Cuelgamuros ofende la memoria

Las leyes est¨¢n para cumplirlas. Esta es una consecuencia del Estado de derecho, del que un d¨ªa s¨ª y otro tambi¨¦n tantos actores pol¨ªticos se llenan la boca, para acto seguido vaciarlo de contenido a las primeras de cambio. Hace unos d¨ªas, este diario informaba de la publicaci¨®n en el BOE de un anuncio de licitaci¨®n p¨²blica por un importe de 286.485 euros para la restauraci¨®n de la portada de la bas¨ªlica del llamado Valle de los Ca¨ªdos, donde se encuentran ¨Cespecificaba¡ª las esculturas de la Piedad, los Evangelistas y las Virtudes. Y resulta ser que una ley vigente, la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y ampl¨ªan derechos y se establecen medios a favor de quienes padecieron persecuci¨®n o violencia durante la guerra civil y la dictadura, es decir, la Ley de Memoria Hist¨®rica, en su art¨ªculo 16.2 establece respecto del citado Valle que: ¡°En ning¨²n lugar del recinto podr¨¢n llevarse a cabo actos de naturaleza pol¨ªtica ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo¡±.

Sin embargo, all¨ª siguen enterrados un dictador de infausta memoria para la libertad y los derechos humanos de este pa¨ªs y el l¨ªder del fascismo espa?ol. Su mera permanencia todav¨ªa en ese establecimiento p¨²blico constituye una exaltaci¨®n de dichos sujetos, a la vez que una ofensa para la democracia y para tantos hijos y nietos de republicanos, que fueron enterrados en el mausoleo sin su consentimiento despu¨¦s de ser fusilados por un r¨¦gimen liberticida.

La Ley de Memoria establece en su art¨ªculo 11 que ¡°1. Las Administraciones p¨²blicas, en el marco de sus competencias, facilitar¨¢n a los descendientes directos de las v¨ªctimas que as¨ª lo soliciten las actividades de indagaci¨®n, localizaci¨®n e identificaci¨®n de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la represi¨®n pol¨ªtica posterior y cuyo paradero se ignore¡±. Pero la realidad es muy otra. Numerosas entidades de recuperaci¨®n de la memoria democr¨¢tica, as¨ª como particulares afectados por la desaparici¨®n de familiares, siguen en la b¨²squeda de sus restos para darles digna sepultura, sin que encuentren en las Administraciones p¨²blicas el apoyo necesario para llevarlo a cabo. En este contexto, cabe plantearse si destinar por el Gobierno la cantidad de la licitaci¨®n p¨²blica aparecida en el BOE para restaurar unas esculturas religiosas es m¨¢s importante que ayudar a ciudadanos que reclaman, tras muchas d¨¦cadas del fin de la guerra y de la dictadura, la localizaci¨®n de los restos de sus familiares. Muchos de ellos asesinados por un r¨¦gimen que se instaur¨® y se desarroll¨® bajo la violencia institucional de quienes lo representaban.

La reconciliaci¨®n jam¨¢s puede fundarse en la condecoraci¨®n y el reconocimiento de quien se alz¨® contra un r¨¦gimen democr¨¢tico

Cabe preguntarse tambi¨¦n qu¨¦ justifica que los dos s¨¢trapas y s¨ªmbolos de la dictadura sigan enterrados en un lugar que, por otra parte, es objeto de visitas tur¨ªsticas. La Ley 52/2007 supuso un muy tard¨ªo esfuerzo para establecer desde el poder p¨²blico una modesta pol¨ªtica de memoria democr¨¢tica, a fin de dignificar y reparar a trav¨¦s del recuerdo el conocimiento hist¨®rico de la lucha por la libertad en Espa?a; una ley que respond¨ªa a la l¨ªnea seguida por los pa¨ªses democr¨¢ticos, en los que resultar¨ªa impensable encontrar un mausoleo p¨²blico que mantuviese enterrados los restos de l¨ªderes del nacional-socialismo hitleriano o del fascismo italiano. Como igual de impensable resultar¨ªa ver condecorados a los excombatientes de las camisas pardas o negras en un acto p¨²blico presidido por altos cargos de la Administraci¨®n, como incomprensiblemente aqu¨ª ha ocurrido en m¨¢s de una ocasi¨®n. La reconciliaci¨®n jam¨¢s puede fundarse en la condecoraci¨®n y el reconocimiento de quien se alz¨® contra un r¨¦gimen democr¨¢tico, como era el de la II Rep¨²blica. ?Qu¨¦ pol¨ªtica de memoria es esa?

El espantajo de la cruz en lo que fue el destacamento penal de Cuelgamuros se proyecta como s¨ªmbolo del nacional-catolicismo sobre un establecimiento religioso construido con la mano de obra de presos pol¨ªticos republicanos, y como un acto m¨¢s de venganza de un r¨¦gimen ominoso. Lo cuenta con precisi¨®n Nicol¨¢s S¨¢nchez Albornoz, que siendo muy joven fue all¨ª a parar como opositor al franquismo. A m¨¢s de tres d¨¦cadas de la reinstauraci¨®n de la democracia por la Constituci¨®n de 1978, el mantenimiento en los actuales t¨¦rminos del complejo de Cuelgamuros es inaceptable.

Por ello, si un Estado de derecho que se precie de serlo hace del cumplimiento de la ley una de sus se?as de identidad, habr¨ªa que recordar lo que establece la disposici¨®n adicional sexta de la Ley de la Memoria: ¡°La fundaci¨®n gestora del Valle de los Ca¨ªdos incluir¨¢ entre sus objetivos honrar y rehabilitar la memoria de todas las personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil de 1936-1939 y de la represi¨®n pol¨ªtica que la sigui¨® con objeto de profundizar en el conocimiento de este per¨ªodo hist¨®rico y de los valores constitucionales. Asimismo, fomentar¨¢ las aspiraciones de reconciliaci¨®n y convivencia que hay en nuestra sociedad¡±.

Que Cuelgamuros se rija estrictamente por las normas aplicables con car¨¢cter general a los lugares de culto ¡ªotra concesi¨®n de privilegio para la Iglesia cat¨®lica¡ª y a los cementerios p¨²blicos, no deber¨ªa servir para incumplir la ley y, por supuesto, para deshonrar la memoria de las v¨ªctimas del franquismo.

Marc Carrillo es catedr¨¢tico de Derecho Constitucional en la Universidad Pompeu Fabra.