Un pacto para la reforma constitucional

La respuesta estrat¨¦gica del Gobierno y de los dos principales partidos espa?oles, el PP y el PSOE, ante la operaci¨®n soberanista del nacionalismo catal¨¢n ha sido tan divergente que llama la atenci¨®n e incita a alguna reflexi¨®n que vaya m¨¢s all¨¢ del debate pol¨ªtico inmediato. Ante el desaf¨ªo independentista, el Gobierno ha respondido con un rechazo absoluto a cualquier cambio constitucional. El PSOE, por el contrario, en su Declaraci¨®n de Granada del mes de julio, y en su reciente Conferencia Pol¨ªtica, ofrece una salida federalista que conlleva, l¨®gicamente, la reforma constitucional.

Que el Gobierno y el PP rechacen toda reforma constitucional se entiende por razones pol¨ªticas inmediatas, pero no desde visiones estrat¨¦gicas ni jur¨ªdicas. Se entiende que el Gobierno no desee una reforma formal de la Constituci¨®n porque materialmente ya la ha reformado cuanto ha querido. Al amparo de la mayor¨ªa absoluta que apoya al Gobierno, este ha producido una mutaci¨®n constitucional de tal intensidad que la Constituci¨®n actual est¨¢ cada vez m¨¢s alejada de la que se aprob¨® en 1978. Porque mutaci¨®n constitucional es dejar sin sustancia la cl¨¢usula del Estado social que contiene el art¨ªculo primero de la Constituci¨®n, lo que se debe a su vez a que se est¨¢n quedando sin sustancia principalmente los art¨ªculos 27 (derecho a la educaci¨®n), 37 (negociaci¨®n colectiva), 43 (protecci¨®n de la salud) y 50 (pensiones adecuadas).

La potestad legislativa de las Cortes Generales ha sufrido tambi¨¦n una importante erosi¨®n ya que desde que se form¨® el actual Gobierno se han aprobado 49 leyes (14 org¨¢nicas y 35 ordinarias) frente a 25 decretos leyes: por cada dos leyes se ha aprobado un decreto ley, a pesar de la exigencia de extraordinaria y urgente necesidad que lo convierte en una fuente excepcional. Y un ¨®rgano constitucional como el Consejo General del Poder Judicial, que necesariamente ha de tener 20 vocales m¨¢s el presidente se ha transformado en un ¨®rgano con solo ocho Vocales dedicados en exclusiva a su funci¨®n que es nada menos el gobierno del poder judicial. Adem¨¢s, est¨¢ a punto de aprobarse un proyecto de ley org¨¢nica que dificultar¨ªa el ejercicio de los derechos de manifestaci¨®n y de reuni¨®n y se habla de una ley que limite el derecho de huelga. Afortunadamente, como son cambios legales o mediante la acci¨®n administrativa, esta mutaci¨®n tiene de plazo el tiempo en que gobierne el PP, pero no por eso deja de tener efectos devastadores sobre la vida de los espa?oles.

El Gobierno de Rajoy ha dejado sin sustancia varios art¨ªculos constitucionales

Adem¨¢s, tampoco es totalmente cierto que el Partido Popular se niegue por completo a una reforma constitucional. Cuando en agosto de 2011 el presidente Rodr¨ªguez Zapatero ofreci¨® a Rajoy una reforma constitucional que respond¨ªa a principios conservadores y no de la socialdemocracia cl¨¢sica, el PP acept¨® encantado.

Este planteamiento quietista del Gobierno es muy dif¨ªcil de mantener. Las tensiones territoriales provenientes de Catalu?a obligan a actuar en muchos ¨¢mbitos, entre ellos en el normativo. Adem¨¢s, como dec¨ªa Hermann Heller en su Teor¨ªa del Estado, la Constituci¨®n es una forma abierta trav¨¦s de la cual pasa la vida y esa forma abierta necesita una constante acomodaci¨®n a la situaci¨®n pol¨ªtica de la sociedad. Igual que el C¨®digo Civil, una norma longeva, ha sido reformado constantemente, no es posible congelar la Constituci¨®n de un pa¨ªs porque provoca graves problemas de adaptaci¨®n a la realidad social. As¨ª lo han entendido muchos y muy prestigiosos especialistas en derecho p¨²blico.

El PSOE, por su parte, ha dado una respuesta inteligente al soberanismo catal¨¢n al proponer una reforma en sentido federal. Es inteligente porque trata de parar las iniciativas independentistas y, al mismo tiempo, enderezar la zigzagueante pol¨ªtica del PSC, que se remonta a los dos Gobiernos tripartitos. Pero la iniciativa socialista no est¨¢ exenta de problemas. Por un lado, se ha dicho que nuestro Estado es cuasi-federal por lo que proponer un modelo federal es una iniciativa m¨¢s ret¨®rica que real dado que los cambios no ser¨ªan muy significativos. Por otro lado, se ha dicho que el federalismo nunca ha sido una doctrina valorada en Espa?a (ni siquiera entre los nacionalistas) por lo que su eficacia como objetivo pol¨ªtico y electoral va a ser limitada. Todo eso es cierto, pero yo creo que hay que rebasar el nivel l¨¦xico y penetrar en la sustancia de la propuesta, que es la reforma del modelo auton¨®mico para fijar una relaci¨®n con Catalu?a en un sentido m¨¢s acorde a las tendencias pol¨ªticas dominantes en la comunidad aut¨®noma. En ese sentido, como propuesta de reforma territorial, ll¨¢mese o no federal, la iniciativa del PSOE es interesante.

Pero el PSOE ya experiment¨® las consecuencias de imprimir un sesgo partidista a la reforma constitucional. Cuando este partido llev¨® a su programa electoral de 2004 una reforma constitucional y despu¨¦s la incorpor¨® al discurso con que el candidato Zapatero solicit¨® la investidura del Congreso, algunos pensaron que hab¨ªa condenado al fracaso esa reforma, pues ning¨²n partido de la oposici¨®n, salvo que haya sido consultado y haya aceptado la reforma, entrega un triunfo similar al Gobierno. Si a?adimos que la reforma fue encomendada a dos organismos prestigiosos, pero sin poder de decisi¨®n, se entiende el fracaso definitivo.

La unidad de Espa?a no es solo territorial, tambi¨¦n es social a trav¨¦s de la cohesi¨®n

A pesar de que el Gobierno y el partido que lo apoya no quieren emprender la reforma constitucional, y a pesar de que el PSOE parece incorporarla al futuro programa electoral, tal reforma es necesaria. Por eso parece imprescindible llegar a un pacto entre los dos partidos mayoritarios, con el fin de acordar una reforma constitucional; un pacto discreto, antes de que las elecciones legislativas est¨¦n m¨¢s pr¨®ximas, para que haya reforma consensuada sin que ninguno de los dos partidos la considere materia para la confrontaci¨®n electoral.

?Qu¨¦ se debe pactar? Evidentemente, un nuevo modelo auton¨®mico que supere los defectos del actual (en el Informe sobre Espa?a, de Santiago Mu?oz Machado hay un excelente diagn¨®stico de los problemas del Estado auton¨®mico y a esta obra nos remitimos) y que al mismo tiempo busque especiales instrumentos de cooperaci¨®n con Catalu?a, quiz¨¢ por la v¨ªa de los hechos diferenciales que poseen algunas comunidades aut¨®nomas.

Pero la reforma constitucional tiene que abordar otro gran tema: la garant¨ªa del Estado social, para evitar las mutaciones constitucionales introducidas por el actual Gobierno. ?Por qu¨¦ deber¨ªa interesar al PP pactar el reforzamiento de un modelo estatal que ahora est¨¢ dinamitando? Porque la unidad de Espa?a no es solo territorial, tambi¨¦n es social, a trav¨¦s de la cohesi¨®n de una sociedad que no tenga sobre su cabeza el riesgo de la pobreza. Y, adem¨¢s, porque los empresarios deber¨ªan ser los primeros interesados en que Espa?a conserve una s¨®lida cohesi¨®n social. En definitiva, si se enarbola con entusiasmo la bandera de la unidad nacional, hay que enarbolarla con todas sus consecuencias, sabiendo que la cohesi¨®n social tambi¨¦n integra la unidad nacional.

Adem¨¢s, por ¨²ltimo, hay otro motivo para que el Partido Popular acepte pactar la garant¨ªa del Estado social. Hay mucha gente que est¨¢ convencida de que el independentismo catal¨¢n ha sido promovido por una ¨¦lite nacionalista con capacidad de destilar un discurso ideol¨®gico que se ha impuesto hegem¨®nicamente en toda la sociedad. Si ese discurso ha calado es por un motivo: porque las clases medias y las clases populares est¨¢n sufriendo el desmantelamiento del Estado social y se les ha hecho creer que con la independencia recobrar¨ªan los beneficios sociales que les ha arrebatado el Gobierno popular y¡­ el de CiU. Por eso una reforma constitucional que abarcara tanto el modelo territorial como el modelo social se convertir¨ªa en un instrumento potent¨ªsimo ante el independentismo. Solo eso justifica el pacto constitucional.

Javier Garc¨ªa Fern¨¢ndez es catedr¨¢tico de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid.