Un retroceso intolerable

Nadie en el Gobierno ni en el partido que le sustenta ha explicado con argumentos s¨®lidos la necesidad de cambiar la ley de plazos sobre el aborto. Porque no los hay. La norma, en vigor desde julio de 2010, reconoci¨® el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su maternidad dentro de un l¨ªmite general que permite interrumpir el embarazo durante las primeras 14 semanas de gestaci¨®n. Se trata de una ley que se ajusta a los est¨¢ndares legales de los pa¨ªses de nuestro entorno, que se aplica sin problemas sociales, que no ha disparado el n¨²mero de abortos ¡ªen contra de lo que algunos auguraron¡ª y que goza del apoyo de la mayor¨ªa de espa?oles, seg¨²n las encuestas de opini¨®n. Pocas dudas caben, pues, de que la reforma que promueve el partido conservador responde a razones m¨¢s inconfesables que las esgrimidas y avanza con firmeza impulsada por el chantaje a que, en este asunto, somete al Ejecutivo y al PP la c¨²pula de la Iglesia cat¨®lica con el cardenal Rouco Varela a la cabeza.

La reforma que ahora se plantea, cuyos perfiles resulta dif¨ªcil conocer con precisi¨®n por las confusas y contradictorias explicaciones que han ofrecido hasta ahora sus promotores, amenaza a los espa?oles con una norma incluso m¨¢s restrictiva que la Ley de 1985. Se trata de una decisi¨®n que no responde en ning¨²n caso a una demanda social y que no dispone de ning¨²n tipo de soporte jur¨ªdico. El Tribunal Constitucional dictamin¨® sobre la antigua normativa y esta se adapt¨® a su criterio antes de entrar en vigor. A¨²n no se ha pronunciado sobre la ahora vigente, por lo que las pomposas disquisiciones sobre derechos o protecciones jur¨ªdicas de mujeres y no nacidos no tienen m¨¢s fundamento que el retorcimiento de la realidad o la indisimulada voluntad de contentar a los obispos y al sector cat¨®lico m¨¢s ultra del partido en el poder.

Aunque afirmen que la reforma responde a exigencias de cambio en la norma por parte de los ciudadanos, el Gobierno y el PP saben perfectamente que, en este asunto, est¨¢n mintiendo. El partido conservador gan¨® las elecciones con un mandato claro: sacar a Espa?a de la crisis, reducir el desempleo y acabar con el desgobierno econ¨®mico del Gobierno socialista; no fueron elegidos, y lo saben perfectamente, para modificar leyes que solo molestan a la minor¨ªa de integristas entre sus filas (muy influyentes, por lo que se ve) y a la jerarqu¨ªa de la Iglesia cat¨®lica (incluso aquellos que se declaran creyentes mantienen posiciones mucho m¨¢s moderadas); leyes (aborto, matrimonio gay) que la mayor¨ªa de espa?oles afirma que se corresponden con el pa¨ªs que desean iniciado el siglo XXI. Para acallar las protestas de esa minor¨ªa, la reforma, si finalmente se produce, resultar¨¢ en una evidente involuci¨®n que generar¨¢ una situaci¨®n de injusticia y desprotecci¨®n.

Los estudios de la Organizaci¨®n Mundial de la Salud demuestran que las leyes m¨¢s restrictivas no reducen el n¨²mero de abortos y, sin embargo, elevan los riesgos para las mujeres al aumentar las intervenciones clandestinas con escaso control sanitario. Tales leyes condenan a una maternidad no deseada a las mujeres con menos recursos, permitiendo a las dem¨¢s sortearlas viajando a otros pa¨ªses.

La reforma que se plantea, aun sin concretar, supone un grave retroceso. Ignora los dict¨¢menes cient¨ªficos sobre el embri¨®n temprano ¡ªinviable de manera independiente¡ª, rechaza una ley vigente que es m¨¢s garantista con el feto y aporta mayor seguridad jur¨ªdica que la de 1985, y supone un ataque a la autonom¨ªa de las mujeres y a la capacidad de decisi¨®n sobre su cuerpo. La posibilidad de que la norma suprima o limite severamente el supuesto de malformaciones graves supone una aberraci¨®n moral, denunciada de forma incansable por m¨¦dicos cuyas vidas profesionales han sido entregadas a los cuidados de estas enfermedades, y un retroceso inaceptable en una democracia avanzada como pretende ser Espa?a.

Conviene recordar que la actual ley del aborto protege la libertad de las mujeres, pero no obliga a nadie a interrumpir un embarazo. Alegar que responde tambi¨¦n a la necesidad de reforzar el derecho a la maternidad supone un sarcasmo que insulta a la inteligencia. Igualmente insultantes resultan las justificaciones de la reforma alegando que se busca defender a las mujeres de la ¡°violencia estructural¡± de la sociedad que, seg¨²n estos criterios oscurantistas, las presiona hasta conducirlas al quir¨®fano para poner t¨¦rmino a su embarazo. Violencia estructural es la que se producir¨¢ de nuevo si este pa¨ªs vuelve a una regulaci¨®n del aborto que obligue a las mujeres a pr¨¢cticas propias de la espesa atm¨®sfera del franquismo y que los legisladores quisieron y pudieron resolver en la temprana hora de la democracia en Espa?a.