El confuso aroma del vocablo ¡°tribunal¡±
Ciertos pol¨ªticos ponen como aval de su dudosa legalidad a un organismo que no puede investigar
El vocablo ¡°tribunal¡± ya exist¨ªa en lat¨ªn. Designaba el estrado cuyas sillas curules ocupaban unos magistrados de togas purpuradas. Aquellos asientos semicirculares adornados por detalles de marfil se denominaban, en efecto, ¡°curules¡±, y curul proced¨ªa de currus, el carro con su silla al que hab¨ªa tenido derecho el rey; y la capa de p¨²rpura (o paludamentum) simbolizaba el poder de un general con su capote rojo de campa?a. Todav¨ªa hoy mantenemos algunos rescoldos de aquellos s¨ªmbolos, como las togas de los jueces
El t¨¦rmino ¡°tribunal¡± se viene asociando, pues, a la solemnidad. As¨ª, tenemos tribunales de oposiciones, tribunales m¨¦dicos, tribunales de doctorado... Y tribunales de justicia. En todos ellos, un grupo de altos funcionarios, o de facultativos, o de catedr¨¢ticos, o de jueces, examina a alguien con independencia y neutralidad, tras disponer de las pruebas necesarias.
Sin embargo, la palabra ¡°tribunal¡± se ha desplazado, con su prestigio encima, hacia terrenos sem¨¢nticos m¨¢s difusos. En Espa?a funciona el Tribunal de Cuentas; y tuvimos el Tribunal de Defensa de la Competencia, ¨®rgano adscrito al Ministerio de Econom¨ªa (y que ahora se llama Comisi¨®n Nacional de la Competencia). Ninguno de ellos encaja del todo con el concepto jur¨ªdico de la palabra ¡°tribunal¡±.
El Diccionario acad¨¦mico ya vio una cierta impostura en ¡°Tribunal de Cuentas¡±, pues lo define desde 1869 (mediante una menci¨®n expresa en la entrada ¡°tribunal¡±) como una ¡°oficina¡±. Dice as¨ª: ¡°Oficina central de contabilidad que tiene a su cargo examinar y censurar las cuentas de todas las dependencias del Estado¡±.
El Tribunal de Cuentas ejerce hoy en d¨ªa dos funciones, seg¨²n su ley org¨¢nica: una jurisdiccional y otra fiscalizadora. En la primera de ellas act¨²a contra el menoscabo de los bienes p¨²blicos y ejerce como un aut¨¦ntico tribunal: celebra vistas, exige responsabilidades econ¨®micas y en ese caso los consejeros incluso se visten sus togas. Pero en la segunda se limita a supervisar las cuentas del Estado, de las empresas p¨²blicas y de los partidos pol¨ªticos seg¨²n los documentos que ellos mismos faciliten.
En esa ¨²ltima tarea (la m¨¢s conocida) no hay ni togas, ni estrado, ni tribunal, ni testigos, ni pesquisas, ni careos, ni fianzas, ni fallos, ni delitos, ni faltas, ni indemnizaciones; no se elaboran sentencias, sino informes; no se puede registrar una sede, ni verificar una firma, ni abrir una caja con dinero negro. El Tribunal trabaja sin una polic¨ªa judicial a su servicio. Y as¨ª se hace dif¨ªcil que un caso alcance la segunda de sus funciones, la jurisdiccional.
Los consejeros, por otro lado, son elegidos por el Parlamento mediante cupos pol¨ªticos (aunque no fuera ¨¦se el esp¨ªritu de la ley), y entre ellos figuran algunos exdiputados y exsenadores de prestigioso curr¨ªculo, as¨ª como funcionarios y auditores.
No se pretende aqu¨ª desacreditar el trabajo de los integrantes de ese ¨®rgano, que elaboran por lo general sus documentos con pulcritud y apuntan desviaciones, irregularidades, mala gesti¨®n o granos y v¨ªas de agua en los que nadie parec¨ªa haber reparado. Solo se trata de se?alar al lector que ciertos pol¨ªticos se siguen llenando la boca al presentarse como absueltos en su dudosa legalidad por el ¡°Tribunal de Cuentas¡±, quiz¨¢ suponiendo que los ciudadanos tomar¨¢n tal nombre con el valor total de su primer vocablo; y suelen omitir que este Tribunal act¨²a sobre los datos y asientos bancarios que se ponen a su vista; y que, si se vulnera la buena fe, apenas dispone de facultades para descubrirlo. Como mucho podr¨¢ analizar unas cantidades, observar desviaciones presupuestarias (si se emplea un dinero para fines distintos de los previstos, si se gasta de m¨¢s...) y plantear propuestas sensatas y profesionales.
Por tanto, expresiones como ¡°esto lo ha avalado el Tribunal de Cuentas¡± significan mucho, pues sin duda tal ¨®rgano tiene depositada una alta misi¨®n. Pero se trata de una misi¨®n administrativa; no judicial. El viejo sentido de la palabra ¡°tribunal¡± puede enga?ar a ciudadanos confiados y servir de parapeto a pol¨ªticos habilidosos.
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