Polic¨ªa paralela

Espa?a no merece quedarse a merced de grupos que act¨²an como polic¨ªas privadas, al margen de los controles establecidos para las fuerzas y cuerpos de la seguridad p¨²blica. Los documentos difundidos ayer y hoy por este peri¨®dico indican que M¨¦todo 3, te¨®ricamente una agencia de detectives privados, se ha dedicado a las grabaciones ilegales, obtenci¨®n de registros de llamadas o seguimientos de cargos p¨²blicos, empresarios y periodistas durante a?os. El esc¨¢ndalo se agranda al saber que los contratantes eran partidos pol¨ªticos o empresas (una de ellas period¨ªstica) y que un mismo partido aparece a la vez como v¨ªctima y comprador de investigaciones sospechosas.

As¨ª, la presidenta del PP catal¨¢n, Alicia S¨¢nchez-Camacho, ha denunciado la grabaci¨®n de un almuerzo suyo con la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente de la Generalitat catalana; mientras el Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por su compa?era de partido Mar¨ªa Dolores de Cospedal, es supuesto cliente de M¨¦todo 3. Otros documentos prueban que un tel¨¦fono proporcionado por el PP a su extesorero, Luis B¨¢rcenas, tambi¨¦n fue espiado, se ignora exactamente por qui¨¦n.

Llueve sobre mojado. La Operaci¨®n Pitiusa ya descubri¨® una trama compuesta por 135 personas que mercadeaba con declaraciones de Hacienda, movimientos de cuentas, historiales m¨¦dicos (incluso de ni?os) y listados de llamadas telef¨®nicas. Una de las personas presuntamente implicadas en esa operaci¨®n trabaj¨® tambi¨¦n para M¨¦todo 3. Los nuevos datos conocidos confirman la amplitud de las redes dedicadas a la obtenci¨®n y explotaci¨®n de datos confidenciales, y las fuertes sospechas de irregularidades que pesan sobre los m¨¦todos utilizados.

El ministro del Interior, Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz, dice que se van a seguir m¨¢s de cerca las investigaciones realizadas por las agencias de detectives. Parece una precauci¨®n insuficiente. De poco sirve regular la actividad de los detectives, como ya lo hace la ley, si no se controlan sus procedimientos ni qui¨¦n encarga cada investigaci¨®n. Hay que limitar el campo de trabajo de estos profesionales y penalizar con mayor dureza la violaci¨®n del secreto de las comunicaciones, cuando se producen sin conocimiento del juez. Lo mismo que debe regularse la ¨®smosis entre polic¨ªas p¨²blicas y privadas, porque si se acepta el principio de que los cuerpos policiales (o las Fuerzas Armadas) sean viveros de agentes para la seguridad privada, el Estado ha de encuadrar cuidadosamente las condiciones en que puede darse ese trasvase.

Lo sabido hasta ahora es suficiente como para temer que se hayan cometido atentados contra las libertades y los derechos constitucionales, muy lucrativos para los que se encargan de ejecutarlos y destructores de la confianza ciudadana en las instituciones. ?Qu¨¦ democracia puede permitirse la actuaci¨®n impune de polic¨ªas paralelas?