El negocio de los ERE

El dinero p¨²blico destinado a los parados y a las empresas en crisis debe ser utilizado exactamente en esas finalidades. Parece una obviedad, pero la investigaci¨®n judicial sobre el caso de los ERE en Andaluc¨ªa deja cada vez m¨¢s claro el desahogo con que se usaron fondos p¨²blicos en la Consejer¨ªa de Empleo a lo largo de 10 a?os. Estos hechos amenazan la credibilidad pol¨ªtica en Andaluc¨ªa del PSOE, que lleva 30 a?os en el poder auton¨®mico.

En el caso de los ERE se investiga a intrusos (personas que cobraron prejubilaciones por empresas en las que nunca trabajaron), si bien el grueso de los fondos desviados lo fueron a intermediarios y comisionistas, que tuvieron la oportunidad de hacer negocio a base de interponerse entre el Gobierno andaluz y los destinatarios de los fondos para parados y prejubilados. Las minutas de los ¡°gastos externos¡± se pagaban porque la Junta los consideraba imprescindibles, aunque ahora los ha eliminado o reducido. La Guardia Civil estima en 50 millones de euros el monto del dinero desviado, pero es probable que la cantidad aumente a medida que avancen las pesquisas.

Es deseable que el empuj¨®n a la investigaci¨®n judicial sea decisivo para aclarar las responsabilidades penales, porque las indagaciones llevan abiertas dos a?os y medio. La reincorporaci¨®n de la juez Mercedes Alaya a su despacho, tras seis meses de baja, ha dado la se?al de la reactivaci¨®n de la causa, que acumula 82 imputados. Entre ellos el ex director general de Trabajo Javier Guerrero, presunto beneficiario de comisiones por las ayudas que ¨¦l mismo daba, que abandon¨® la c¨¢rcel hace cinco meses tras pagar una fianza y ha regresado a ella con una orden de prisi¨®n incondicional. Antonio Fern¨¢ndez, consejero de Empleo de 2004 a 2010, se encuentra en libertad bajo fianza mientras su antecesor, Jos¨¦ Antonio Viera, actual diputado del Congreso, no est¨¢ afectado a¨²n por la causa.

La magistrada tiene abierta otra v¨ªa para averiguar la raz¨®n de que el Gobierno aut¨®nomo hiciera o¨ªdos sordos a las advertencias de la Intervenci¨®n, que alertaba del irregular proceso administrativo, opaco y discrecional, empleado para repartir el dinero. Los autos de la juez aluden al titular de Econom¨ªa y Hacienda cuando la Intervenci¨®n elabor¨® los informes, que era Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, aunque no le menciona por su nombre. La mayor parte de la gesti¨®n cuestionada proviene de la etapa en que Manuel Chaves presid¨ªa la Junta.

El Gobierno andaluz est¨¢ personado en la causa y asegura que trabaja para recuperar el dinero sustra¨ªdo indebidamente del erario. En todo caso, resulta irritante que a estas alturas no se haya dado una explicaci¨®n completa y solvente que permita saber por qu¨¦ el descontrol permaneci¨® instalado una d¨¦cada en la Consejer¨ªa de Empleo, en la que se esquilm¨® el dinero p¨²blico, sin que ning¨²n responsable pol¨ªtico tomara decisiones a tiempo para atajar la carcoma.