Es hora de actuar

Ha vuelto a suceder. Una violaci¨®n m¨¢s del derecho b¨¢sico a la privacidad. Otro esc¨¢ndalo p¨²blico. Otro golpe a la confianza de los ciudadanos en la seguridad de sus datos personales. Y tambi¨¦n una prueba m¨¢s de que necesitamos un cambio fundamental si deseamos que los ciudadanos dejen de preocuparse ante la posibilidad de ser vigilados cada vez que visitan un sitio web o escriben un mensaje electr¨®nico.

El sistema PRISM permite a las agencias de seguridad nacional de Estados Unidos acceder a los datos personales de los ciudadanos de la UE. Si bien el alcance del programa est¨¢ a¨²n por determinar, lo que no deja lugar a duda es la grave situaci¨®n de desventaja en la que sit¨²a a los ciudadanos de la UE en comparaci¨®n con los de EE UU. Mediante PRISM, las autoridades de seguridad nacional de Estados Unidos pueden vigilar a los ciudadanos de la UE de una forma que probablemente ser¨ªa inconstitucional si los vigilados fueran los nacionales de EE UU. Adem¨¢s, los ciudadanos de la UE ni siquiera tienen la posibilidad de dirigirse a los tribunales norteamericanos para interponer un recurso u obtener una reparaci¨®n.

Los europeos otorgan
un enorme valor a su privacidad y exigen normas que contribuyan a impedir la violaci¨®n
de sus derechos

Nos hallamos ante una advertencia, un aviso para todos los que han estado bloqueando la reforma de las normas de protecci¨®n de datos propuesta por la Comisi¨®n Europea, pasando por alto la gran preocupaci¨®n que todo ataque al derecho a la privacidad suscita entre los consumidores. Una amplia mayor¨ªa de los ciudadanos sospecha desde hace mucho tiempo que los datos que les conciernen y se hallan en poder de las empresas pueden ser utilizados (incluso con fines il¨ªcitos) a sus espaldas. Esta p¨¦rdida de confianza es extraordinariamente da?ina, pues adem¨¢s de minar la confianza de los ciudadanos en el Estado de derecho, menoscaba el crecimiento econ¨®mico, ya que amplios sectores de nuestra econom¨ªa dependen de que los ciudadanos faciliten sus datos a las empresas. Quienes hacen o¨ªdos sordos a las inquietudes de los ciudadanos est¨¢n arriesgando mucho m¨¢s de lo que probablemente imaginan.

La Comisi¨®n Europea ha hecho frente a esa inquietud. Europa es uno de los pocos lugares del mundo que cuentan ya con firmes normas de protecci¨®n de datos a las que se a?ade ahora una nueva propuesta de reforma dirigida a reforzar esas normas y a introducir reglas inequ¨ªvocas para la circulaci¨®n de la informaci¨®n fuera de Europa. La aplicaci¨®n de esta reforma es nuestra ¨²nica v¨ªa para recuperar la confianza de los ciudadanos en el tratamiento de sus datos personales. Es preciso otorgar a las personas un mayor control sobre sus datos, un mayor ¡°derecho al olvido¡± y el derecho a la ¡°portabilidad¡± de sus datos. Deben saber que su silencio no equivale a su consentimiento para el tratamiento de sus datos. Deben tener la garant¨ªa de que, cuando se haya violado su privacidad, no van a ser los ¨²ltimos en enterarse a trav¨¦s de filtraciones en los medios de comunicaci¨®n.

El esc¨¢ndalo PRISM ha causado tanto revuelo en Europa porque ha tocado un nervio sensible. Los europeos otorgan un enorme valor a su privacidad y exigen normas que contribuyan a impedir la violaci¨®n de sus derechos tanto por las empresas como por las autoridades con funciones coercitivas, en Europa y fuera de ella. Los instrumentos que nos permitir¨¢n hacer frente a estas situaciones est¨¢n a nuestro alcance, en la propuesta de la Comisi¨®n. Es hora ya de que los Gobiernos y los miembros del Parlamento Europeo demuestren su compromiso con la protecci¨®n de los datos de los ciudadanos. Es hora de que empiecen a colaborar con la Comisi¨®n de forma serena y constructiva para asegurar la r¨¢pida adopci¨®n de las propuestas.

La reforma que propone la Comisi¨®n ayudar¨¢
a ganar la confianza
de los ciudadanos

El proyecto legislativo de la UE se compone de cuatro elementos esenciales para un sistema riguroso de protecci¨®n de datos; todos y cada uno de esos elementos deben mantenerse. El primero consiste en una clara disposici¨®n acerca del ¨¢mbito de aplicaci¨®n territorial de las normas: debe quedar absolutamente claro que las empresas no europeas han de acatar plenamente las normas de protecci¨®n de datos de la UE en su oferta y venta de productos y servicios a consumidores en la UE. En otras palabras: quienes deseen jugar en nuestro campo deben seguir nuestras reglas. En segundo lugar, necesitamos una definici¨®n amplia de ¡°datos personales¡± que no solo incluya el contenido de los mensajes electr¨®nicos y las llamadas telef¨®nicas, por ejemplo, sino tambi¨¦n los elementos relacionados con el tr¨¢fico, como la informaci¨®n sobre el origen y el destino de los datos o la duraci¨®n de las comunicaciones telef¨®nicas.

En tercer lugar, no debemos limitar nuestras normas a las empresas que recogen datos de los ciudadanos, sino incluir a aquellas que procesan esa informaci¨®n, como los proveedores de servicios en la nube, porque ¡ªcomo bien ha puesto de manifiesto el esc¨¢ndalo PRISM¡ª tambi¨¦n ofrecen una v¨ªa de acceso a los datos para quienes los buscan. La UE debe establecer normas claras sobre las obligaciones y la responsabilidad de esos operadores.

Por ¨²ltimo, debemos dotarnos de salvaguardas contra toda transferencia internacional de datos sin limitaciones. Es preciso implantar normas que aseguren que los datos de los ciudadanos de la UE solo se transfieran a autoridades con funciones coercitivas en situaciones claramente definidas, excepcionales y sujetas a supervisi¨®n judicial.

El esc¨¢ndalo PRISM ha encendido un debate sobre las libertades civiles, en general, y sobre la privacidad, en particular. Los pol¨ªticos de Europa y del mundo entero deben demostrar que han escuchado a los ciudadanos; la confianza se gana, no se regala. Y la reforma de las normas de protecci¨®n de datos de la UE es el instrumento adecuado para ganar la confianza de los ciudadanos. Es un logro a nuestro alcance, pero para ello es preciso dejar de aplazar las decisiones. Ha llegado la hora de actuar.

Viviane Reding es comisaria de Justicia y vicepresidenta de la UE.