Poder judicial por lotes

Repartirse las instituciones por lotes partidistas colabora muy poco a alimentar la confianza en la independencia judicial, y mucho a engrosar el escepticismo hacia la pol¨ªtica. Este es el riesgo en que incurren los diputados y senadores de las cinco formaciones (PP, PSOE, IU, CiU, PNV) que han votado el nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sin perjuicio de reconocer los m¨¦ritos de muchos de los seleccionados, la predeterminaci¨®n de los nombres sometidos a las C¨¢maras por cuotas partidistas cuestiona la credibilidad del ¨®rgano encargado de gobernar el tercer poder del Estado.

La confusi¨®n de la voluntad del Parlamento, en tanto que instituci¨®n, con los acuerdos entre partidos como organizaciones de profesionales del poder es corrosivo para el prestigio de la democracia. Porque los dirigentes de los partidos tienden a una visi¨®n utilitarista de la justicia y a subordinar la valoraci¨®n de la independencia judicial. Ciertamente, la abundancia de procesos por corrupci¨®n pol¨ªtica ¡ªG¨¹rtel, B¨¢rcenas, ERE de Andaluc¨ªa y otros¡ª aconsejaba reforzar la siempre indispensable independencia, en vez de remarcar el origen pol¨ªtico del nuevo Consejo del Poder Judicial.

A priori, la legitimidad del ¨®rgano de gobierno de los jueces es irreprochable: procede del Parlamento. Pero su libertad de ejercicio est¨¢ siendo maleada por los procedimientos con que se lleva a la pr¨¢ctica, que no aseguran la independencia de los nombrados. Por si fuera poco, las reglas del juego han cambiado: a partir de ahora, 14 de los 20 miembros del CGPJ pueden hacer compatible esa funci¨®n con el trabajo jurisdiccional o profesional. De forma que no es improbable que algunos designados tengan que ver con procesos de ¨ªndole pol¨ªtica o hayan de intervenir en nombramientos de jueces encargados de ellos.

Por lo dem¨¢s, la operaci¨®n se salda con peque?as crisis partidistas, como la renuncia al acta de senador por parte del l¨ªder de los socialistas madrile?os, Tom¨¢s G¨®mez, que aprovecha oportunamente la presencia en el Consejo del magistrado Francisco Mart¨ªnez Trist¨¢n, presidente del tribunal que lleva los recursos contra la privatizaci¨®n de la gesti¨®n en seis hospitales p¨²blicos de Madrid, y recusado por el Partido Socialista Madrile?o por estar casado con una consejera de Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha.

M¨¢s all¨¢ de esa protesta ¡ªy de la descalificaci¨®n global del proceso de elecci¨®n por UPyD¡ª esta vez se han evitado las dilaciones de los plazos constitucionales que se produjeron en renovaciones anteriores, a causa de bloqueos entre PP y PSOE. Pero es verdad que Espa?a contin¨²a sin resolver debidamente la cobertura de una instituci¨®n suprapartidista como deber¨ªa ser el Consejo del Poder Judicial. Todo depende ahora de que las personas seleccionadas no se dejen mangonear y demuestren a la sociedad que son capaces de sobreponerse a los recelos provocados por su nombramiento.