Guerra en Pescanova

Desde que el 1 de marzo presentara su solicitud de preconcurso de acreedores, la situaci¨®n de la compa?¨ªa Pescanova, presidida por Manuel Fern¨¢ndez de Sousa, ha ido de mal en peor. La crisis de la empresa, con m¨¢s de 10.000 trabajadores, ha estallado por la presunci¨®n de que existe una doble contabilidad, que la deuda real es muy superior (el menos en unos 1.200 millones de euros) a la admitida oficialmente y que los responsables de Pescanova han ocultado a los accionistas y a los inversores informaci¨®n relevante sobre las cuentas, hasta el punto de que siguen sin formularse despu¨¦s de un consejo de casi 13 horas contraviniendo la orden expresa de la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV). A esta situaci¨®n ca¨®tica se ha sumado un factor de desorden m¨¢s: la compa?¨ªa ha despedido a su auditor, BDO, despu¨¦s de mutuos reproches, y parece dispuesta a contratar a un forensic auditor que examine los probables fraudes en la contabilidad.

Los hechos descritos son suficientes para concluir que la direcci¨®n de la multinacional, empezando por su presidente, deber¨ªa abandonar inmediatamente sus cargos, porque la presunta ocultaci¨®n de deuda y el incumplimiento de los compromisos con los inversores y con la CNMV son de su exclusiva responsabilidad. Los enfrentamientos en el consejo y el conflicto con el auditor refuerzan esta urgencia. Una nueva direcci¨®n debe negociar con los bancos el concurso de acreedores (ya solicitado) y cualquier demora en designar unos nuevos responsables solo reducir¨¢ las probabilidades de salvaci¨®n de la compa?¨ªa, suspendida en Bolsa para evitar el hundimiento total. Pocos precedentes hay de que una empresa sea incapaz de formular sus cuentas y tranquilizar as¨ª a sus acreedores e inversores. Es una anomal¨ªa que solo se explica por la resistencia del presidente a dejar el cargo, quiz¨¢ para protegerse de cualquier acci¨®n jur¨ªdica que los accionistas puedan tomar contra ¨¦l.

El caso de Pescanova ilustra adem¨¢s sobre las dificultades que tienen los accionistas de las empresas espa?olas para fiscalizar la acci¨®n de los ¨®rganos de direcci¨®n. Tampoco hay normas corporativas tajantes que puedan arbitrar los conflictos en el interior de los consejos y las funciones de las auditoras no son suficientes para garantizar la veracidad de las cuentas. El resultado es que el regulador financiero, la CNMV, es un espectador m¨¢s de la crisis.