Declaraci¨®n suspendida
La decisi¨®n del Constitucional sale al paso de la pol¨ªtica de hechos consumados del soberanismo
La admisi¨®n a tr¨¢mite de la impugnaci¨®n del Gobierno y la consiguiente suspensi¨®n de la declaraci¨®n soberanista aprobada por el Parlamento catal¨¢n el pasado 23 de enero ha vuelto a situar en el marco del Tribunal Constitucional la tensi¨®n entre el soberanismo y el Gobierno central. El Ejecutivo decidi¨® impugnar la declaraci¨®n en febrero, despu¨¦s de que el Consejo de Estado dictaminara, con dos votos discrepantes, que la afirmaci¨®n de que Catalu?a es ¡°sujeto jur¨ªdico y pol¨ªtico soberano¡± vulnera la Constituci¨®n. Es la primera vez que el alto tribunal deja en suspenso un acuerdo de esta trascendencia procedente de una C¨¢mara auton¨®mica.
Adem¨¢s de las interpretaciones jur¨ªdicas sobre la naturaleza de la declaraci¨®n y su impugnabilidad, resulta preocupante que el ¨®rdago lanzado por el catalanismo al Gobierno de Espa?a dificulte el marco de di¨¢logo y entendimiento necesario para abordar el problema, tanto entre Barcelona y Madrid como en la propia Catalu?a. Por lo pronto, el Parlamento catal¨¢n, despu¨¦s de conocer la decisi¨®n del Constitucional, no modific¨® el orden del d¨ªa previsto y aprob¨® ayer la creaci¨®n de una comisi¨®n sobre la consulta de autodeterminaci¨®n por 106 votos a favor (CiU, ERC, PSC, ICV y CUP) y nueve en contra, de Ciutadans, porque los 19 diputados del PP se ausentaron al considerar la votaci¨®n un ¡°desacato¡± y juzgarla ilegal. El portavoz del PSC, por su parte, pidi¨® a CiU y ERC que no se salgan del marco de la legalidad.
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El conflicto tiene implicaciones jur¨ªdicas y, sin duda, pol¨ªticas. Negar tanto las primeras como las segundas llevar¨ªa a su enconamiento. La decisi¨®n del Tribunal Constitucional, que en otro contexto tendr¨ªa que ser vista como algo normal, no deber¨ªa servir para alimentar de nuevo, como ya ocurri¨® con la sentencia del Estatut, el sentimiento de agravio que tan h¨¢bilmente explotan los partidos soberanistas. Esta dial¨¦ctica reforzar¨ªa la idea de que no hay espacio para la negociaci¨®n. Y lo peor que puede ocurrir es que crezca, desde cualquier posici¨®n, la peligrosa convicci¨®n de que no hay transacci¨®n posible, de que solo la pr¨¢ctica del hecho consumado y la ausencia de respuestas pol¨ªticas y de negociaci¨®n son las ¨²nicas salidas posibles. Hay que recordar que, ante las tentaciones de v¨ªas unilaterales, debe imperar el respeto a la legalidad.
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