La costa salvaje

?El Ministerio de Turismo anunci¨® hace poco un r¨¦cord de visitantes en el mes de agosto. Las previsiones son halag¨¹e?as y podemos registrar cifras de ingresos que nos ayuden a equilibrar nuestra econom¨ªa. A?o tras a?o la industria tur¨ªstica espa?ola se sit¨²a en cabeza de los sectores que contribuyen con un mayor porcentaje a la conformaci¨®n del producto interior bruto (PIB). Se calcula en un 11%. Presentar estos resultados en tiempos de crisis es positivo, pero hay que reconocer que existen factores que nuestro mercado no puede controlar que podr¨ªan disminuir la afluencia de turistas, sobre todo en la ¨¦poca veraniega. Si el Magreb se asienta, Turqu¨ªa recupera su estabilidad y Croacia sabe explotar su condici¨®n de nuevo socio de la Uni¨®n Europea es previsible una tendencia a la baja y, en todo caso, una mayor competencia.

Desde que en los a?os sesenta comenzamos a explotar el litoral, nadie se ocup¨® de planificar arm¨®nicamente el desarrollo. Cuando nos integramos en Europa, instrumentos como La Carta del Litoral de 1981 de la Comunidad Econ¨®mica Europea nos deber¨ªan haber servido de pauta para un desarrollo racional de la costa. Hasta el a?o 1988 no se regulan jur¨ªdicamente las costas. La ley avisaba de los riesgos y peligros y se?alaba el camino de la regulaci¨®n. Pero la realidad iba por otro lado. La mezcla explosiva de las leyes del suelo, la urbanizaci¨®n salvaje y el incumplimiento de la Ley de Costas nos llevaron a excesos intolerables, insistentemente recriminados por las instituciones europeas de las que ya form¨¢bamos parte.

La Ley 2/2013 de 29 mayo, titulada de Protecci¨®n y Uso Sostenible del Litoral, modifica la Ley de Costas 22/1988 del 28 julio. Su Pre¨¢mbulo, con notable desenvoltura, tergiversa un informe del Parlamento Europeo de 26 de marzo de 2009. Seg¨²n los redactores de la ley y el ministro que la firma, las instituciones europeas han instado a las autoridades espa?olas la revisi¨®n urgente y, en su caso, la modificaci¨®n de la Ley de Costas a fin de proteger los derechos de los leg¨ªtimos propietarios de viviendas y de aquellos que poseen peque?as parcelas en zonas de costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero. Los parlamentarios europeos se habr¨¢n quedado at¨®nitos al comprobar la osad¨ªa de un Gobierno que no duda en desnaturalizar su informe ocultando las dur¨ªsimas cr¨ªticas que formula, aprovech¨¢ndolo para legislar en un sentido diametralmente opuesto. Se ocultan las denuncias de las agresiones al medio ambiente y la vulneraci¨®n de las reglas en materia de contrataci¨®n p¨²blica. El informe del Parlamento Europeo termina advirtiendo de la existencia de corrupci¨®n generalizada y sugiere la supresi¨®n o reducci¨®n de las ayudas comunitarias hasta que no se solucione el problema.

El legislador espa?ol desprecia las amonestaciones y se cubre con el manto, siempre efectista, de garantizar ¡°una mayor seguridad jur¨ªdica¡±. En definitiva, lo que hace es proteger el desorden, la arbitrariedad y la agresi¨®n al medio ambiente. La realidad es m¨¢s cruda, el objetivo es blindar el bot¨ªn de la corrupci¨®n escud¨¢ndose en la incertidumbre legal de unos pocos.

El legislador espa?ol desprecia las amonestaciones del Parlamento europeo

Las situaciones irregulares y al margen de la ley se consolidan, prorrog¨¢ndolas hasta un plazo m¨¢ximo de 75 a?os. Algunas tendr¨¢n la cobertura del Registro de la Propiedad e incluso se reforzar¨¢n al integrarse, con todas las bendiciones legales, en el sistema catastral. Los planes urban¨ªsticos que afecten a las costas se legalizan si la Administraci¨®n central nos los paraliza en un plazo de tres meses. El espacio p¨²blico mar¨ªtimo-terrestre se reduce y las zonas colindantes ceden su protecci¨®n prioritaria al arbitrio de la pr¨®rroga discrecional de su ocupaci¨®n ilegal. Para recuperar estos espacios habr¨¢ que pagar importantes sumas de dinero.

Todo esto y muchos m¨¢s desastres se estaban cometiendo al margen de la ley. La nueva Ley de Costas supone, sin paliativos, la legalizaci¨®n de los atropellos y delitos que se hab¨ªan venido cometiendo. Ante la previsible inactividad de las Administraciones p¨²blicas nos queda a los ciudadanos la acci¨®n p¨²blica. Si alguien toma la iniciativa de ejercitarla, las tasas judiciales, los costes profesionales y la tradicional actitud dilatoria de la Administraci¨®n, agotando al m¨¢ximo los recursos procesales, son elementos eficazmente disuasorios. Todo est¨¢ calculado.

El turismo es nuestra primera industria y por tanto una fuente indispensable de ingresos para nuestra econom¨ªa y para nuestro futuro. Pienso que todav¨ªa hay tiempo para recuperar, renovar y reconvertir el sector, demoliendo gran parte de lo que ilegalmente se ha construido. Podemos controlar los excesos presentes y futuros pero no est¨¢ en nuestras manos dominar el cambio clim¨¢tico y sus efectos sobre el nivel del mar y las temperaturas. Es necesario invertir urgentemente en infraestructuras de saneamiento y abastecimiento energ¨¦tico. La temporada tur¨ªstica comienza a decrecer. Nos queda el potencial de las islas y las costas de Levante. Pero no todo puede ser sol y playa.

El dominio p¨²blico mar¨ªtimo-terrestre est¨¢ protegido por la Constituci¨®n. Varias organizaciones ecologistas han apoyado el recurso de inconstitucionalidad presentado recientemente por el partido socialista. La respuesta del Tribunal Constitucional no puede demorarse ilimitadamente. Ser¨ªa una irresponsabilidad que afectar¨ªa negativamente a nuestra primera industria.

Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Pall¨ªn es abogado, magistrado em¨¦rito del Tribunal Supremo y comisionado de la Comisi¨®n Internacional de Juristas (Ginebra).