el subsidio de desempleo a los trabajadores mayores de 55 a?os en el caso de que la unidad familiar disponga de un determinado nivel de rentas. La finalidad de las medidas est¨¢ bien clara: por una parte, cumplen las exigencias comunitarias y fuerzan a los trabajadores a demorar las fechas de jubilaci¨®n; por otra, recortan las cargas p¨²blicas derivadas del enorme volumen de desempleo, cuyos costes, en contra de las previsiones oficiales, no dejan de crecer.

Ahora bien, las decisiones de ayer constituyen un movimiento precipitado sobre una decisi¨®n crucial, que es el c¨¢lculo del factor de sostenibilidad del sistema de pensiones, es decir, edad de jubilaci¨®n, a?os de cotizaci¨®n e importe de la pensi¨®n. Como ese factor no se conoce todav¨ªa (la ministra B¨¢?ez anunci¨® que ser¨¢ fijado por un comit¨¦ de expertos y se dar¨¢ a conocer durante este semestre) suceder¨¢ probablemente que la legislaci¨®n social entrar¨¢ en un periodo de confusi¨®n cuyo efecto probable es el aumento de la litigiosidad. Es decir, veneno para la estabilidad de las empresas.

Es muy dudoso que las disposiciones del Consejo mitiguen el problema de las pensiones. Se limitan a poner sobre el papel lo que los expertos y la propia Comisi¨®n Europea recomiendan, que es aplazar la edad de jubilaci¨®n. Pero como el Gobierno no quiere pagar el coste pol¨ªtico de la reforma en profundidad de las pensiones, en lugar de un cambio equilibrado est¨¢ trasladando a los trabajadores la decisi¨®n de aplazar su jubilaci¨®n y empujando a las empresas a un escenario de riesgo jur¨ªdico. Era m¨¢s sencillo, m¨¢s rentable para las arcas p¨²blicas y m¨¢s tranquilizador para todos imponer una edad de jubilaci¨®n a los 67 a?os en 2017 o 2018.