Sostener las pensiones p¨²blicas

El papel equilibrador de los sistemas de protecci¨®n social ha constituido una de las se?as de identidad de la Europa democr¨¢tica a lo largo de su historia reciente. Tras la II Guerra Mundial, nuestro continente ha consolidado el crecimiento del gasto social, la protecci¨®n de los derechos y libertades de sus ciudadanos y el acceso a bienes p¨²blicos fundamentales como la educaci¨®n, la sanidad, el apoyo a la vivienda, la protecci¨®n por desempleo o la regulaci¨®n de derechos en el trabajo, hasta l¨ªmites que casi nadie cre¨ªa posibles cuando en 1889 se aprob¨® en el Parlamento alem¨¢n el primer sistema p¨²blico de pensiones contributivas.

Espa?a, que se incorpor¨® m¨¢s tarde al proceso hist¨®rico de desarrollo de la sociedad del bienestar, ha realizado un esfuerzo trascendental durante las tres ¨²ltimas d¨¦cadas. La etapa democr¨¢tica, sin duda la m¨¢s fruct¨ªfera de nuestra historia, permiti¨® recuperar buena parte del terreno perdido en el ¨¢mbito de la pol¨ªtica social. Pero no ha ocurrido lo mismo con Gobiernos socialistas y con Gobiernos del Partido Popular. La brecha social que nos separaba de los pa¨ªses europeos m¨¢s desarrollados se redujo durante el periodo de 1982-1996, volvi¨® a abrirse entre 1996 y 2004, para disminuir aceleradamente durante los a?os siguientes. Por desgracia, no es una afirmaci¨®n partidista decir que desde diciembre de 2011, Espa?a vuelve a desandar un importante trecho de la senda recorrida.

El sistema espa?ol de pensiones vive hoy una encrucijada hist¨®rica. Podr¨ªa estar en v¨ªsperas de sufrir un cambio que solo responde a los planteamientos ideol¨®gicos del PP: debilitar el car¨¢cter p¨²blico del sistema y reducir la cuant¨ªa de las pensiones contributivas, para ampliar el campo de acci¨®n de los fondos privados de pensiones.

Hoy, el Gobierno del PP ha pulverizado el di¨¢logo social. Unilateralmente recort¨® los instrumentos para adaptar la jubilaci¨®n anticipada y se neg¨® a actualizar las pensiones cuando el IPC se desvi¨® casi dos puntos respecto a lo que subieron a principio de a?o. Y a la vuelta de vacaciones nos encontramos con una propuesta del Gobierno, inspirada en las recomendaciones de la Comisi¨®n de Expertos, en la que, en primer lugar, se elimina por ley la garant¨ªa legal del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, expropiando silenciosamente la capacidad de compra de los pensionistas; y, en segundo lugar, se reduce el importe real de la pensi¨®n como respuesta a las dificultades del sistema. Da igual que los problemas sean coyunturales o de medio y largo plazo, la soluci¨®n siempre es la misma: bajar la cuant¨ªa de las pensiones o no actualizarlas de acuerdo con la evoluci¨®n del coste de vida.

La brecha social que nos separa de los pa¨ªses europeos m¨¢s desarrollados se ampl¨ªa cuando gobierna el PP

Aunque una de las principales condiciones que deben reunir las propuestas de reforma del sistema es separar claramente los efectos c¨ªclicos o coyunturales de los originados por tendencias econ¨®micas o demogr¨¢ficas de largo plazo, en realidad, la propuesta que se presenta es bastante obvia: si las cosas van bien, cabe revalorizar las pensiones ¡ªincluso por encima del IPC¡ª y si van mal, hay que congelarlas (el m¨ªnimo del 0,25% es una congelaci¨®n en toda regla). En nuestra opini¨®n, las pensiones, una vez originadas, deben mantener su poder adquisitivo definido legalmente.

La Ley 27/2011 represent¨® una gran reforma del sistema, que aseguraba su car¨¢cter p¨²blico, garantizaba su sostenibilidad en el futuro y alcanzaba, adem¨¢s, el acuerdo de los interlocutores sociales. Reforma que rechaz¨® el PP con la excusa de que supondr¨ªa un recorte en las pensiones.

La reforma contemplada en aquella ley plantea la introducci¨®n en el sistema del factor de sostenibilidad en el a?o 2027 para dar respuesta al sobrecoste que representa el aumento progresivo de la esperanza de vida. Pero el ajuste que representa dicho factor no reca¨ªa solamente, como pretende hoy el Gobierno, en la reducci¨®n de la cuant¨ªa de la pensi¨®n. La pregunta es: ?por qu¨¦ no tener en cuenta otros par¨¢metros importantes, como la edad de jubilaci¨®n, el periodo de c¨®mputo o el propio tipo de cotizaci¨®n en la medida necesaria para la absorci¨®n del sobrecoste? No hay respuesta del Gobierno a estas elementales cuestiones.

Para nosotros, no resulta necesario en absoluto implantar esa peculiar forma de congelaci¨®n reduciendo el poder adquisitivo real de las pensiones. Con ello, el modelo que propone el Gobierno termina resultando contradictorio con el actual sistema de reparto y, desde luego, con el mandato constitucional de mantener unas pensiones adecuadas y actualizadas peri¨®dicamente.

Las causas del intenso deterioro del equilibrio financiero a corto plazo del sistema de pensiones deben situarse en el dise?o de la pol¨ªtica fiscal europea y espa?ola, basadas en la aplicaci¨®n de la austeridad como ¨²nico objetivo; en las insuficiencias de la pol¨ªtica de financiaci¨®n de la deuda p¨²blica; y, por encima de todo, en el bloqueo efectivo del cr¨¦dito al sector privado. Pero no hay que olvidar la influencia de la intensa devaluaci¨®n salarial y el tremendo impacto de una reforma laboral, cuya derogaci¨®n deber¨¢ ser la primera obligaci¨®n del futuro Gobierno.

Hay que usar el Fondo de Reserva acumulado por la sociedad espa?ola durante el periodo de auge

Nosotros creemos que si la sociedad espa?ola ha sido capaz de acumular durante el periodo de auge un gran Fondo de Reserva, para asegurar su andadura en los malos momentos, carecer¨ªa de sentido ¡ªy supondr¨ªa un enorme fraude a la complicidad ciudadana con su sistema p¨²blico de pensiones¡ª que durante la crisis, en lugar de utilizarlo, se plantee una reducci¨®n en la cuant¨ªa de las pensiones mediante la p¨¦rdida de su poder de compra.

Mientras tanto, si la situaci¨®n del empleo no mejora ¡ªy no es f¨¢cil que lo haga en el marco de las pol¨ªticas aplicadas en Espa?a y en Europa¡ª hay que dise?ar nuevas reformas de la estructura de ingresos del sistema de pensiones. Con los efectos de la Ley 27/2011, en unos 30 a?os, Espa?a gastar¨¢ en pensiones pr¨¢cticamente lo mismo que ya gastan hoy pa¨ªses como Alemania, Francia o Italia, en torno al 13% del PIB. Nuestro sistema recauda una media de 10 puntos de PIB procedentes de las cotizaciones sociales de empresarios y trabajadores. Habr¨¢, pues, que dise?ar, como se hizo con la sanidad o con los complementos para las pensiones m¨ªnimas, una mayor aportaci¨®n del Estado para la financiaci¨®n de un bien p¨²blico que, como las pensiones, ser¨¢ a mucha distancia el m¨¢s importante entre los que proporcionar¨¢ nuestro sistema de bienestar social a lo largo de las pr¨®ximas d¨¦cadas.

Valeriano G¨®mez, economista, es portavoz del Grupo Socialista en la Comisi¨®n de Econom¨ªa del Congreso. Manuel Chaves Gonz¨¢lez fue presidente de la Junta de Andaluc¨ªa y es diputado del Congreso por C¨¢diz.