Cajeros en el hospital
Sanidad lanza un nuevo copago sin negociar con las autonom¨ªas ni demostrar su idoneidad
Acometer cualquier recorte social es doloroso para los contribuyentes, especialmente para los m¨¢s desfavorecidos. Hacerlo sin las debidas explicaciones y sin un an¨¢lisis previo que demuestre su eficacia puede ser, adem¨¢s, un desprop¨®sito injusto. El Ministerio de Sanidad ha anunciado que entrar¨¢n en el sistema de copago los f¨¢rmacos que ahora dispensan de manera gratuita los hospitales a pacientes no ingresados. En t¨¦rminos relativos es una partida presupuestaria menor. Son unas 150 medicinas frente a las cerca de 6.000 que subvenciona el Estado y para las que ya se exige un mayor copago (que no exime a los pensionistas) desde mediados del pasado a?o. Es, sin embargo, una vuelta de tuerca en la exigencia de sacrificios a enfermos cr¨®nicos o a aquellos que sufren enfermedades muy graves a cambio de unos beneficios econ¨®micos por demostrar.
Un buen n¨²mero de expertos han alertado sobre la dificultad y carest¨ªa de establecer en los hospitales p¨²blicos un servicio de pago in¨¦dito en estos centros que obligar¨¢ a cobrar los f¨¢rmacos e implantar una contabilidad comercial, lo que requiere personal y sistemas de seguridad ahora inexistentes. Nada de ello se ha cuantificado. Entre esos expertos hay responsables sanitarios de comunidades aut¨®nomas ¡ªincluidos del PP¡ª en los que recae la gesti¨®n hospitalaria. Sus razonamientos no se han escuchado en el ministerio que dirige Ana Mato, que no solo no ha explicado la medida ni ha presentado una memoria econ¨®mica, sino que ni siquiera ha debatido el asunto en el Consejo Territorial de Salud en el que est¨¢n representadas las autonom¨ªas.
La pol¨ªtica farmac¨¦utica es competencia del Estado y en tal sentido le asiste la raz¨®n al Gobierno al denunciar ante el Tribunal Constitucional el euro por receta de Madrid y Catalu?a y la subasta de medicamentos de Andaluc¨ªa. Pero esta nueva iniciativa debilita los argumentos del Ejecutivo. No puede alegar que solo pretende fomentar un uso m¨¢s racional de los f¨¢rmacos a pacientes que no eligen su medicaci¨®n. Tampoco puede arg¨¹ir que su objetivo es reducir el gasto, por cuanto podr¨ªa establecer f¨®rmulas menos gravosas para el enfermo y m¨¢s eficientes como el sistema de subasta andaluz en vez de denunciarlos. Sus inconsistentes actuaciones est¨¢n haciendo que corra riesgo, sin embargo, la equidad y la salud de miles de personas.
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