Espa?a frente a la verdad

El pasado viernes 16 de noviembre el Comit¨¦ contra la Desaparici¨®n Forzada dio a conocer sus observaciones finales acerca del cumplimiento de Espa?a de la Convenci¨®n Internacional para la protecci¨®n de todas las personas contra las desapariciones forzadas, tratado internacional por el que est¨¢ obligada desde su entrada en vigor el 23 de diciembre de 2010.

Una vez m¨¢s, un ¨®rgano de Naciones Unidas tiene que llamar la atenci¨®n a Espa?a acerca del incumplimiento de sus obligaciones internacionales en torno a los cr¨ªmenes cometidos durante la guerra civil y el franquismo. En 2009 Espa?a fue amonestada tanto por el Comit¨¦ de Derechos Humanos como por el Comit¨¦ de la Tortura, quienes se?alaron que Espa?a no puede amparase en la prescripci¨®n de estos cr¨ªmenes o en la Ley de Amnist¨ªa de 1977 para no investigar y juzgar a sus responsables. En la misma l¨ªnea fueron las observaciones preliminares del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU del pasado 30 de septiembre de 2013, que establec¨ªan que la interpretaci¨®n del TS manifestada en la sentencia 101/2012 en relaci¨®n a la permanencia del delito de desaparici¨®n forzada y la prescripci¨®n y amnist¨ªa de los cr¨ªmenes cometidos durante el franquismo, es contraria a los principios que emergen de las obligaciones internacionales de Espa?a.

El viernes, el Estado espa?ol, volvi¨® a suspender el examen de un organismo internacional. El Comit¨¦ contra la Desaparici¨®n Forzada fue contundente en sus observaciones; las desapariciones forzadas deben ser investigadas ¡°independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de las mismas y aun cuando no se haya presentado una denuncia formal¡±, los presuntos autores deben ser enjuiciados, declaradas culpables y sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos y las v¨ªctimas deben recibir una adecuada reparaci¨®n.

Las desapariciones forzadas deben ser investigadas al margen del tiempo transcurrido desde el inicio de las mismas

Con estas declaraciones, el Comit¨¦ niega con rotundidad la validez del argumento alegado por la delegaci¨®n espa?ola en relaci¨®n a la incompetencia de este ¨®rgano para referirse a las desapariciones forzadas anteriores a la entrada en vigor de la Convenci¨®n para Espa?a. Coincidiendo con la opini¨®n de todas las organizaciones de la sociedad civil que acudimos a dicho examen, el Comit¨¦ manifiesta que la Convenci¨®n no solo est¨¢ pensada para el futuro, sino que debe proteger a todas y cada una de las v¨ªctimas de este delito. El Comit¨¦ ha dejado patente su absoluta independencia no dej¨¢ndose intimidar por las nada sutiles advertencias vertidas, en su alegato final, por la representante diplom¨¢tica de Espa?a ante la ONU en Ginebra, en cuanto a las consecuencias que podr¨ªa tener la aplicaci¨®n de la Convenci¨®n a casos del pasado para la universalizaci¨®n de esta.

El Comit¨¦ contradice frontalmente en sus observaciones la posici¨®n del Tribunal Supremo en torno a la permanencia del delito de desaparici¨®n forzada, la prescripci¨®n del delito y la aplicaci¨®n de la ley de amnist¨ªa. Exhorta a que ¡°se adopten las medidas necesarias, legislativas o judiciales, con miras a superar los obst¨¢culos jur¨ªdicos de orden interno que puedan impedir tales investigaciones, en particular la interpretaci¨®n que se ha dado a la ley de amnist¨ªa¡±.

En evidente referencia al procedimiento judicial abierto en Argentina, el Comit¨¦ recomienda al Estado que vele por que se asegure el auxilio judicial solicitado por otros estados y que se cumpla con el principio de ¡°extraditar o juzgar¡± previsto en la Convenci¨®n. Ante esto, Espa?a deber¨ªa responder positivamente a la orden de detenci¨®n y extradici¨®n de los imputados por la juez Mar¨ªa Servini en el auto de 18 de septiembre de este a?o, y no esconderse en subterfugios, m¨¢s propios de un Estado que desconoce los derechos humanos que de un autentico Estado democr¨¢tico y de Derecho.

La Ley de Memoria Hist¨®rica ha sido vaciada de contenido al eliminar todo presupuesto para su aplicaci¨®n?

En relaci¨®n a la Ley de Memoria Hist¨®rica y ante su absoluto vac¨ªo de contenido con la eliminaci¨®n de todo presupuesto para su implementaci¨®n, el Comit¨¦ recomienda a Espa?a que asigne ¡°recursos de personal, t¨¦cnicos y financieros suficientes para la b¨²squeda y esclarecimiento de la suerte de las personas desaparecidas¡± e incluso que se contemple la posibilidad de establecer un ¨®rgano espec¨ªfico encargado de dicha b¨²squeda. Frente a ello, a la vez que se produc¨ªa el examen de Espa?a, la Vicepresidenta del Gobierno, reconoc¨ªa en el Parlamento que la referida ley no se aplica porque no hay dinero. De nuevo la bofetada, desconsideraci¨®n y abandono de las v¨ªctimas es la norma del Gobierno

El Comit¨¦ destaca asimismo el hecho de que ni siquiera se haya satisfecho el derecho a la verdad de las v¨ªctimas de las desapariciones forzadas ocurridas durante la guerra civil y el franquismo, invitando as¨ª al Estado a crear una ¡°comisi¨®n de expertos independientes encargada de determinar la verdad sobre las violaciones d derechos humanos ocurridas en el pasado¡±. Esta recomendaci¨®n coincide con la presentaci¨®n ante el parlamento el jueves 21 de noviembre de una proposici¨®n no de ley que contempla precisamente el establecimiento de una Comisi¨®n de la Verdad para los cr¨ªmenes ocurridos en la guerra civil y el franquismo..

Por el contrario, si Espa?a, una vez m¨¢s, prescinde de esta iniciativa y viola la legalidad internacional incumpliendo esas recomendaciones, tal decisi¨®n, tendr¨¢ consecuencias desastrosas para la maltrecha imagen de nuestro pa¨ªs ante una comunidad internacional cada vez m¨¢s perpleja ante la deriva de Espa?a, a cuyo Gobierno, s¨®lo parece interesarle los aspectos materiales en el ejercicio de la pol¨ªtica. Un pa¨ªs que incumple manifiestamente el derecho internacional y viola los derechos humanos de sus ciudadanos inspira una gran desconfianza, en todos los ¨¢mbitos y especialmente en el de la credibilidad que cualquier medida proveniente del mismo, pretenda producir impactos positivos para aquellos.

La ¡°marca Espa?a¡±, cada vez est¨¢ m¨¢s vac¨ªa de contenido o revestida de suciedad

Por ello, la cuesti¨®n m¨¢s grave ser¨ªa la falta de percepci¨®n por parte del gobierno y las dem¨¢s instituciones espa?olas, de esta realidad y de las consecuencias de la falta de cumplimiento de aquellas resoluciones, que poco a poco van horadando nuestra posici¨®n internacional. La ¡°la marca Espa?a¡±, cada vez est¨¢ m¨¢s vac¨ªa de contenido o revestida de suciedad. S¨®lo queda el hueco de unas medidas econ¨®micas, alejadas de los principios ¨¦ticos y de las verdaderas necesidades de los m¨¢s desprotegidos. La sensaci¨®n de verg¨¹enza, viendo como la selecci¨®n de futbol o el propio Gobierno, dan cobertura a dictadores o l¨ªderes que nadan en la corrupci¨®n y para quienes los derechos humanos no existen, demuestra la insensibilidad de quienes siguen pensando que ¡°Espa?a es diferente¡±.

En un momento determinado, estuvimos a la cabeza de la defensa universal de las v¨ªctimas, despu¨¦s, gracias a las decisiones de los Gobiernos sucesivos, del Parlamento, en 2009, y del Tribunal Supremo en 2012, ca¨ªmos en picado hasta el furg¨®n de cola, renunciando a ese liderazgo, posici¨®n que se ha mantenido haciendo o¨ªdos sordos a las sucesivas recomendaciones de organismos internacionales como el Consejo de Europa, el Comit¨¦ de Prevenci¨®n de la Tortura, los Relatores de la ONU y los Comit¨¦s de la misma, perdiendo posiciones en los ¨ªndices de lucha contra la corrupci¨®n, que se expande como las met¨¢stasis y sin una reacci¨®n n¨ªtida frente a los problemas de la ciudadan¨ªa.

Ser¨¢ una buena oportunidad para ver si existe voluntad de regeneraci¨®n, el grado de cumplimiento por parte del Gobierno de las recomendaciones del Comit¨¦ de Desapariciones Forzadas de Personas de Naciones Unidas y, con ello, la minoraci¨®n del dolor de miles de v¨ªctimas que esperan verdad, justicia y reparaci¨®n.

Baltasar Garz¨®n es magistrado juez.