Deriva preocupante

El Gobierno ha eliminado algunos de los disparates notorios que conten¨ªa la primera versi¨®n del proyecto de ley sobre seguridad ciudadana. Sin embargo, mantiene el prop¨®sito principal de la reforma, que tiende a desplazar hacia el Ejecutivo la potestad de sancionar una serie de conductas, algunas de ellas tipificadas como faltas en el C¨®digo Penal. Lo que el ministro del Interior, Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz, presenta como una intenci¨®n despenalizadora supone, en la pr¨¢ctica, reducir la capacidad del Poder Judicial para dilucidar lo que es sancionable y lo que no.

Aquellos que denuncian un exceso de protestas callejeras lo achacan a insuficiencias de la legislaci¨®n o a la lenidad de los juzgados ¡ªpor aquello de que los infractores encuentran en ellos comprensi¨®n o lentitud¡ª. La legislaci¨®n siempre se puede mejorar dentro de los l¨ªmites constitucionales, y es obvio que la respuesta gubernativa es m¨¢s r¨¢pida y ejecutiva que la judicial; pero es una autoridad pol¨ªtica, que se arroga tambi¨¦n el derecho de llevar un fichero de infractores: ?qui¨¦n lo controla, qui¨¦n tiene acceso al mismo, qu¨¦ uso se puede hacer de los datos almacenados? Si el nuevo esquema legal entra en vigor, el ciudadano solo podr¨¢ recurrir las decisiones de la Administraci¨®n a posteriori y por una v¨ªa m¨¢s costosa que la penal.

Conviene valorar ese refuerzo del poder gubernativo al observar el cat¨¢logo de conductas que se pretende sancionar, desde perturbaciones de actos p¨²blicos o reuniones (no comunicadas) ante ¨®rganos parlamentarios, hasta actuar contra los que intenten impedir desahucios u ofendan los s¨ªmbolos de Espa?a o de las autonom¨ªas. Es evidente la finalidad de coartar protestas de car¨¢cter pol¨ªtico o social, extra?amente mezclada con la sanci¨®n de la oferta de prostituci¨®n en zonas escolares y arcenes de carreteras, un aspecto parcial del problema planteado por la oferta y demanda de servicios sexuales.

Algunas de las rebajas de sanciones ya aceptadas, como las que afectan a los insultos o difusi¨®n de im¨¢genes de agentes de seguridad, han sido criticadas por los sindicatos policiales. Otras muchas medidas del proyecto interpelan, en cambio, a aquellos ciudadanos que hacen cuesti¨®n de principio de los derechos y garant¨ªas. En todo caso, el coste pol¨ªtico y la zozobra que causa cada intento unilateral de legislar en tales materias ya qued¨® muy claro con la llamada ley Corcuera, y se deber¨ªa haber aprovechado esa experiencia de los a?os noventa para proceder ahora de un modo m¨¢s reflexivo y consensuado.

El intervencionismo pol¨ªtico en este terreno solo puede justificarse para cortar la violencia. Los chispazos registrados no parecen tan graves como para explicar el incremento del poder gubernativo. Estamos ante un refuerzo preventivo del arsenal sancionador; pero tratar de disuadir el uso pac¨ªfico de los derechos de reuni¨®n y manifestaci¨®n es injustificable bajo la Constituci¨®n en vigor.