Sin amparo

Poner fin al drama de los desahucios requerir¨¢ un esfuerzo y un coraje legislativo que el PP no parece dispuesto a asumir. Las enmiendas que ha presentado a la Iniciativa Legislativa Popular dejan claro que no admite la daci¨®n en pago y las mejoras que aporta en relaci¨®n a la actual normativa alivian el sufrimiento de una parte de los afectados, pero en absoluto resuelven el monumental problema que la legislaci¨®n vigente ha creado. Aunque propone mejoras en la actual normativa, como elevar el precio por el que el banco se puede adjudicar la vivienda del actual 60% del valor de tasaci¨®n al 75%, y elimina los abusivos intereses de demora, que han llegado a alcanzar porcentajes de hasta el 24%, el conjunto de las enmiendas est¨¢ lejos de satisfacer las demandas ciudadanas. Su redacci¨®n es, por otra parte, tan enrevesada, que hasta los juristas m¨¢s avezados en esta materia declaran tener dificultades para poder aquilatar su verdadero alcance.

Lo que s¨ª est¨¢ claro es que la propuesta del PP deja sin amparo a los afectados por las 198.000 ejecuciones hipotecarias que hay en curso, y sin soluci¨®n a las decenas de miles han sido ya objeto de lanzamiento en los cinco a?os que llevamos de crisis y han perdido sus casas, pero siguen teniendo una deuda en muchos casos insoportable con el banco. Si el PP hace valer el rodillo de su mayor¨ªa absoluta, esos desahuciados seguir¨¢n siendo v¨ªctimas de una legislaci¨®n que el Tribunal Europeo de Luxemburgo ya ha declarado injusta porque vulnera la legislaci¨®n sobre protecci¨®n de los consumidores. Esta ley establece que los deudores habr¨¢n de responder de la deuda pendiente con todos sus bienes presentes y futuros, lo que para muchos desahuciados supone una condena que en algunos casos habr¨¢n de arrostrar de por vida.

Hay que tener en cuenta que la deuda pendiente se compone del remanente de la hipoteca no cubierto con la vivienda ¡ªque el banco se ha adjudicado en el mejor de los casos por el 60% del valor de tasaci¨®n, calculado a precios de burbuja inmobiliaria¡ª, m¨¢s unos intereses de demora que pueden llegar a duplicar la cantidad final que queda por pagar. Ser¨ªa injusto que la reforma emprendida en el Parlamento solo tuviera efecto sobre los nuevos desahucios y dejara sin reparar el da?o de una legislaci¨®n tan desequilibrada.

El legislador debe terminar con estos atropellos y encontrar alguna f¨®rmula de retroactividad para los casos de insolvencia sobrevida no dolosa. No hay raz¨®n para no aplicar aqu¨ª la doctrina jur¨ªdica que permite dar a la normativa penal o laboral efectos retroactivos en beneficio del penado o del trabajador. Y mucho m¨¢s cuando la normativa que ha propiciado estas situaciones ha sido impugnada por el Tribunal Europeo. As¨ª lo reclaman las plataformas de afectados y as¨ª lo defienden los grupos de la oposici¨®n. El PP tiene que evaluar muy seriamente los costes sociales y pol¨ªticos de hacer valer su mayor¨ªa absoluta para imponer una reforma tramposa que en realidad no resuelve el problema.