Demasiada premura

El aforamiento de pol¨ªticos y cargos institucionales de diverso orden, de modo que no se puedan tramitar causas penales contra ellos en los tribunales de primera instancia sino por otros superiores ¡ªTribunal Supremo o Tribunales Superiores de las respectivas autonom¨ªas¡ª aparece cada vez m¨¢s como un privilegio insostenible en las democracias modernas, caracterizadas sobre todo por el derecho a la igualdad entre los ciudadanos. Pero no solo eso. Con frecuencia se convierte en un obst¨¢culo para la investigaci¨®n del delito, al romper el impulso inicial que la motiv¨® y quedar en manos de instancias judiciales alejadas del originario foco delictivo al tiempo que pr¨®ximas a los c¨ªrculos del poder.

Ese riesgo planea sobre el caso N¨®os tras haber solicitado el fiscal Anticorrupci¨®n de Baleares el traslado de todo lo investigado ¡ª160.000 folios¡ª al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Se basa en la condici¨®n de aforados del anterior presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y de la actual alcaldesa de Valencia, Rita Barber¨¢, ambos diputados auton¨®micos, para los que pide su imputaci¨®n por los delitos de malversaci¨®n, prevaricaci¨®n, fraude y falsedad en documento oficial. Ello supondr¨ªa dejar fuera de juego al juez Jos¨¦ Castro, que instruye el sumario desde hace tres a?os y est¨¢ a la espera de concluirlo tras diversas diligencias sobre la infanta Cristina.

Sorprende que el mismo fiscal que inicialmente manten¨ªa la procedencia de una investigaci¨®n paralela, como pieza separada de la principal, sobre el papel de Camps y Barber¨¢ en la concesi¨®n de m¨¢s de tres millones de euros de fondos p¨²blicos al Instituto N¨®os, se pronuncie ahora contra esa posibilidad, aduciendo la doctrina cl¨¢sica de que el imputado aforado prevalece sobre el que no lo es ¡°cuando no pueda escindirse la causa¡±. Sorprende tambi¨¦n que plantee esa solicitud antes de que el Tribunal Superior de Valencia haya tomado una decisi¨®n sobre la imputaci¨®n de Camps y Barber¨¢ y que deduzca con tanto adelanto que los hechos que puedan atribu¨ªrseles no son judicialmente escindibles de los que investiga el juez Castro en Palma de Mallorca.

Habr¨¢ que estar a la espera de lo que decida el Tribunal Superior de Justicia valenciano. En el supuesto de que asumiera la competencia en un caso tan complejo y voluminoso y que afecta en buena parte a hechos acaecidos en otra comunidad, el juez Castro dispone de medios legales para defender la suya si estima que le ha sido arrebatada indebidamente. Constituir¨ªa un esc¨¢ndalo que el caso N¨®os, despiezado o no, quedara sin investigar en todas sus ramificaciones. Como en otros asuntos de corrupci¨®n pol¨ªtica, la justicia se juega en ¨¦ste su credibilidad y la confianza de los ciudadanos. Y no ayuda a ambas la premura con que el ministerio fiscal quiere arrebatar el caso al juez que lo instruye desde hace tres a?os.