Callada por respuesta

Cuatro meses despu¨¦s de que estallara el esc¨¢ndalo del espionaje masivo de las comunicaciones por parte de la Agencia Nacional de Seguridad de EE UU, el Gobierno de Barack Obama no puede seguir utilizando la estrategia del silencio y la de obstrucci¨®n frente a lo que se va revelando como una escandalosa vulneraci¨®n masiva de derechos individuales. Anoche se lo record¨® personalmente la propia canciller Merkel en convertsaci¨®n telef¨®nica, subrayando que estas pr¨¢cticas son inaceptables. Ahora sabemos que los programas que utiliza la agencia no solo han permitido controlar ordenadores e interceptar comunicaciones, sino que se han aplicado tambi¨¦n a l¨ªneas telef¨®nicas. La propia Merkel sospecha que ha sido rastreado su propio m¨®vil.

Por mucho que se alegue que las escuchas se han hecho con autorizaci¨®n judicial, bajo la pol¨¦mica Ley Patri¨®tica, resulta dif¨ªcil de aceptar que la lucha antiterrorista justifique la necesidad de controlar millones de comunicaciones de ciudadanos de otros pa¨ªses. Un elemental sentido de la proporcionalidad hace inveros¨ªmil que, en una hipot¨¦tica b¨²squeda de c¨¦lulas terroristas, los servicios de espionaje hayan intervenido ordenadores de personalidades como los presidentes de M¨¦xico y Brasil, o las delegaciones diplom¨¢ticas francesas en Washington y Naciones Unidas.

En la escalada de revelaciones, sabemos que tambi¨¦n que los servicios secretos espa?ola dan por hecho que nuestro pa¨ªs ha sido objeto de incursiones il¨ªcitas en comunicaciones privadas. La exigencia de explicaciones ha tenido hasta la fecha la misma evasiva respuesta que el resto de pa¨ªses afectados. No es aceptable entre aliados.

La incomodidad que genera este asunto en los Gobiernos y la propia Comisi¨®n Europea explica que la reacci¨®n haya oscilado hasta ahora entre la tibieza y la hipocres¨ªa, en parte porque la mayor¨ªa de pa¨ªses tiene mucho que esconder sobre sus propios servicios de espionaje. Pero la dimensi¨®n del caso hace insoportable el menosprecio que Washington imprime a las relaciones con esos aliados al eludir cualquier respuesta a la exigencia de explicaciones.

El Parlamento Europeo, la instituci¨®n hasta ahora m¨¢s activa en la defensa de los derechos de los ciudadanos pero tambi¨¦n la que menos competencias posee, ha pedido que no se env¨ªen datos bancarios a EE UU si no se garantiza un marco jur¨ªdico coherente con los principios del Estado de derecho. Es solo un gesto, pero Obama no deber¨ªa ignorarlo.