Veinte medidas contra la corrupci¨®n

El amplio y variado n¨²mero de casos de presunta corrupci¨®n que est¨¢n saliendo a la luz p¨²blica hace necesaria y urgente la adopci¨®n de medidas para atajar el problema.

De cara a aportar posibles soluciones, se han celebrado recientemente tres seminarios-debates contra la corrupci¨®n, organizados por Transparencia Internacional Espa?a, y en los que han participado un total de 18 ponentes pertenecientes al ¨¢mbito de la magistratura, fiscal¨ªa, cuerpos de seguridad, universidades, instituciones anticorrupci¨®n, etc¨¦tera. De las casi 50 conclusiones que han surgido, nos hemos permitido seleccionar y sintetizar las 20 medidas que se recogen a continuaci¨®n (agrupadas en tres ¨¢reas):

Transparencia econ¨®mica y financiera de los partidos pol¨ªticos. Los partidos pol¨ªticos deber¨ªan situarse a la vanguardia y ser ejemplares en cuanto a transparencia econ¨®mica, financiera y contable, entre otras cosas porque los recursos de los que disponen son aportados por los ciudadanos. Para ello se deber¨ªan adoptar las siguientes medidas:

1) Publicaci¨®n en Internet de las cuentas anuales detalladas de los partidos pol¨ªticos y entidades a ellos vinculadas, con el debido desglose org¨¢nico y geogr¨¢fico de sus gastos e ingresos, as¨ª como de sus bienes patrimoniales.

2) Publicaci¨®n en Internet por el Tribunal de Cuentas de su informe de auditor¨ªa anual de los partidos pol¨ªticos (en el plazo m¨¢ximo de un a?o desde el cierre de cada ejercicio contable).

3) Publicidad obligatoria de los pr¨¦stamos otorgados a los partidos, as¨ª como la prohibici¨®n de su condonaci¨®n por las entidades financieras.

4) Prohibici¨®n de las donaciones a los partidos, o sus fundaciones, procedentes de las empresas sometidas a licencias, regulaci¨®n o subvenciones p¨²blicas.

5) Prohibir a las fundaciones de los partidos recibir ayudas o donaciones de aquellas personas jur¨ªdicas que no pueden donar a los partidos pol¨ªticos.

6) Tipificar jur¨ªdicamente el delito de financiaci¨®n ilegal de los partidos.

7) Establecer un procedimiento normalizado de auditor¨ªa interna en los partidos.

8) Obligatoriedad de hacer p¨²blica la situaci¨®n de quiebra econ¨®mica que en su caso puedan tener algunos partidos.

Transparencia y democracia electoral. Es necesario que los procesos electorales sean m¨¢s transparentes y participativos; en este sentido se proponen los siguientes cambios legales e institucionales:

9) Modificar la legislaci¨®n y el sistema electoral, estableciendo listas desbloqueadas o abiertas, en las que se pueda tachar o excluir a algunos de los candidatos.

10) No admitir la inclusi¨®n de procesados o investigados por corrupci¨®n en las listas electorales, o en todo caso establecer la obligaci¨®n de hacer p¨²blica esta circunstancia al publicar las listas.

11) Publicar obligatoriamente el curr¨ªculum o datos biogr¨¢ficos de todos los candidatos.

12) Controlar estrictamente el cumplimiento de los l¨ªmites en los gastos electorales y sancionar (no se ha hecho hasta ahora) el incumplimiento de dichos l¨ªmites por parte de los partidos.

13) Pasar el control de los gastos electorales del Tribunal de Cuentas a la Junta Electoral Central.

Marco jur¨ªdico e institucional para prevenir la corrupci¨®n. Hay otros cambios necesarios en el marco legal e institucional para prevenir y/o combatir de forma efectiva la corrupci¨®n. A tal efecto se proponen las siguientes medidas:

14) Cualquier condena por delitos asociados a la corrupci¨®n debe llevar aparejada la inhabilitaci¨®n efectiva para el ejercicio de cargos p¨²blicos.

15) Establecer un tope o l¨ªmite m¨¢ximo de mandatos en los cargos pol¨ªticos (evitando que la pol¨ªtica sea un modus vivendi).

16) Necesidad de una ley de protecci¨®n jur¨ªdica a todos aquellos ciudadanos denunciantes de posibles casos de corrupci¨®n.

17) Modificaci¨®n de la Ley Org¨¢nica del Tribunal de Cuentas, para: a) Despolitizar en lo posible el tribunal, designando sus consejeros en lugar de por acuerdo de los partidos pol¨ªticos, por criterios t¨¦cnicos, y de m¨¦rito y capacidad. b) Reducir el n¨²mero de consejeros del tribunal (a tres o m¨¢ximo, a cinco).

18) Reforma de la elecci¨®n del Consejo General del Poder Judicial y del nombramiento de jueces de los puestos superiores, estableciendo l¨ªmites a su designaci¨®n por los partidos pol¨ªticos.

19) Cambiar la legislaci¨®n para limitar los privilegios jur¨ªdicos y judiciales de los aforados, para los que puede llegar a haber un cierto espacio de impunidad, existiendo normalmente grandes trabas para las actuaciones de los jueces en estos supuestos.

20) Limitar la concesi¨®n de indultos por los Gobiernos, excluyendo en todo caso los delitos por corrupci¨®n.

Entendemos que si se fuesen adoptando las anteriores medidas (que ser¨¢n contrastadas p¨²blicamente), se podr¨ªa avanzar de forma sustantiva en la lucha contra la corrupci¨®n, la clase pol¨ªtica podr¨ªa llegar a ser a medio plazo m¨¢s apreciada y confiable para los ciudadanos y estos podr¨ªan llegar a estar m¨¢s informados y ejercer sus derechos de una forma clara y acorde con las necesidades de una sociedad moderna y un pa¨ªs democr¨¢tico y avanzado como el nuestro.

Jes¨²s Lizcano ?lvarez es presidente de Transparencia Internacional Espa?a y catedr¨¢tico de la Universidad Aut¨®noma de Madrid.