Reformar sin dinero

La tramitaci¨®n parlamentaria de la Ley de Reforma Local deja en evidencia las dificultades de un proyecto rechazado por la izquierda, que despierta recelos en parte del PP y cuenta con la desconfianza de los nacionalistas. Racionalizar servicios p¨²blicos y evitar duplicidades son objetivos que necesitan de explicaciones precisas porque la operaci¨®n en curso parece llamada, en realidad, a colaborar en el severo objetivo de ajuste auton¨®mico y municipal (17.500 millones en dos a?os) comunicado por el Gobierno a la Comisi¨®n Europea.

El Ejecutivo ha matizado sus primeros prop¨®sitos. Si la idea inicial fue modernizar un sistema municipal muy atomizado (8.117 Ayuntamientos), posteriormente renunci¨® a forzar la fusi¨®n de municipios, pese a la escasa viabilidad de muchos de ellos, y a recortar el n¨²mero total de concejales. La versi¨®n actual del proyecto de ley s¨ª fija un techo de retribuciones a los alcaldes, lo cual acabar¨¢ con las disparidades existentes. Tambi¨¦n somete las cuentas municipales al control del Ministerio de Hacienda, que se erige en garante de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, cuando las Administraciones locales cumplen mejor que otras al haber tenido super¨¢vit en 2012, seg¨²n datos reconocidos por el ministro Montoro al Congreso.

Pero la almendra de la reforma es un conjunto de servicios sociales te¨®ricamente atribuidos a las autonom¨ªas, y que en la pr¨¢ctica prestan los Ayuntamientos. Esto se refiere a las ayudas a ancianos en domicilios o en residencias, teleasistencia, prevenci¨®n e inserci¨®n social, comedores p¨²blicos, consultorios m¨¦dicos, servicios de atenci¨®n urgente (como el SAMUR) y otros. Una cosa es rebajar el precio de los servicios de proximidad y clarificar qu¨¦ Administraci¨®n debe ocuparse de qu¨¦; y otra muy distinta, dejar de prestarlos. Suprimir o reducir servicios sociales es un problema que debe abordarse de frente, sin enmara?arlo en una reforma presentada como una simple racionalizaci¨®n de la arquitectura pol¨ªtica del pa¨ªs.

Otro punto pol¨¦mico es el fortalecimiento de las Diputaciones Provinciales, a las que se encomienda la ¡°coordinaci¨®n¡± de otros servicios (residuos, limpieza, abastecimiento de agua, pavimentaci¨®n) prestados en municipios de menos de 20.000 habitantes (el 87% del total). Las diputaciones no son ¨®rganos de elecci¨®n directa y su fama de organismos clientelares no es el mejor aval para otorgarles m¨¢s poder. Todo ello sin olvidar que el Gobierno ha tenido que negociar con el PNV para garantizarle que la ley estatal dejar¨¢ intactas las competencias forales en la materia; y que CiU le acusa de ¡°traici¨®n a Catalu?a¡± por imponer una norma estatal sobre la autonom¨ªa que el Estatut le concede.

Es dif¨ªcil aplicar cors¨¦s estrechos a realidades tan diferentes como los peque?os municipios (la gran mayor¨ªa) y las ciudades muy pobladas. En todo caso, urge que el Gobierno responda a las dudas planteadas sobre la posible desprotecci¨®n de millones de personas, acostumbradas a servicios que pueden dejar de recibir.