Rescatando ciudadanos

Se multiplican las iniciativas para intentar cortar la hemorragia social de los desahucios de primeras viviendas. Al decreto andaluz de expropiaci¨®n temporal de casas vac¨ªas (en propiedad de bancos e inmobiliarias) para ofrecerlas en alquiler barato se han sumado diversas propuestas en l¨ªnea similar por parte de los gobiernos aut¨®nomos de Catalu?a y Canarias. Mientras el primero busca, con su tasa a los pisos desocupados, una recaudaci¨®n p¨²blica que, indirectamente, estimule el mercado del alquiler, el segundo es casi un calco del decreto andaluz que el Ejecutivo de Paulino Rivero califica de ¡°solvente constitucionalmente¡± y capaz de dar respuesta al problema. No pocas voces, sin embargo, auguran al decreto andaluz una complicada aplicaci¨®n.

No son las ¨²nicas iniciativas. El Consejo General del Poder Judicial ha firmado acuerdos con los Ejecutivos de Galicia y Valencia, y Madrid ha puesto en manos de C¨¢ritas sus pisos de alquiler barato. Sin embargo, las de Catalu?a y Canarias son, junto a la andaluza, las propuestas que m¨¢s r¨¢pida y abiertamente pretenden superar los limitados efectos que, seg¨²n los expertos, tendr¨¢ la ley antidesahucios que defiende el PP en solitario.

El Gobierno rechaz¨® la propuesta andaluza. La consejera popular valenciana, Isabel Bonig, ha llegado a aconsejar que ¡°ilustres socialistas y comunistas¡± pongan sus propiedades a disposici¨®n de los afectados. Pero la realidad es que incluso los antiguos socios pol¨ªticos del PP, bien en Catalu?a, bien en Canarias, se est¨¢n desmarcando ahora por la v¨ªa de los hechos. Que tales iniciativas se lancen en paralelo mientras se tramita el proyecto de ley en el Parlamento y que contin¨²e la movilizaci¨®n social contra los desahucios evidencia las pocas expectativas que despierta dicho proyecto.

El proyecto del Gobierno mejora la situaci¨®n actual, pero es insuficiente para poner coto a las desproporcionadas consecuencias que supone el impago de buena fe de una hipoteca que, seg¨²n los criterios legales a¨²n vigentes, impone cl¨¢usulas abusivas con escaso parang¨®n en el resto de Europa. Permitir intereses de demora de hasta el 12%, como se?ala el proyecto, recorta estos a la mitad en algunos casos, pero sigue siendo excesivo. Poder lanzar un desalojo tras solo tres impagos de la cuota hipotecaria no es razonable, como no lo es cerrarse siempre a la daci¨®n en pago, que en ciertas circunstancias los propios bancos est¨¢n aceptando.

La UE ha elaborado ya un primer borrador de directiva con est¨¢ndares m¨ªnimos para evitar cl¨¢usulas abusivas en todas las hipotecas europeas. Es un primer paso que tardar¨¢ a?os en sustanciarse. La sociedad espa?ola no puede esperar tanto. Ni el Gobierno deber¨ªa dejar pasar m¨¢s tiempo sin dotar de mayor ambici¨®n a su proyecto. Cada d¨ªa que pasa, un centenar de familias se ven privadas de su vivienda. Ninguna propuesta, proceda de Sevilla o de Barcelona, deber¨ªa ser desechada sin discusi¨®n y valoraci¨®n.