Reforma pragm¨¢tica

La Constituci¨®n espa?ola ha cumplido 35 a?os en medio de alguna perspectiva de abrirse a cambios. El deseo de mejorar la m¨¢xima ley es ampliamente mayoritario entre la ciudadan¨ªa y, por primera vez, el n¨²mero de personas que creen necesarias reformas profundas sobrepasa el 50%, seg¨²n el sondeo de Metroscopia publicado hoy por este peri¨®dico. Para responder a tales inquietudes, lo primero es poner fin al inmovilismo de los l¨ªderes enrocados en sus rincones.

Sin el concurso del Partido Popular es imposible abordar cambios, y este ha alegado hasta ahora diferentes razones para no hacerlo, desde la prioridad dada al tratamiento de la crisis econ¨®mica, hasta la falta de consenso pol¨ªtico previo. Sin embargo, una vez abatido el tab¨² de la complejidad del procedimiento para la reforma (a causa de la rapidez con que se alter¨® uno de los art¨ªculos de la Constituci¨®n, en 2011), ya no hay motivo aparente que pueda aguantar, a la vez, la presi¨®n de las dificultades econ¨®micas y la crisis de confianza en el sistema pol¨ªtico reflejada por m¨²ltiples encuestas.

Conviene ser pragm¨¢ticos: no es la panacea de todos los males. Poner coto a la corrupci¨®n, por ejemplo, no depende de la m¨¢xima ley, sino de otras normas y de la firmeza con que se apliquen. Pero abrir el debate es el modo de comprometer a las ¨¦lites para que abandonen el obstruccionismo mutuo. No se trata de reformar por reformar, ni mucho menos de cuestionar el Estado social y democr¨¢tico de derecho, la separaci¨®n de poderes, la protecci¨®n de las libertades fundamentales y dem¨¢s vigas maestras. Pero el respeto y el aprecio al esp¨ªritu fundacional no justifican el miedo a todo cambio.

Caben pocas dudas de que la exacerbaci¨®n de las tensiones nacionalistas y los discursos sobre el alto coste del Estado auton¨®mico act¨²an como catalizadores de los deseos de reforma. El 82% quiere cambios en la organizaci¨®n territorial del Estado, con metas divergentes: porque el 45% desea que el Estado recupere muchas de las competencias transferidas, mientras el 35% se pronuncia a favor de autonom¨ªas m¨¢s robustas (porcentaje que se eleva al 64% en Catalu?a). De ah¨ª lo delicado del problema. No hay garant¨ªas de que un cambio constitucional conjure el peligro de actuaciones unilaterales de las autoridades catalanas, ni cabe descartar las tensiones recentralizadoras. En todo caso, el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ha marcado sus l¨ªneas rojas: los art¨ªculos 1 y 2 (soberan¨ªa del pueblo espa?ol, Monarqu¨ªa parlamentaria, unidad de la naci¨®n espa?ola, autonom¨ªa de las nacionalidades y regiones que la integran).

Abundan tambi¨¦n las propuestas para que ciertos derechos sociales dejen de ser declarativos y se equiparen a los fundamentales. As¨ª, el PSOE propone blindar el de la salud; IU lo extiende a otros. No faltan peticiones para hacer m¨¢s proporcional el sistema electoral (que lo ser¨ªa si se fijara una circunscripci¨®n distinta de la provincia). El funcionamiento de partidos y sindicatos necesita reformas, pero no necesariamente constitucionales. En cuanto a la igualdad de derechos de hombre y mujer en la sucesi¨®n a la Corona, uno de los padres de la Constituci¨®n, Miquel Roca, propone orillar las dificultades formales de ese punto resolvi¨¦ndolo solo por ley org¨¢nica.

No es el momento de determinar el grado de ambici¨®n que ha de tener una reforma. Pero s¨ª de ser conscientes de que abrir el debate es importante como parte de las rectificaciones que la ciudadan¨ªa necesita percibir en los actores m¨¢s relevantes del escenario pol¨ªtico, si se quiere evitar la crisis de confianza en el sistema emanado de la Constituci¨®n de 1978. Un cambio que, a diferencia de otras leyes, no puede manejar una mayor¨ªa por s¨ª sola, porque est¨¢ condicionado al logro de un amplio consenso.