Frenar el drama social

El Colegio de Registradores de la Propiedad ha fijado en algo m¨¢s de 30.000 el n¨²mero de primeras viviendas con el que la banca se qued¨® el a?o pasado por impago de cr¨¦ditos hipotecarios, lo cual provoc¨® la ejecuci¨®n de una media de 115 lanzamientos diarios. Los intentos legislativos de poner fin a este drama se alargan sin ¨¦xito, pero es imposible que un pa¨ªs civilizado no sea capaz de lograrlo. El Gobierno y las fuerzas parlamentarias tienen que pactar una soluci¨®n, teniendo en cuenta los intereses de las entidades financieras y del sector inmobiliario, pero tambi¨¦n la alarma de la sociedad civil.

La Junta de Andaluc¨ªa se ha adelantado a los titubeos del PP con un decreto-ley fundado en el principio de que la Constituci¨®n no tutela ¡°usos antisociales¡± del derecho a la propiedad privada. Puede ser m¨¢s o menos acertado jur¨ªdicamente, m¨¢s o menos dif¨ªcil de gestionar, m¨¢s o menos discutible el intervencionismo de los poderes p¨²blicos; pero lo cierto es que el mercado de la vivienda no est¨¢ resolviendo la emergencia social. Algunos descalifican el decreto como ¡°comunismo sovi¨¦tico¡±, pese a que no parece tal la potestad de expropiar por tres a?os el ¡°uso¡± de viviendas de personas jur¨ªdicas (bancos, inmobiliarias), cuando residan en ellas grupos ¡°en especiales circunstancias de emergencia social¡±. Afecta a familias en proceso de desahucio y que hayan sufrido un ¡°importante menoscabo¡± de sus ingresos, sobre todo aquellas que cuentan con ¡°menores de edad, mayores dependientes, personas con discapacidad, v¨ªctimas de violencia de g¨¦nero o personas desempleadas sin derecho a prestaci¨®n¡±.

Otra parte del decreto tiende a sancionar a los tenedores de viviendas desocupadas (de entidades, no de personas f¨ªsicas) para movilizar el mercado del alquiler. En ese punto, la Junta se arroga facultades de inspecci¨®n y penalizaci¨®n econ¨®mica que expertos del mercado inmobiliario consideran una presi¨®n para que bajen los precios de venta y los de alquiler. Es probable que las consecuencias de esas medidas resulten negativas para el negocio; pero no hay defensa posible si se pretende mantener inm¨®vil un parque considerable de viviendas vac¨ªas, mientras existe el riesgo de exclusi¨®n social de tantas familias.

A la iniciativa andaluza se le puede achacar m¨¢s efectismo pol¨ªtico que posibilidades verdaderas de aplicaci¨®n; pero al menos es una iniciativa. Desde el Gobierno se discute la competencia de una comunidad aut¨®noma para llevar a cabo ese programa, lo cual no hace sino estimular la necesidad de tratar el problema a escala de toda Espa?a. No cuando ya no haya remedio, sino ahora. Por ejemplo, el informe de los Registradores de la Propiedad revela que la daci¨®n en pago, supuestamente inaceptable para la banca, se admiti¨® en 11.441 de los 30.000 desahucios del a?o pasado. Si se quiere resolver un problema, se puede. La premisa indispensable es tener esa voluntad.