Arbitraje de emergencia

El Gobierno y el Fondo de Reestructuraci¨®n Ordenada Bancaria (FROB) han optado por articular un procedimiento de arbitraje para solucionar, sin llevar los juzgados al colapso, las reclamaciones de los titulares de preferentes que se consideran enga?ados por las entidades financieras en la colocaci¨®n de productos muy complejos como si fueran dep¨®sitos sin riesgo y con total liquidez. El arbitraje pretende atender r¨¢pidamente las reclamaciones de los afectados, a trav¨¦s de un tr¨¢mite que incluye una reclamaci¨®n ante la entidad del tenedor de los t¨ªtulos, la revisi¨®n del caso por un experto y la remisi¨®n, si as¨ª lo aconseja, de la reclamaci¨®n a la Direcci¨®n General de Consumo, ¨®rgano decisor final sobre la cuant¨ªa de la restituci¨®n.

Como procedimiento de urgencia, el arbitraje est¨¢ bien pensado. La experiencia demostrar¨¢ si es un tr¨¢mite r¨¢pido, como se pretende. De entrada, se quiere enfriar un polvor¨ªn pol¨ªtico que afecta a m¨¢s de 400.000 clientes, con implicaciones sociales graves, sobre todo por la coincidencia con los desahucios de viviendas. Es una decisi¨®n correcta que tengan prioridad las cantidades inferiores a los 10.000 euros; es acertado que, una vez conocida la recomendaci¨®n del experto de la entidad bancaria, el tenedor de los t¨ªtulos pueda acudir a la v¨ªa judicial si no se considera justamente tratado; y es aceptable que, en todo caso, el titular a quien se reconozca su derecho a percibir la cantidad invertida pierda la diferencia de rentabilidad (no hay quita de capital) entre la remuneraci¨®n pagada hasta el momento a cada preferente y la remuneraci¨®n de un dep¨®sito.

Pero hay riesgos evidentes de conflicto judicial masivo. Por una parte, porque la inversi¨®n se devuelve en forma de acciones que en el mercado tienen un valor pr¨®ximo a cero. La p¨¦rdida de una gran parte del capital invertido es muy probable entre quienes no puedan demostrar ante el experto que hubo mala fe en las entidades que les vendieron los t¨ªtulos y, por tanto, no lleguen al arbitraje de Consumo. Acudir¨¢n probablemente a los tribunales no solo para demostrar que fueron enga?ados por la oficina financiera, sino tambi¨¦n para denunciar que han recibido un trato discriminatorio en el proceso arbitral.

En todo caso, el riesgo de fondo para el Gobierno y el Banco de Espa?a es que los tribunales acepten las conclusiones de la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre la deplorable comercializaci¨®n de las preferentes. Entiende la CNMV que la colocaci¨®n de los t¨ªtulos estaba viciada de inicio por un fraude b¨¢sico: no exist¨ªa un mercado que regulase su precio, de forma que cuando un cliente vend¨ªa sus t¨ªtulos a trav¨¦s de la entidad financiera, esta los colocaba al nominal inicial, sin tener en cuenta la depreciaci¨®n del valor. El nuevo comprador siempre resultaba perjudicado. Si los tribunales aceptan la tesis de la Comisi¨®n, el esfuerzo de poner en pie un arbitraje convincente no servir¨¢ de nada.