Retoques en los partidos
El Gobierno aprueba cambios en la financiaci¨®n pol¨ªtica que no revisan a fondo el sistema
La reforma de la financiaci¨®n de los partidos pol¨ªticos, concretada tras la ¨²ltima reuni¨®n del Consejo de Ministros, no altera nada verdaderamente sustancial respecto a las fuentes legales de dinero ya existentes. Ni se aprecia una apuesta decidida por las contribuciones de asociados y simpatizantes para sostener a los partidos ¡ªes lo que acaba de decidir el Gobierno italiano, acosado por el movimiento antipol¨ªtico en su pa¨ªs¡ª, ni el sistema se encamina hacia la financiaci¨®n p¨²blica como ¨²nica v¨ªa para organizaciones que est¨¢n constitucionalizadas al m¨¢ximo nivel en la Ley Fundamental espa?ola.
Es cierto que el paquete legislativo no carece de medidas significativas, como la prohibici¨®n de condonaciones de cr¨¦ditos a los partidos pol¨ªticos, lo cual cierra el recurso a las donaciones encubiertas en forma de cr¨¦ditos bancarios que no se devuelven. Tambi¨¦n se proh¨ªben las donaciones procedentes de personas jur¨ªdicas, lo cual no impedir¨¢ que las empresas sigan financiado a las fundaciones vinculadas a los partidos ¡ªaunque la vicepresidenta, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, se dice convencida de que estar¨¢n m¨¢s vigiladas¡ª. Y seguir¨¢n siendo legales las donaciones de personas f¨ªsicas, sometidas a una imprecisa exigencia de publicidad.
Mueve al escepticismo la prevista comparecencia de los encargados de finanzas de los partidos ante un grupo mixto de parlamentarios del Congreso y del Senado. Recibir a los tesoreros del PP, PSOE, UPyD, IU o nacionalistas, una vez al a?o, puede resultar un tr¨¢mite o el pretexto para nuevas trifulcas, seg¨²n la coyuntura de las relaciones entre los partidos: lo que resulta dudoso es que ese procedimiento redunde en un control efectivo de su actividad econ¨®mico-financiera. Todo lo que no sean estrictos controles profesionalizados prolongar¨¢ la duda sobre las cuentas. No menos extra?o resulta atribuir al encargado de finanzas la obligaci¨®n de explicarse, como si esa cuesti¨®n fuera ajena a los cargos ejecutivos.
Este plan, presentado como de ¡°regeneraci¨®n¡±, intenta responder a los esc¨¢ndalos producidos en el pasado. Pero la excesiva lentitud de los procesos judiciales impide precisar cu¨¢nta corrupci¨®n es de origen pol¨ªtico ¡ªcomo se evidencia en la pelea judicial entre Luis B¨¢rcenas y la direcci¨®n de su antiguo partido, el PP¡ª y provoca fuertes da?os colaterales, al arrojar una injusta sospecha de corrupci¨®n y de cultura del dispendio sobre la clase pol¨ªtica en su conjunto. Y sin resolver los casos graves, que tanta alarma han provocado entre la ciudadan¨ªa, la credibilidad de un plan de regeneraci¨®n permanecer¨¢ bajo sospecha.
Otra reforma enunciada es que los condenados por ciertos delitos, incluidos los de terrorismo, no podr¨¢n ser altos cargos hasta que se cancelen sus antecedentes penales. Podr¨ªa afectar a los etarras excarcelados; pero, salvo que el proyecto cambie a lo largo de su tramitaci¨®n, esa medida se refiere solo a la Administraci¨®n estatal.
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