Anticorrupci¨®n andaluza
La nueva presidenta se adelanta a plantear la prohibici¨®n de las donaciones privadas
Es bastante ins¨®lito que en una comunidad con un 35% de paro, el eje del programa de Gobierno presentado por la candidata del partido que lleva 31 a?os gobernando sea el compromiso de combatir la corrupci¨®n; sin embargo, dado que el anterior presidente, Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, acab¨® reconociendo que se iba para librar a la Junta andaluza del lastre del esc¨¢ndalo de los ERE, tiene su l¨®gica que la sustituta propuesta por el propio Gri?¨¢n se considere obligada a situar el tema de la corrupci¨®n en lugar central. Lo hizo Susana D¨ªaz en su investidura, pero sin nombrar siquiera ese esc¨¢ndalo que afecta directamente a su partido.
No est¨¢ sola en esto de no nombrar lo que se pretende hacer olvidar. Zapatero no nombr¨® la crisis hasta que era demasiado tarde, ni Rajoy a B¨¢rcenas hasta que fue obligado a comparecer en el Parlamento. A cambio, es habitual en estos casos tratar de acreditar el prop¨®sito de la enmienda sobre lo no citado mediante una bater¨ªa de propuestas, nuevas o recuperadas del olvido. D¨ªaz ha planteado las suyas en un contexto en que tambi¨¦n lo han hecho, en el marco nacional, Gobierno y PSOE.
Editoriales anteriores
La propuesta de la presidenta de Andaluc¨ªa que m¨¢s ha llamado la atenci¨®n ha sido la de prohibir de cuajo, entre las v¨ªas de financiaci¨®n de los partidos, cualquier forma de donaciones privadas. Lo que se sabe del asunto B¨¢rcenas muestra que esas donaciones est¨¢n en la ra¨ªz de muchas pr¨¢cticas corruptas; y tambi¨¦n, que las normas legales que la limitan son burladas mediante su troceamiento. En la tramitaci¨®n de la reforma de la Ley de Financiaci¨®n de los Partidos aprobada en 2012 ya se plante¨® la supresi¨®n de ra¨ªz de toda donaci¨®n privada, pero fue considerado improcedente, especialmente por partidos que recib¨ªan por esa v¨ªa una parte sustancial de sus ingresos, como CiU.
Desde los a?os noventa ha sido tema de debate la compatibilidad entre la financiaci¨®n p¨²blica, que supone en torno al 90% de los ingresos de los partidos, y la privada. En general, la izquierda ha sido m¨¢s restrictiva respecto a esta ¨²ltima, especialmente la procedente de empresas, por considerar que siempre habr¨¢ m¨¢s empresarios dispuestos a financiar a partidos conservadores. El argumento de la derecha ha sido que las donaciones privadas evitan la excesiva dependencia de los partidos respecto al Estado y permite reducir la partida que los Presupuestos destinan a ese fin. Argumento m¨¢s po¨¦tico que real, porque con toda probabilidad ese dinero donado ser¨¢ repercutido en lo que pagar¨¢ el ciudadano.
El tema ser¨¢ sin duda elemento de debate parlamentario si, en lugar de disputar sobre qui¨¦n lo plante¨® primero, PP y PSOE unifican sus respectivas propuestas, empezando por la tipificaci¨®n como delito de la financiaci¨®n ilegal; y abordan de paso las tantas veces enunciadas y nunca cumplidas medidas de acortamiento y abaratamiento de las campa?as electorales, el otro agujero negro de entrada de dinero de dudoso origen.
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