Hacia la unidad de mercado

El pasado 28 de noviembre se aprob¨® la Ley de Garant¨ªa de la Unidad de Mercado. Sin grandes debates. A simple vista, se trata de una ley t¨¦cnica que, supuestamente, pretende mejorar la regulaci¨®n de la actividad empresarial de modo que se eliminen los problemas de ineficacia derivados de los tr¨¢mites administrativos que las empresas han de realizar ante las distintas Administraciones. Establece un marco regulatorio para facilitar la actividad empresarial y mejorar la competitividad de nuestro tejido productivo.

?Qui¨¦n puede estar en desacuerdo con tan buenos prop¨®sitos? Todos sabemos lo importante que es localizar y suprimir los cuellos de botella que dificultan la actividad empresarial, a veces por problemas burocr¨¢ticos o de exceso de celo reglamentario. Tambi¨¦n por problemas de duplicidad administrativa en un Estado complejo en el que distintos niveles de Administraci¨®n asumen responsabilidades de promoci¨®n de la actividad econ¨®mica.

Sin embargo, la nueva ley parte de dos premisas equivocadas:

En primer lugar, y en el debate parlamentario ha quedado muy claro ese err¨®neo diagn¨®stico, de la convicci¨®n de que las CC?AA son un problema para la unidad de mercado, para la libre producci¨®n y circulaci¨®n de bienes y servicios. Lo cree, y lo dice, el ministro de Econom¨ªa. Del mismo modo que el ministro de Hacienda considera que el problema del d¨¦ficit p¨²blico y la crisis es consecuencia de nuestro Estado de las autonom¨ªas. Como tambi¨¦n lo cree el se?or Wert, para quien las CC?AA son nada menos que una fuente de fracaso escolar.

?Existen problemas de unidad de mercado en Espa?a? Desde luego. Como en los pa¨ªses de nuestro entorno europeo. Por eso la Uni¨®n Europea acord¨® en 2006 una directiva que se ha incorporado a nuestra legislaci¨®n mediante la Ley 17/2009 sobre el libre acceso a las actividades de servicios y mediante la Ley 2/2011 de Econom¨ªa Sostenible. La aplicaci¨®n de esas dos leyes ha sido ¨²til para eliminar barreras legales y administrativas y, especialmente, para tomar conciencia de que sigue siendo necesario desburocratizar la actividad productiva en nuestro pa¨ªs. Hay que seguir en esa tarea, como una carrera de fondo, como una pulsi¨®n permanente que hemos de incorporar a nuestra cultura de gobierno.

La falta de infraestructuras de transporte impide mayor dinamismo

Podemos admitir que queda trabajo pendiente en este ¨¢mbito e, incluso, que sea necesaria una nueva ley. Sin embargo, si equivocamos el punto de partida, la medicina puede ser peor que la enfermedad. No, no se trata de problemas sobrevenidos a consecuencia de nuestra organizaci¨®n territorial, ?acaso no ten¨ªamos en Espa?a problemas de ¡°unidad de mercado¡± hace 20 o 25 a?os?

Es cierto que nuestra organizaci¨®n territorial a?ade complejidad a esta cuesti¨®n, como a tantas otras. Una complejidad, sin embargo, que no es m¨¢s que la expresi¨®n de la complejidad misma de nuestra Espa?a contempor¨¢nea. El Estado de las Autonom¨ªas es nuestra respuesta a la complejidad real de Espa?a. Prescindir de esa realidad es absurdo. Y desconocer que esta situaci¨®n no es muy distinta de la que caracteriza a los Estados federales del mundo, como Estados Unidos, Alemania, Australia o Canad¨¢, es ignorancia o mala fe. All¨ª la gesti¨®n de los asuntos p¨²blicos, sean servicios o tr¨¢mites para la autorizaci¨®n de actividades econ¨®micas, la asumen tambi¨¦n las unidades subestatales (los Estados federados o las provincias) que generan normas propias y diferenciadas sobre la actividad econ¨®mica. Son pa¨ªses pr¨®speros, a pesar de esa complejidad. Alguien puede pensar que ser¨ªa mejor una Espa?a distinta: uniformada, uniforme y homog¨¦nea. Pero, simplemente, esa Espa?a no existe.

En segundo lugar, del contenido de la ley y de los argumentos del grupo mayoritario que le da su apoyo, se desprende una actitud de desconfianza hacia los Gobiernos de las CC?AA. Como si a estos no les preocupara la remoci¨®n de esas trabas a la unidad de mercado. Sostenemos que las CC?AA espa?olas tienen, como m¨ªnimo, el mismo inter¨¦s que el Gobierno central en la superaci¨®n de los problemas burocr¨¢ticos que condicionan la actividad empresarial. La responsabilidad sobre las pol¨ªticas de mejora del tejido productivo y de recuperaci¨®n de la actividad econ¨®mica tambi¨¦n les corresponde. El Gobierno tiene una determinada funci¨®n legislativa, de acuerdo con el marco constitucional. Pero la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es muy clara: no se puede forzar el principio de ¡°unidad de mercado¡± a costa de las competencias de las CC?AA. Es de una gran miop¨ªa pol¨ªtica, a nuestro entender, no asociarlas a ese objetivo que ha de ser com¨²n.

La ley, entre otros aspectos, establece la prevalencia de la regulaci¨®n de la administraci¨®n de origen del operador econ¨®mico, con independencia del lugar en que el mismo desarrolla efectivamente su actividad. Es decir, la licencia obtenida en un territorio para el desarrollo de una actividad sirve para toda Espa?a, sean cuales fueran las caracter¨ªsticas del producto y los condicionantes existentes en cada territorio. Aparentemente es un avance para la libertad econ¨®mica. En la pr¨¢ctica ¡ªy al margen del debate competencial, que no es menor¡ª puede ser fuente de inseguridad jur¨ªdica y de litigiosidad. Entre operadores, entre territorios y entre CC?AA y Estado. La incertidumbre es, no nos cabe la menor duda, el mayor problema para la unidad de mercado. As¨ª lo ponen de manifiesto los principales organismos consultados en el tr¨¢mite preceptivo: el Consejo Econ¨®mico y Social, el Consejo del Poder Judicial, el Consejo de Estado¡­

Esta ley confirma que Espa?a necesita un espacio para el di¨¢logo interterritorial

Los problemas derivados de esa complejidad territorial a la que antes alud¨ªamos no se resuelven unilateralmente. Requieren negociaci¨®n y consenso. Ser¨ªa conveniente reflexionar sobre las razones que nos han llevado a eso que algunos llaman despectivamente ¡°la mara?a de normas y reglamentos auton¨®micos¡±. Dig¨¢moslo claro: no ha habido ni una cultura de colaboraci¨®n ni un foro institucional adecuado donde verificar esa colaboraci¨®n.

Esta ley es un buen ejemplo que pone de manifiesto, de nuevo, que Espa?a necesita un espacio para el di¨¢logo interterritorial donde abordar los problemas de coordinaci¨®n administrativa, sobre la base de la confianza y la lealtad entre poderes p¨²blicos. Por eso debemos plantear la reforma del Senado, en el marco de una reforma constitucional.

Y, por cierto, no debemos olvidar que los principales obst¨¢culos al dinamismo de nuestro mercado est¨¢n relacionados con la falta de infraestructuras del transporte. Aunque solo sea por poner un ejemplo, la falta de buenas conexiones ferroviarias en el puerto de Barcelona o las inexistentes de Algeciras, para acceder al mercado interior europeo, constituyen una penalizaci¨®n para nuestros industriales que asumen un sobrecoste para colocar sus mercanc¨ªas en el centro y norte de Europa.

La Ley de Garant¨ªa de la Unidad de Mercado hubiera podido ser una buena oportunidad. Sin embargo, constituye una amenaza para la seguridad jur¨ªdica de nuestras empresas, los intereses de los consumidores, el ejercicio de las competencias auton¨®micas y, por qu¨¦ no decirlo, para los intereses generales, los de todos.

Jos¨¦ Montilla Aguilera fue presidente de la Generalitat de Catalu?a, y Jos¨¦ A. Gri?¨¢n Mart¨ªnez, presidente del PSOE y senador, era ministro de Trabajo y Seguridad Social cuando se acord¨® el Pacto de Toledo.