La pol¨ªtica en los ERE

Existen evidencias sobradas de que una parte de los fondos dedicados por la Junta de Andaluc¨ªa a financiar los ERE terminaron indebidamente entre las manos de empresas, mediadores y consultores. Es imprescindible, y la juez Alaya lo est¨¢ haciendo, seguir el rastro del dinero defraudado hasta localizar a todos los que se hayan llevado dinero il¨ªcitamente. Y tambi¨¦n hay que dilucidar si, como supone la juez, todo el dise?o del procedimiento administrativo ideado para el pago de las ayudas a los ERE facilit¨® el uso fraudulento del dinero p¨²blico, sea por acci¨®n o por omisi¨®n.

No es posible que haya una desviaci¨®n de m¨¢s de un centenar de millones de euros (de los 721 millones utilizados para financiar los ERE) sin que ning¨²n alto cargo se enterase. Pero la cuesti¨®n previa es si la f¨®rmula montada para pagarlos (¡°transferencias de financiaci¨®n¡±), amparada por normas presupuestarias del Parlamento andaluz, facilitaba la no fiscalizaci¨®n previa de los expedientes de subvenciones; y si orillar los controles constituye un il¨ªcito penal o no.

La juez hizo coincidir ayer en paralelo ambas l¨ªneas de investigaci¨®n. Por una parte orden¨® una redada entre presuntos perceptores de sobrecomisiones de los ERE en la que fueron detenidos, entre otros, sindicalistas de CC OO y UGT, que se ven as¨ª directamente cuestionados por su intervenci¨®n. Y al mismo tiempo Alaya tom¨® declaraci¨®n a Magdalena ?lvarez, que fue titular de la Consejer¨ªa de Econom¨ªa y Hacienda cuando se puso en marcha el procedimiento administrativo con el que se daban las ayudas. ?lvarez defendi¨® la legalidad de su actuaci¨®n y declar¨® desconocer el uso fraudulento que pudo hacerse desde la Consejer¨ªa de Empleo, encargada de manejar el fondo de los ERE.

En la investigaci¨®n de la parte pol¨ªtica del caso apenas ha habido avances. La juez Alaya cree que el procedimiento con el que se daban las ayudas era ilegal desde su ra¨ªz y que durante una d¨¦cada se alter¨® el Presupuesto andaluz para proporcionar cobertura a esas ayudas. El Gobierno aut¨®nomo ha mantenido siempre la legalidad de un procedimiento amparado por las leyes presupuestarias del Parlamento andaluz.

Alaya, adem¨¢s, ha se?alado a los expresidentes Manuel Chaves y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, aforados del Tribunal Supremo en su calidad de parlamentarios a Cortes. Pero lo hizo en un auto que recibi¨® las cr¨ªticas, por su dudosa legalidad, de la fiscal¨ªa. La juez debe llegar hasta el final, pero con el rigor necesario para no convertir un caso de corrupci¨®n en un departamento de la Junta en una causa general. Su instrucci¨®n ya ha dejado elementos preocupantes, como la prescripci¨®n de dos de los tres delitos imputados a siete empresarios, entre ellos dos hermanos de la ministra de Empleo, F¨¢tima B¨¢?ez, o el hecho de que decenas de personas imputadas en el caso hace m¨¢s de un a?o a¨²n no hayan podido declarar.