?Confiscaciones bolivarianas?

A los opinadores conservadores les falt¨® tiempo. Ni se molestaron en leer el decreto ley antidesahucios de la Junta de Andaluc¨ªa: un robo, una agresi¨®n confiscatoria, un expolio. Cospedal incluso fue m¨¢s lejos: una inseguridad jur¨ªdica que transmite se?ales equ¨ªvocas a los mercados internaciones. Poco import¨® que en Francia o el Reino Unido exista legislaci¨®n parecida o que las expropiaciones constituyan pr¨¢cticas comunes de los gobiernos, por ejemplo, cuando establecen un trazado ferroviario o una red de carreteras. De hecho, si hacemos caso a la vicepresidenta, un decreto ley aprobado por el gobierno meses atr¨¢s incorporaba medidas como las ahora descalificadas. Daba lo mismo, a biograf¨ªa rodada, no hab¨ªa modo de echar el freno. Aquello era chavismo puro. Un atentado a la propiedad privada.

Lo ¨²nico claro de la reacci¨®n era su tono fanatizado. La invocaci¨®n a los derechos de propiedad no se demoraba en argumentos. Y eso que no faltan. En particular, llamaba la atenci¨®n que despu¨¦s del empacho de Acemoglu y Robinson y sus ¨¦lites extractivas de los ¨²ltimos tiempos, nadie se acordara de su tesis central: la buena econom¨ªa requiere, adem¨¢s de un control democr¨¢tico de las ¨¦lites, pol¨ªticas y sociales, que impida la apropiaci¨®n de los recursos por unos pocos, y de una real igualdad de oportunidades, que permita el buen uso colectivo de los talentos de cada cual, de una estructura s¨®lida de derechos, entre ellos los de propiedad, que animen a participar en el quehacer productivo. El olvido conservador de las dos primeras condiciones se entiende. El de la tercera, no tanto.

O s¨ª. Porque el descuido no parece inocente. Y es que Acemoglu y Robinson no sacralizan los derechos de propiedad. Para ellos, la propiedad se justifica instrumentalmente, en tanto contribuye al bienestar social. Dicho de otro modo: el inter¨¦s colectivo resulta prioritario; lo dem¨¢s, es un simple procedimiento. Ni m¨¢s ni menos que lo que nos dice el art¨ªculo 33 de nuestra Constituci¨®n: la funci¨®n social de los derechos (de propiedad) delimitar¨¢ su contenido y la utilidad p¨²blica o el inter¨¦s social son motivos suficientes para limitarlos.

En el mercado solo se escuchan las voces respaldadas por el dinero

Los derechos de propiedad no est¨¢n escritos en las tablas de la ley. Lo de Mois¨¦s en el Sina¨ª era otra cosa. Tampoco nos sirve la imagen del solitario Robinson Crusoe que, en su isla, dispone a su gusto de lo que encuentra. Los derechos de propiedad no son anteriores a una estructura jur¨ªdica, a un dise?o institucional, dentro del cual cobran sentido. No soy propietario antes de ser ciudadano, miembro de una comunidad pol¨ªtica que delimita mis derechos, incluidos los de propiedad. El marco jur¨ªdico se?ala qu¨¦ formas de apropiaci¨®n y de intercambio son aceptables y cu¨¢les no. Puedo comprar los servicios de un mec¨¢nico pero no los de un juez. Me est¨¢ permitido vender una casa pero no un hijo. Tambi¨¦n acota lo que podemos hacer con nuestras cosas. Puedo utilizar mi coche para desplazarme pero no para atropellarte. En tus tierras podr¨¢s sembrar algunas cosas, pero no levantar un silo nuclear. La ley establece los l¨ªmites. Y quien dice la ley dice la comunidad democr¨¢tica.

Pero, ya puestos en fundamentos, hay algo m¨¢s. Los derechos de propiedad no son otra cosa que una estructura de autorizaciones y de prohibiciones. T¨² puedes entrar y salir de tu casa cuando quieras o decorarla seg¨²n tu gusto. A m¨ª no me est¨¢ permitido. Ser propietario de un bien supone asegurarse de que los dem¨¢s no pueden usarlo. Para disponer de tu casa deber¨ªa compr¨¢rtela. Con suficiente dinero, podr¨¦ modificar las prohibiciones que regulan mi vida. Si te compro la casa, ser¨¢s t¨² el que no puede ¡ªno ser¨¢s libre de¡ª disponer de ella. Por eso mismo, si recibes una asignaci¨®n de dinero podr¨ªan desaparecer algunas de las interferencias que regulan tu vida. El dinero oficia como pasaporte universal. Desde cierto punto de vista las transferencias de dinero ¡ªincluido ese dinero de todos que salva bancos¡ª equivalen a una modificaci¨®n de los derechos de propiedad o, por mejor decir, de su posibilidad. Una redistribuci¨®n de la renta reordena, m¨¢s temprano que tarde, la red de prohibiciones. En ese sentido, supone una nueva asignaci¨®n de libertad. La libertad, por as¨ª decir, se redistribuye. Unos la ampliar¨¢n y otros la disminuir¨¢n.

Situados en ese terreno, la perspectiva cambia. Si siempre hay interferencias, asociadas a los derechos de propiedad y a la posibilidad de modificarlos, la pregunta es qu¨¦ juego de autorizaciones y prohibiciones est¨¢ justificado y eso, por lo visto, no es independiente de la distribuci¨®n de ingresos. Y parece sensato pensar que a la hora de responder a esa pregunta algo tienen que decir los ciudadanos. Despu¨¦s de todo, cuando se han agotado todas las instancias, en los procesos constituyentes, la comunidad pol¨ªtica es la que decide los derechos a garantizar.

El problema, claro, es saber qu¨¦ le parece bien a los ciudadanos. El mercado, seg¨²n algunos, cumple esa funci¨®n. Las preferencias de las personas nos mostrar¨ªan lo que juzgan valioso y lo que no. Los ingresos de Bel¨¦n Esteban, Pilar Rahola, Cristiano o Messi no har¨ªan m¨¢s que reflejar, a trav¨¦s de las demandas de consumo, lo que la sociedad aprecia. Las audiencias televisivas de los programas, el n¨²mero de asistentes a los estadios oficiar¨ªan como indicadores de las querencias populares. Si los ingresos de estas personas son cien o mil veces superiores a los de un maestro o de una enfermera es porque la sociedad valora cien o mil veces m¨¢s sus talentos. Al menos, seg¨²n parece, est¨¢ dispuesta a pagar cien o mil veces m¨¢s. Se lo merecen.

Las valoraciones ciudadanas, traducidas en leyes, enmarcan el juego de lo debido

?Pero realmente la sociedad establece esas valoraciones? ?Son las preferencias de consumo las verdaderas valoraciones ciudadanas? Hay razones para pens¨¢rselo antes de contestar afirmativamente a esas preguntas. En el mercado no cuentan todas las voces e incluso, entre las que cuentan, no todas cuentan igual. Solo se escuchan las respaldadas por dinero y cuanto m¨¢s dinero, m¨¢s atruenan. Las necesidades de los pobres son af¨®nicas. Hay necesidades por atender y se atienden otras m¨¢s que discutibles. A cuenta de la medicina lo sintetiz¨® con eficacia Le Cl¨¦zio: ¡°En el mundo actual, se est¨¢ invirtiendo cinco veces m¨¢s en medicamentos para la virilidad masculina y siliconas para mujeres, que en la cura del Alzheimer. De aqu¨ª a algunos a?os, tendremos viejas de tetas grandes y viejos con pene duro, pero ninguno de ellos se acordar¨¢ para que sirven¡±.

La otra v¨ªa para medir las valoraciones ciudadanas es la democracia. En esta, al menos a la hora de votar, la voz de todos los ciudadanos cuenta por igual. Y adem¨¢s, las preferencias p¨²blicas, tienen cierto plus de justicia, de imparcialidad que no acostumbra a acompa?ar a las preferencias de consumo. Los mismos ciudadanos americanos que consum¨ªan obsesivamente las noticias del l¨ªo entre la becar¨ªa y Clinton se mostraban partidarios de limitar la informaci¨®n sobre el asunto Lewinsky. En un caso se dejaban guiar por lo que les interesaba, en el otro por lo que les parec¨ªa correcto. Mal que bien, nuestras preferencias pol¨ªticas, por p¨²blicas, indican alguna cosa sobre las ideas de justicia de una sociedad, sobre lo que deben tributar Cristiano y los dem¨¢s. Las leyes son un eco, siquiera amortiguado, de esas ideas.

Las valoraciones ciudadanas, traducidas en leyes, enmarcan el juego de lo debido, de lo que es un robo y lo que no. Las leyes y su cumplimiento, eso es lo importante para la seguridad jur¨ªdica. Tambi¨¦n para los mercados. Ni la inseguridad jur¨ªdica se socava con las expropiaciones, si se realizan de acuerdo con la ley, ni la propiedad privada es, sin m¨¢s, garant¨ªa de seguridad jur¨ªdica. La inseguridad aparece cuando hay cambios arbitrarios en las reglas del juego, aunque sea para que se levante Eurovegas. Lo que inquieta, a los mercados y a la tropa, es no saber a qu¨¦ atenerse. De eso saben bastante los trabajadores a los que cambian las condiciones laborales acordadas, los funcionarios a quienes quitan las pagas o los ciudadanos que ven c¨®mo se desmontan los estados del bienestar que dec¨ªan defender los partidos que votaron.

F¨¦lix Ovejero es profesor de la Universidad de Barcelona. Acaba de publicar ?Idiotas o ciudadanos? El 15-M y la teor¨ªa de la democracia (Montesinos).