Pensiones pactadas

La reforma del sistema de pensiones se debatir¨¢ en torno a las conclusiones del documento elaborado por una comisi¨®n de 12 expertos cuyas l¨ªneas fundamentales se conocen ya. El cambio que propondr¨¢ el Gobierno en el Pacto de Toledo implica una p¨¦rdida del poder adquisitivo de las pensiones que se producir¨¢ a trav¨¦s de tres cambios decisivos: desvincular su cuant¨ªa del IPC y ligarlas a la salud de las cuentas del sistema; vincular la cuant¨ªa de la pensi¨®n a la esperanza de vida del nuevo pensionista (despu¨¦s de la jubilaci¨®n, se entiende); y abrir la posibilidad de que dichas condiciones sean aplicadas a los pensionistas actuales, no solo a los que se jubilen despu¨¦s de que se apruebe la nueva norma. Con estas l¨ªneas estrat¨¦gicas, los pensionistas perder¨ªan como m¨ªnimo un 6% de poder adquisitivo.

El recorte de las pensiones tiene fundamentos actuariales y demogr¨¢ficos muy claros. Existe un amplio consenso en que el crecimiento demogr¨¢fico a medio y largo plazo predice un aumento del n¨²mero de pensionistas, crecientemente m¨¢s longevos, que no puede ser financiado seg¨²n los par¨¢metros actuales; y, adem¨¢s, el descenso del n¨²mero de cotizantes y de la relaci¨®n de jubilados sobre activos presiona inmediatamente la sostenibilidad del sistema. El hundimiento del empleo acelera el d¨¦ficit, hasta el punto de que ya es necesario recurrir al Fondo de Reserva para pagar las mensualidades.

Las objeciones a una reforma restrictiva suelen basarse en un crecimiento futuro de la productividad (discutible, pero en todo caso insuficiente seg¨²n las proyecciones actuariales) o, en algunos casos, la exigencia de que se aumenten las cotizaciones, pero lo cierto es que tal decisi¨®n penalizar¨ªa la creaci¨®n de empleo.

Es de justicia observar que el debate sobre los l¨ªmites y naturaleza de esta reforma no se ha conducido con la transparencia y universalidad debida. Ante un cambio de esta envergadura, hubiera sido conveniente proponer un Libro Blanco que recogiera la opini¨®n de las instituciones p¨²blicas y privadas y actuar en consecuencia, en lugar de encargar un informe a una comisi¨®n cuya selecci¨®n es discutible y, en todo caso, ofrece opiniones restringidas. Por tanto, la contrapartida a esta deficiente se?al de arranque debe ser la negociaci¨®n de un pacto; no deber¨ªa aprobarse el cambio sin un apoyo pol¨ªtico mayoritario y, desde luego, sin la aquiescencia de los agentes sociales.