El mejor camino

La decisi¨®n del juez Fernando Andreu de admitir a tr¨¢mite, como pieza separada de la causa sobre Bankia, la querella de UPyD para investigar a fondo el dise?o, implantaci¨®n, emisi¨®n, comercializaci¨®n y gesti¨®n de las preferentes constituye un paso jur¨ªdico decisivo en el intento de dar respuesta justa a un esc¨¢ndalo financiero de gran envergadura en el que est¨¢n implicadas varias entidades financieras, en especial Caja Madrid, su prolongaci¨®n Bankia y Bancaja. Era conveniente poner en marcha un arbitraje para recuperar todo o parte de los capitales invertidos por m¨¢s de 300.000 inversores en funci¨®n del grado de enga?o sufrido que pueda demostrar y esto ya se hizo. Pero era imprescindible asegurar que se investigar¨ªan posibles delitos en la venta de estos productos financieros endemoniados, vendidos a peque?os accionistas como si fueran simples dep¨®sitos, para garantizar que tales delitos no quedar¨ªan impunes. Y esta es la garant¨ªa que acaba de ofrecer el juez Andreu.

Es probable, como sostiene la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, que el tr¨¢mite judicial m¨¢s r¨¢pido sea la acci¨®n civil; pero advierte el juez con buen criterio que adem¨¢s hay que evitar la impunidad. No bastan acuerdos judiciales, pagos y arbitrajes para compensar la angustia de miles de familias que han visto mermados o casi perdidos sus ahorros debido a la acci¨®n punible de entidades financieras que mintieron sobre la naturaleza de los productos que ofrec¨ªan. Cerrar correctamente el caso de las preferentes obliga a sustanciar las responsabilidades penales en las que hayan podido incurrir los gestores de las cajas. No hab¨ªa otro camino, ni judicial ni pol¨ªtico.

As¨ª pues, el auto es una buena oportunidad para aplicar justicia en este esc¨¢ndalo. El cuadro de los presuntos delitos que investigar¨¢ el juez da cuenta cumplida de la gravedad del caso: estafa, apropiaci¨®n indebida, publicidad enga?osa, administraci¨®n fraudulenta o desleal y maquinaci¨®n para alterar los precios: los indicios que aparecen en el auto de forma suficientemente clara como para respaldar la querella y la investigaci¨®n.

Ahora bien, un proceso penal como el que ahora se abre es costoso en t¨¦rminos de tiempo y paciencia. La justicia puede alegar garantismo pero no celeridad. Se adivina una investigaci¨®n larga y conflictiva. El juez ha descartado llamar al exgobernador del Banco de Espa?a, Miguel ?ngel Fern¨¢ndez Ord¨®?ez, y al expresidente de la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura. Pero es evidente que, adem¨¢s de determinar si la conducta de las cajas implicadas estuvo orientada a enga?ar a los inversores, el proceso tiene que decidir si la conducta de ambas instituciones fue la correcta, en funci¨®n de sus atribuciones, o si no se publicitaron bastante las advertencias sobre el car¨¢cter complejo de las preferentes y su inadecuaci¨®n para peque?as inversiones muy conservadoras. No basta con aplicar la ley; a veces, y este puede ser el caso, es necesario intervenir con el fin de que no se produzcan da?os irreparables.