Transparencia, pero poca
Una de las leyes que pretenden luchar contra la corrupci¨®n nace sin el suficiente consenso
El debate de la Ley de Transparencia en el Congreso ha reducido las posibilidades de un amplio pacto parlamentario para combatir la corrupci¨®n. Gran parte de la oposici¨®n ha votado contra el proyecto de ley no solo por desacuerdo con su contenido, sino por la negativa del PP a facilitar el control parlamentario del Gobierno. El PSOE, que particip¨® en el esfuerzo a favor del consenso, se ha retirado del mismo al considerar ¡°insalvable¡± la contradicci¨®n entre el rodillo de la mayor¨ªa absoluta y el intento de potenciar el valor de la transparencia. Lo que podr¨ªa haber sido un punto culminante de la legislatura se queda en un intento a medias.
Es cierto que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, ha trabajado a favor del consenso, pero paga el pato de la profunda desconfianza entre los partidos principales. Una verdadera rectificaci¨®n del clima de trapacer¨ªas y de opacidades no puede limitarse a la redacci¨®n de una norma, sino que exige una cultura pol¨ªtica m¨¢s respetuosa con los ciudadanos y con sus representantes. Lamentablemente, la praxis habitual es otra, como lo demuestra el constante recurso al uso de la corrupci¨®n como arma arrojadiza contra el adversario. Reconstruir la vida p¨²blica sobre bases m¨¢s sanas precisa de una voluntad mucho m¨¢s f¨¦rrea y compartida.
Aun as¨ª, las cosas requieren un principio. Promulgar una Ley de Transparencia es un punto de partida, sobre todo porque acaba con la anomal¨ªa de que Espa?a sea uno de los pocos pa¨ªses de Europa sin regulaci¨®n alguna en la materia. Se estima que la norma afectar¨¢ a decenas de miles de instituciones y entidades, que se ver¨¢n obligadas a dar informaci¨®n sobre contratos, retribuciones, convenios o subvenciones. En el per¨ªmetro de la ley quedan incluidos la Casa del Rey, el Banco de Espa?a, la Iglesia cat¨®lica, los partidos pol¨ªticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales y, en general, aquellas entidades cuya financiaci¨®n est¨¦ compuesta en un 50% por fondos p¨²blicos.
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Pero la amplitud de las excepciones previstas al derecho de los ciudadanos a pedir informaci¨®n ¡ªdesde la seguridad y la defensa nacional, a los intereses econ¨®micos o comerciales, la pol¨ªtica econ¨®mica y monetaria o la confidencialidad sobre procesos de toma de decisi¨®n¡ª preocupa a entidades y expertos que han presionado a favor de la ley. Lo mismo que el rechazo de solicitudes de informaci¨®n por simple silencio administrativo. Tampoco es evidente la independencia del ¨®rgano encargado de hacer cumplir la ley, que ser¨¢ adscrito al Ministerio de Hacienda y, por tanto, al Gobierno.
Queda el tr¨¢mite del Senado para dar oportunidad de buscar mayor consenso. Del resultado final puede depender la suerte del resto de las reformas anticorrupci¨®n anunciadas, entre ellas la ley de control de la actividad econ¨®mica y financiera de los partidos. No es concebible que las reglas del juego sean dictadas solo por uno de los jugadores.
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