El reto de proteger el conocimiento

Uno de los asuntos que m¨¢s preocupa a los Gobiernos de la mayor¨ªa de los pa¨ªses es el nivel educativo de su poblaci¨®n, dado que de la formaci¨®n depende el factor humano, la principal riqueza de cualquier naci¨®n. Podr¨ªamos decir que lo recomendable ser¨ªa incluir en sus estrategias educativas un conjunto de competencias b¨¢sicas que permitan a sus ciudadanos vivir de forma responsable y cr¨ªtica en la sociedad, tanto en el ¨¢mbito profesional como en el personal. Este ¡ªel nivel competencial¡ª es un elemento transversal que, a nuestro juicio, deber¨ªa formar parte de la mayor¨ªa de las pol¨ªticas que desarrolla un Estado.

Existen informes que miden el nivel de competencias de los estudiantes y de la poblaci¨®n activa, que arrojan una especie de ranking mundial. Sin ¨¢nimo de entrar a evaluar ni la metodolog¨ªa ni los resultados de sendos informes (el de PISA, para alumnos, y el de la OCDE, para la poblaci¨®n activa) es necesario poner de manifiesto que la informaci¨®n que ofrecen sobre Espa?a pone encima de la mesa una serie de deficiencias importantes.

La historia reciente de nuestro pa¨ªs demuestra que la mejora de las competencias ¡ªla mejora de la educaci¨®n¡ª es una cuesti¨®n que ha preocupado a nuestros dirigentes y en la que a partir de la Ley Villar Palas¨ª, uno de los grandes transformadores de la sociedad espa?ola, est¨¢ la reforma educativa para mejorar la calidad de la educaci¨®n que ha sido objeto permanente del debate positivo, aunque no con el suficiente consenso. Prueba de ello son las distintas y variadas reformas que se han llevado a cabo de nuestro sistema educativo (LOGSE, LODE, LOE, etc¨¦tera). La ¨²ltima de ellas, la Ley Org¨¢nica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE, conocida como ley Wert), acaba de ser aprobada en el Congreso.

Si sale adelante tal y como est¨¢, la propuesta supondr¨¢ un duro golpe a? los autores y editores

Desde siempre, los autores y editores espa?oles de libros, fundamentalmente los de texto en la ense?anza obligatoria y los cient¨ªfico-t¨¦cnicos en la universitaria, vienen asumiendo su compromiso con la mejora continua del sistema educativo, habiendo alcanzado una calidad reconocida en todo el mundo. Para ello han trabajado en la ampliaci¨®n de su oferta en calidad y cantidad, adapt¨¢ndose a las sucesivas regulaciones, a los cambios de estructuras competenciales, a las transformaciones pedag¨®gicas y a los avances tecnol¨®gicos.

El sector editorial espa?ol se ha caracterizado por su competitividad, profesionalidad, pluralismo educativo y ling¨¹¨ªstico, capacidad de exportaci¨®n e innovaci¨®n. A pesar de la crisis que estamos atravesando, la editorial sigue manteni¨¦ndose como la principal industria cultural de nuestro pa¨ªs, aportando un 0,7% al PIB, generando m¨¢s de 30.000 empleos directos e indirectos, que son 100.000 si se tienen en cuenta librer¨ªas y distribuidoras, y manteniendo a?o tras a?o una balanza comercial positiva. Las cifras del pasado a?o siguen siendo positivas: seg¨²n el informe del comercio interior del libro de la Federaci¨®n de Gremios de Editores de Espa?a (FGEE), se editaron casi 80.000 t¨ªtulos y se produjeron algo m¨¢s de 280 millones de ejemplares.

Como explic¨¢bamos antes, el sector del libro, uno de los pilares sobre el que se sustenta un sistema educativo de calidad, ha hecho grandes esfuerzos para adaptarse a las necesidades y demandas de administraciones educativas, de docentes y del alumnado. Estos requerimientos han estado muy marcados por la transformaci¨®n de los h¨¢bitos de acceso y copia de libros que han tra¨ªdo de la mano las tecnolog¨ªas de la informaci¨®n.

Por una parte, los editores destinan grandes esfuerzos a ampliar la oferta digital, tanto en lo que se refiere a la edici¨®n de novedades, como en digitalizaci¨®n de fondos. En 2012 la venta de libros en formato digital arroj¨® una facturaci¨®n de 74,25 millones de euros, lo que supuso un ligero aumento respecto al a?o anterior, superando el 2% de crecimiento.

A pesar de la crisis,
la editorial sigue manteni¨¦ndose como
la principal industria cultural de nuestro pa¨ªs

Por otra, autores y editores, a trav¨¦s de Cedro, completan esa oferta facilitando licencias de reutilizaci¨®n de contenidos ya editados, que permiten a la comunidad educativa acceder y compartir legalmente sus contenidos en las aulas. Mediante esta entidad de gesti¨®n tambi¨¦n proporcionan f¨®rmulas razonables y justas para ser remunerados por estos usos que se hacen de sus obras y que son complementarios a la venta y suscripci¨®n de ejemplares. Este modelo de gesti¨®n colectiva de derechos de propiedad intelectual es el que se sigue en la mayor¨ªa de pa¨ªses europeos y, sobre todo, en aquellos cuyas competencias educativas est¨¢n m¨¢s desarrolladas y tienen mejores sistemas educativos.

Sin embargo, el compromiso y la respuesta dada por el sector se encuentran con una propuesta de marco regulatorio en materia de propiedad intelectual que, lejos de promover e incentivar la generaci¨®n de contenidos de calidad, mina a medio plazo la edici¨®n espa?ola, sobre todo la cient¨ªfico-t¨¦cnica, afectando negativa y directamente al sistema educativo.

La propuesta de reforma de la vigente ley de propiedad intelectual, en este momento en el Consejo de Estado, incluye una nueva regulaci¨®n sobre el uso de las obras de texto en ¨¢mbitos educativos que restringe el reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual y reduce al m¨ªnimo su contenido econ¨®mico. Si sale adelante la propuesta tal y como est¨¢, supondr¨¢ un duro golpe a los autores y editores, puesto que se discrimina la actividad creativa y editorial de Espa?a, restando competitividad al sector respecto al de los pa¨ªses m¨¢s avanzados; provocar¨¢ inseguridad jur¨ªdica en todos los centros educativos y generar¨¢ conflicto en instancias administrativas y judiciales nacionales y comunitarias. El proyecto no guarda el necesario equilibrio entre los intereses afectados.

Mejorar las competencias de nuestros alumnos y futuros profesionales pasa por tener una oferta de contenidos de calidad y mecanismos f¨¢ciles que permitan acceder a ellos y compartirlos de forma legal, ya sea en clase a trav¨¦s de fotocopias o en un aula virtual. Pero tambi¨¦n pasa por remunerar razonable y justamente a los autores y editores de los contenidos utilizados para que puedan seguir desarrollando su actividad.

Reflexionemos de forma conjunta, busquemos soluciones consensuadas y lleguemos a pactos, antes de perpetuar en una ley el desequilibrio del sistema de propiedad intelectual en los centros educativos en Espa?a, que abocar¨¢, sin duda, a la p¨¦rdida de nuestro potencial editorial y educativo.

Magdalena Vinent es directora general del Centro Espa?ol de Derechos Reprogr¨¢ficos (Cedro).

Antonio Mar¨ªa ?vila es director ejecutivo de la Federaci¨®n de Gremios de Editores de Espa?a (FGEE).