El c¨®mo y cu¨¢ndo de la reforma de las pensiones

En el Comit¨¦ de Expertos he actuado por m¨ª mismo, sin representar a nadie, aunque fui propuesto a iniciativa del PSOE. Tambi¨¦n es bueno que los ciudadanos sepan que nuestro trabajo en la Comisi¨®n ha sido totalmente altruista.

El mandato legal al Comit¨¦ se circunscribi¨® a la elaboraci¨®n de un ¡°informe¡± sobre el factor de sostenibilidad. Hubiera sido deseable efectuar un an¨¢lisis de la situaci¨®n del Sistema de Seguridad Social donde se integrasen las posibles alternativas que determinen el equilibrio presupuestario. Este planteamiento tiene como dificultad insalvable el escaso tiempo concedido.

El inconveniente de acometer solo la fijaci¨®n de los factores de sostenibilidad es que actuar¨¢n, si se me permite el s¨ªmil, como las guindas del pastel. El problema es que el pastel (el sistema) no ha sido perfeccionado previamente, est¨¢ deformado, es incompleto y tiene una ordenaci¨®n jur¨ªdica arcaica y ca¨®tica.

Afirmar que el sistema de pensiones tiene problemas no es nuevo. Los ha tenido y los tendr¨¢. Las crisis econ¨®micas y sus efectos han sido un permanente ¡°compa?ero de viaje¡±. Ahora damos especial relevancia a otros factores. El envejecimiento de la poblaci¨®n espa?ola que se incrementar¨¢ con la llegada a la edad de jubilaci¨®n del baby boom. Igualmente, el incremento constante de la esperanza de vida supondr¨¢ una extensi¨®n del tiempo cobrando la pensi¨®n. Es necesario actuar. El interrogante es cu¨¢ndo y c¨®mo.

Los tiempos m¨¢s duros de la crisis, con destrucci¨®n de tejido productivo y de empleo sin precedentes, reducciones salariales, congelaci¨®n de las pensiones, etc¨¦tera, no son los m¨¢s adecuados para afrontar reformas superpuestas, o reducciones de las pensiones sobre pensiones ya reducidas.

Seguramente es necesario un gran acuerdo pol¨ªtico-social que comprometa el porcentaje de la riqueza nacional que estamos dispuestos a dedicar a la protecci¨®n social

El sistema de protecci¨®n social est¨¢ demostrando que constituye un factor social de primer orden para atemperar los grav¨ªsimos efectos de la crisis, donde cada parcela de protecci¨®n est¨¢ cumpliendo su funci¨®n social. En tiempos de crisis nuestro sistema demuestra una capacidad de adaptaci¨®n que no tiene parang¨®n respecto a otros sistemas.

Adem¨¢s de la crisis, el actual no es momento de reforma, estamos inmersos en la aplicaci¨®n de la Ley 27/2011 que provocar¨¢ una disminuci¨®n de las pensiones futuras. El n¨²cleo duro de esta reforma est¨¢ en la elevaci¨®n de la edad de jubilaci¨®n. En este orden, ?es realista afirmar que nos jubilaremos a los 67 a?os? La respuesta es negativa. Es sobradamente conocido que la inmensa mayor¨ªa de los trabajadores son expulsados del mercado laboral a edades tempranas. El resultado es que el conjunto de trabajadores (salvo colectivos privilegiados) expulsados del mercado laboral a una edad temprana tendr¨¢n que acudir a f¨®rmulas de jubilaci¨®n anticipada, de lo que deriva una importante reducci¨®n de las pensiones, que se podr¨¢ acumular a la ya reducida por el impacto de los nuevos t¨¦rminos de c¨¢lculo.

El gasto social en relaci¨®n con el PIB en Espa?a, a la cola de los pa¨ªses de la UE, pone de manifiesto que nos queda un recorrido razonable para situarnos en la media de la UE. Gasto que se acelerar¨¢ sustancialmente en 2050- 2060. No obstante, no parece razonable que hoy, en el peor escenario de la crisis econ¨®mica, hagamos dogma de fe de las previsiones de 2060 para afrontar reformas que contribuir¨¢n a dificultar sustancialmente el crecimiento, la creaci¨®n de empleo y la salida de la crisis. No hay que olvidar que contamos con un Fondo de Reserva para equilibrar en el corto plazo los efectos negativos del ciclo y que las cohortes del baby boom anuncian su llegada en un plazo (2022-2042) que nos permite actuar alejados de la urgencia.

Seguramente es necesario un gran acuerdo pol¨ªtico-social que comprometa el porcentaje de la riqueza nacional que estamos dispuestos a dedicar a la protecci¨®n social, as¨ª como la procedencia de los ingresos que tendr¨¢n que ser compartidos, entre las cotizaciones sociales y las transferencias de Estado, procedentes del sistema fiscal. El sistema democr¨¢tico ¡ªlos ciudadanos¡ª ser¨¢ el que avale las distintas alternativas. Con el mandato al Comit¨¦, hemos empezado la casa por el tejado.

La actuaci¨®n m¨¢s razonable, prudente y acorde con el marco legal, consistir¨ªa en una reducci¨®n de los plazos previstos en la ley, y de esta forma adelantar la revisi¨®n de los par¨¢metros vinculados a la esperanza de vida. El resultado precipitar¨ªa el ahorro del 3% del PIB asociado a la Ley 27/2011, utilizando complementariamente el Fondo de Reserva.

De igual forma, debemos ser prudentes para evitar que una generaci¨®n tenga que soportar ¡°todos los impactos¡±.

Finalmente, el factor intergeneracional deber¨ªa ser aplicado a todo el sistema de pensiones.

El modus operandi planteado nos proporcionar¨ªa el tiempo necesario para reordenar y modernizar el sistema, construyendo el marco adecuado sobre el que aplicar el factor de sostenibilidad. Igualmente nos permitir¨ªa actuar sobre el mercado laboral. Espacio este de vital importancia, ya que la poblaci¨®n activa constituye el elemento de garant¨ªa del sistema de reparto.

Como puede apreciarse las asignaturas pendientes son muchas y de gran envergadura. Acometerlas es cuesti¨®n de voluntad y compromiso pol¨ªtico.

Jos¨¦ Luis Tortuero Plaza es catedr¨¢tico de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UCM y miembro del Comit¨¦ de Expertos.