Una mala idea

Por qu¨¦ las instituciones del Estado no deben favorecer la delaci¨®n? Porque excita los bajos instintos de los denunciantes, que tienden a confundir sus inquinas con indicios de delito; porque el recurso al chivatazo delata, valga la redundancia, la debilidad de los organismos que se sirven de ¨¦l como recurso y el fracaso de los m¨¦todos ortodoxos para perseguir el delito y el fraude; porque sustituye la informaci¨®n por el rumor e incentiva la maledicencia; y porque, en fin, tiene un coste de gesti¨®n absurdamente elevado para separar el grano de la paja, como bien saben los polic¨ªas de los pa¨ªses democr¨¢ticos. Pocos fen¨®menos provocan tan r¨¢pidamente el caos en forma de toneladas de informaci¨®n in¨²til como el anuncio de una recompensa o la apertura de la veda a la informaci¨®n an¨®nima. Aunque todo esto se sabe y se dispone de c¨¢lculos exactos con la despreciable rentabilidad de las pol¨ªticas de delaci¨®n, los Gobiernos siguen recurriendo a ellas. El Ministerio de Trabajo invita, m¨¢s bien incita, a los ciudadanos a que denuncien sin empacho alguno los casos que conozcan de trabajo sin contrato, fraude laboral o cobros indebidos del seguro de desempleo. Dice el ministerio que este es el complemento (es decir, la guinda, lo que dice mucho sobre la calidad del pastel) al plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.

Al confite se lo han puesto f¨¢cil. La ministra B¨¢?ez y su equipo han habilitado un formulario en la web que puede rellenar impunemente de forma an¨®nima. No es necesario aportar datos personales ni (?faltar¨ªa m¨¢s!) pruebas. El pretexto, de elevado contenido ret¨®rico, es que ¡°el Estado e bienestar y las conquistas sociales alcanzadas, est¨¢n en peligro¡±. Pues que sepa la ministra que los chivatazos no van a salvar ni el bienestar ni las conquistas.

Se dir¨¢, con raz¨®n, que los ciudadanos tienen derecho a denunciar los fraudes, sean fiscales, sociales o societarios. Tienen derecho ¡ªincluso obligaci¨®n¡ª de hacerlo con sus nombres, apellidos y DNI. Pero no de forma an¨®nima, entre penumbra, como en los expedientes inquisitoriales. La irresponsabilidad y su corolario de sanciones err¨®neas, molestias a inocentes o malos entendidos innecesarios, es el mal colof¨®n de esta mala idea.