Catalu?a, democracia o populismo

Hace ya diez a?os, el entonces ministro de relaciones intergubernamentales de Canad¨¢, el quebequ¨¦s St¨¦phane Dion, nos pon¨ªa sobre aviso de que ¡°la din¨¢mica secesionista es dif¨ªcilmente conciliable con la democracia¡±. Sosten¨ªa, adem¨¢s, que en un Estado donde se ejercen y respetan los derechos y las libertades ¡°no hay argumento moral posible que justifique convertir a nuestros conciudadanos en extranjeros¡± (El Pa¨ªs, 06/07/2003). Pues bien, ambas afirmaciones son trasladables hoy a Catalu?a donde el proceso secesionista, se muestra poco respetuoso con la pluralidad de la sociedad catalana y lanza promesas socioecon¨®micas claramente populistas. El soberanismo no desea que se produzca un debate racional, sosegado, sobre sus tra¨ªdos argumentos. Sabe que no existe un fundamento claro que justifique la secesi¨®n, y por eso exige la celebraci¨®n de una consulta en el a?o taumat¨²rgico del 2014. Que cerca del abismo, Artur Mas haya rebajado ahora la tensi¨®n y frustrado las expectativas de no pocos independestistas, aunque est¨¦ por ver exactamente con qu¨¦ objetivo, y c¨®mo eso puede variar el apoyo que le presta Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), no deber¨ªa hacernos olvidar cu¨¢l es la naturaleza de los argumentos que nos han llevado hasta aqui.

Seg¨²n el polit¨®logo Allen Buchanan, en el pr¨®logo a la edici¨®n castellana de su obra ya cl¨¢sica, Secesi¨®n. Causas y consecuencias del divorcio pol¨ªtico (2013), existen cuatro tipos de injusticias que dan origen al derecho de secesi¨®n. Considera que, en el caso catal¨¢n, resulta del todo imposible arg¨¹ir las dos primeras: el argumento de una anexi¨®n territorial de Espa?a sobre Catalu?a en el pasado y la violaci¨®n actual de derechos y libertades b¨¢sicas. Afirmar lo contrario supondr¨ªa considerar que Catalu?a es una colonia espa?ola, extremo que nadie sensato en el mundo aceptar¨ªa. Sin embargo, fij¨¦monos c¨®mo el soberanismo se esfuerza a diario en construir un imaginario que va justamente en esa direcci¨®n aprovechando cualquier efem¨¦ride. Intenta convertir, como ya se ha criticado sobradamente, el conflicto internacional sobre la sucesi¨®n a la corona espa?ola de principios del siglo XVIII en una guerra de secesi¨®n, cuyo traum¨¢tico final, con la imposici¨®n del Decreto de Nueva Planta, constituir¨ªa la prueba de ese sometimiento colonial. Y pretende convencer a la sociedad catalana de que la relaci¨®n con Espa?a es una historia continuada de represi¨®n y maltrato hasta el d¨ªa de hoy.

Pero este es solamente el tel¨®n de fondo sobre el que se desarrollan otros dos argumentos que, si fueran ciertos, bien podr¨ªan justificar, volviendo a Buchanan, la secesi¨®n: una redistribuci¨®n discriminatoria de recursos continuada y grave, y la vulneraci¨®n por parte del Estado de las obligaciones del r¨¦gimen auton¨®mico o la negativa continuada a negociar una forma de autonom¨ªa adecuada.

El soberanismo tiene prisa porque no desea un debate racional y sosegado

En efecto, ambos argumentos son utilizados profusamente por los soberanistas en su intento de elevar las disfunciones, deslealtades o desajustes del modelo auton¨®mico a la categor¨ªa de delitos de lesa humanidad. La legitimidad moral de la separaci¨®n recae as¨ª en un doble relato: el expolio econ¨®mico que sufre Catalu?a desde tiempo inmemorial, aunque solo ahora parece perceptible a rebufo de la crisis general, y la grav¨ªsima afrenta pol¨ªtica que, insisten, signific¨® la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto. Todo ello les lleva a argumentar que la ruptura con Espa?a es ya ¡°irreversible¡±, pues, del otro lado, ¡°no llega ninguna alternativa, ni que sea modesta¡±, insist¨ªa Jordi Pujol este verano, ninguneando del todo la v¨ªa federal propuesta por el PSOE, y que la propia CiU, cabe imaginar que en un gesto disidente del democristiano Josep Antoni Duran Lleida, vot¨® favorablemente en el Congreso de los Diputados en el ¨²ltimo debate sobre el estado de la naci¨®n.

En cualquier caso, no hay duda de que ambos argumentos, el del expolio y la afrenta, han calado a fondo en la sociedad catalana al cumplir con la regla de oro de la mentira: no solo ha de ser repetida mil veces, sino que requiere que contenga algunos elementos de verdad que bien podemos compartir desde otras posiciones. En el ¨¢mbito econ¨®mico, es rotundamente falso que cada a?o salgan de Catalu?a 16.000 millones que no regresan de ninguna forma, pero es cierto que los catalanes aportamos m¨¢s de lo que recibimos (al igual que madrile?os y baleares), como tambi¨¦n que la pol¨ªtica de inversiones de los sucesivos gobiernos espa?oles no siempre han obedecido a criterios claros, objetivos y basados en la eficiencia, cuando no directamente en el clientelismo.

As¨ª mismo, salta a la vista que la financiaci¨®n de las autonom¨ªas de r¨¦gimen com¨²n ha de ser nuevamente mejorada, sobre todo para atender a los cruciales servicios educativos, sanitarios y sociales que prestan, y que el nuevo modelo deber¨ªa regirse entre otros principios por el de ordinalidad para que no se produzcan alteraciones excesivas una vez se ha ejercido la solidaridad entre territorios.

Sorprende que desde posiciones de izquierdas se caiga en las trampas del discurso soberanista

Se?alar estos u otros problemas, sin olvidarnos del agravio que provocan los cupos forales, no permite en absoluto sostener la tesis del expolio. Tal extremo no pretende otra cosa que dar cobertura moral a la secesi¨®n, soslayando as¨ª el principio redistributivo con el resto de espa?oles. En efecto, la otra cara de este argumento, con el que se pretende seducir a las clases populares y medias catalanas, es que, ¡°cuando nos hayamos librado de la r¨¦mora del Estado espa?ol, no har¨¢n falta recortes sociales¡±, pues gracias a nuestros propios recursos ¡°podremos tener un bienestar social envidiable¡±, afirmaba Josep Rull, secretario de organizaci¨®n de CDC, en la presentaci¨®n de una campa?a secesionista en la que entre otras maravillas se augura un descenso del paro del 10%.

Estas enga?osas promesas ponen de manifiesto hasta qu¨¦ punto estamos ante una propuesta populista. Por eso sorprende que desde posiciones de izquierdas, como la que deber¨ªan defender los sindicatos mayoritarios en Catalu?a, se caiga en la trampa del soberanismo, cuando la historia nos muestra que la exacerbaci¨®n de los conflictos que tienen una base identitaria, aunque intenten camuflarse tras otras m¨¢scaras, diluyen las verdaderas luchas por una mayor igualdad y justicia social.

Al lado del expolio, la sentencia del Tribunal Constitucional se ha convertido para el discurso nacionalista en una especie de punto de no retorno. Todo el proceso de reforma estatutaria fue desgraciado desde el principio hasta el final; los actores pol¨ªticos del momento, tanto en Barcelona como en Madrid, actuaron con frivolidad y cortoplacismo, siendo particularmente maliciosa la actitud del PP. La sentencia lleg¨® tarde, con un tribunal desprestigiado y a solo cuatro meses de las elecciones auton¨®micas de 2010.

?Es l¨ªcito? someter a votaci¨®n una propuesta que dice ser un remedio milagroso contra la crisis?

En ese escenario se impuso en Catalu?a la lectura m¨¢s negativa, la que conven¨ªa para argumentar la legitimidad moral de la secesi¨®n. Pero la realidad es que la sentencia dej¨® vivo el Estatuto, como subrayaba hace poco el jurista y exmagistrado Pascual Sala, lo cual no niega la grave contradicci¨®n de que unos jueces enmendasen a posteriori lo que los ciudadanos ya hab¨ªan ratificado en refer¨¦ndum. El car¨¢cter interpretativo de la sentencia en las cuestiones m¨¢s pol¨¦micas puso de manifiesto la necesidad de una reforma constitucional en profundidad del t¨ªtulo VIII, como en m¨¢s de una ocasi¨®n expres¨® la entonces presidente del TC, Mar¨ªa Emilia Casas.

El soberanismo ha logrado extender un relato que culmina con la exigencia de ejercer un derecho que se presenta como algo democr¨¢ticamente incontrovertible: decidir unilateralmente la secesi¨®n y hacerlo cuanto antes. En una Catalu?a sobreexcitada, donde no siempre se respeta la neutralidad informativa y escasea el pluralismo de opini¨®n, dudo que votar ahora acabara siendo la culminaci¨®n de un debate democr¨¢tico, realmente deliberativo. Y cuando en medio de tantas angustias socioecon¨®micas la secesi¨®n se ofrece, sobre todo, como un remedio milagroso para salir de la crisis y alcanzar a continuaci¨®n un bienestar envidiable, me pregunto si en estas condiciones es l¨ªcito someter a votaci¨®n una propuesta populista.

Joaquim Coll es historiador