Iniciativa mejorable

Por fin, el Gobierno aprob¨® ayer el proyecto de ley de unidad de mercado, que amenaza con convertirse en otro frente de conflicto con la legalidad auton¨®mica. Es una evidencia que un Gobierno debe garantizar la unidad de mercado en el ¨¢rea que gobierna; que las normas auton¨®micas no pueden ni deben superponerse unas a otras y todas ellas a las del Estado cuando se trata de producir bienes o servicios; y que la fronda legislativa tiene costes elevados para las empresas que pod¨ªan ahorrarse con simplicidad administrativa y normativa com¨²n. La iniciativa de ordenar el mercado es correcta y debi¨® plantearse antes.

El problema es que la decisi¨®n concreta del proyecto resulta alicorta, est¨¢ mal fundamentada y su gesti¨®n pol¨ªtica deja que desear. Est¨¢ bien, por supuesto, establecer el principio de licencia ¨²nica para los profesionales, de forma que fontaneros o electricistas no tengan que pasar por tr¨¢mites burocr¨¢ticos a?adidos cuando quieren ejercer en Salamanca en lugar de Zaragoza, o que ciertas normas t¨¦cnicas de productos de gran consumo sean de validez nacional. Pero el proyecto deber¨ªa ir m¨¢s lejos: unificar horarios comerciales (en la medida de lo posible) o universalizar los requisitos para implantar centros comerciales y servicios: ataca la racionalidad econ¨®mica el hecho de que para abrir un centro comercial o una gasolinera las exigencias var¨ªen bruscamente seg¨²n las autoridades auton¨®micas implicadas.

Efectivamente, existe el riesgo de invadir competencias auton¨®micas. Y para evitarlo, el proyecto tendr¨ªa que haberse discutido antes con ellas, para acordar, si fuera necesario, un marco general para productos y servicios b¨¢sicos. La oposici¨®n de Euskadi, Catalu?a, Andaluc¨ªa y Canarias debi¨® haberse previsto y minimizado con negociaci¨®n y persuasi¨®n. En resumen, la idea es buena; el fundamento te¨®rico, evidente; pero presenta dificultades de encaje con las autonom¨ªas que no se han sabido resolver. La soluci¨®n dr¨¢stica (que la Comisi¨®n Nacional de Competencia suspenda la norma auton¨®mica en caso de confrontaci¨®n) agrava el riesgo de litigiosidad.

Asegura el Gobierno que de la aplicaci¨®n del proyecto se derivar¨¢ un beneficio para la econom¨ªa espa?ola equivalente al 1,5% del PIB, unos 15.000 millones, pero no hay una memoria econ¨®mica que lo fundamente o demuestre. De nuevo un cambio normativo de importancia se defiende con evaluaciones econ¨®micas indemostrables.