No querer hacer las cosas bien

Por qu¨¦ no hacen bien las cosas los Gobiernos? Esta es una pregunta clave para los que estudiamos las sociedades modernas. Si hacer las cosas bien genera m¨¢s riqueza y empleo, ?por qu¨¦ hacerlas mal?

A grandes rasgos, existen tres explicaciones. La primera es que a los Gobiernos no les queda m¨¢s remedio. Por ejemplo, reformar la universidad espa?ola supone enfrentarse con los beneficiarios del caos actual. Un Gobierno puede carecer de fuerzas para vencer esa resistencia. La segunda explicaci¨®n es que los Gobiernos no saben qu¨¦ hacer. Una nueva regulaci¨®n financiera es complej¨ªsima. Incluso los mejores expertos pueden ser incapaces de predecir sus consecuencias. Las cosas salen mal porque es dif¨ªcil hacerlas bien. La tercera explicaci¨®n es que los Gobiernos no quieren hacer las cosas bien. Liberalizar mercados puede perjudicar los intereses personales de un ministro. Una reforma fiscal puede castigar a los grupos econ¨®micos que apoyan a un partido.

En el mundo real cuesta distinguir entre estas tres hip¨®tesis. Si un Gobierno toma una mala decisi¨®n, ?es que no puede, no sabe o no quiere hacerlo mejor? Casi siempre existen indicios a favor de cada hip¨®tesis. Adem¨¢s, normalmente, las tres razones influyen. Por ello, para aprender c¨®mo se determinan las pol¨ªticas, lo que podemos hacer es buscar casos donde estemos razonablemente seguros de que solo uno de los tres factores impera. As¨ª, identificamos el motivo detr¨¢s de una mala decisi¨®n y podemos dise?ar mecanismos para evitar su repetici¨®n.

Tristemente, en Espa?a, uno no tiene que buscar mucho para encontrar esta identificaci¨®n. La pol¨ªtica de nombramientos en instituciones del actual Gobierno solo se explica desde la voluntad de no querer hacer las cosas bien. Desde la presidenta de la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores a los consejeros de la Comisi¨®n Nacional de los Mercados y la Competencia pasando por los miembros del Consejo de Seguridad Nuclear y muchos otros, hemos asistido a nombramientos que desaf¨ªan la credulidad.

?Por qu¨¦ estos nombramientos solo se explican por el deseo de no querer hacer las cosas bien? Nombrar a personas independientes y competentes, lejos de generar rechazo, hubiera sido aplaudido dentro y fuera de Espa?a. Por tanto, la primera explicaci¨®n, las imposibilidades pol¨ªticas, no se sostiene. La segunda explicaci¨®n, no saber qu¨¦ hacer, tampoco es plausible. La evidencia de que la buena selecci¨®n de directivos p¨²blicos incrementa el bienestar es abrumadora. Nuestros gobernantes la conocen de sobra y la Uni¨®n Europea nos la recuerda constantemente. Por eliminaci¨®n, nos queda la tercera explicaci¨®n: el no querer hacerlo bien.

Las sinecuras de los organismos p¨²blicos son el Estado de bienestar de los pol¨ªticos espa?oles

La siguiente pregunta es inmediata. ?Qu¨¦ gana el Gobierno con tales nombramientos? Dos cosas. La primera, controlar las instituciones. Una Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores o una Comisi¨®n Nacional de los Mercados y la Competencia vigorosas pueden cercenar la libertad de actuaci¨®n futura del Gobierno. A nuestros pol¨ªticos esta idea no les gusta por dos razones. Primero, porque esta libertad es muy valiosa para ellos en una econom¨ªa peque?a e intervencionista como la espa?ola. El reciente sainete de la subasta de electricidad ilustra este argumento.

Segundo, porque la mayor¨ªa de los pol¨ªticos espa?oles nunca ha interiorizado el esp¨ªritu del Estado de derecho y la idea de controles y contrapesos. Mientras que formalmente proclaman su adhesi¨®n a tales principios, nuestros pol¨ªticos piensan que las normas, como en el viejo pase foral, se acatan, pero no se cumplen. ?Europa nos pide una Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal? No pasa nada. Como el Gobierno no cree que tal autoridad sea buena idea, escribe una norma que, formalmente, satisface los requerimientos de Bruselas para luego desvirtuarla en los detalles normativos, en retrasos en su implementaci¨®n y en los nombramientos de sus gestores.

En una interpretaci¨®n capciosa de la Constituci¨®n, estas arbitrariedades se disfrazan de actos pol¨ªticos legitimados por las urnas. Y para evitar sorpresas inesperadas, las arbitrariedades se escudan en un Consejo General del Poder Judicial seleccionado por los pol¨ªticos para generar una magistratura temerosa de controlar al Ejecutivo.

La segunda ganancia del Gobierno es recompensar a los colaboradores de los partidos pol¨ªticos. Los dirigentes de los mismos comprenden que necesitan palos (la amenaza de salirse de la lista electoral) y zanahorias (los cargos a repartir) para asegurar la d¨®cil cooperaci¨®n de todos. Estas designaciones son el pegamento que sostiene un ecosistema de pol¨ªticos profesionales que raramente han alcanzado la excelencia en el mundo privado. Las sinecuras de los organismos p¨²blicos son el Estado de bienestar de nuestros pol¨ªticos.

Este sistema sobrevive por la ausencia de una fiscalizaci¨®n efectiva de la actuaci¨®n p¨²blica. Los jueces no osan trazar la frontera entre la arbitrariedad y la discrecionalidad de los poderes ejecutivos y legislativos. Los medios de comunicaci¨®n prestan poca atenci¨®n a la buena gobernanza, sobre todo si los pecados son ¡°de los m¨ªos¡±. La sociedad civil, invertebrada, raramente combate las inmunidades del poder.

En resumen: la selecci¨®n de directivos en nuestras instituciones no es un accidente. Es una respuesta estructural dados los incentivos existentes. Los Gobiernos no quieren ser controlados, unos pol¨ªticos de mala calidad necesitan de salidas econ¨®micas personales y los mecanismos de control no operan.

El origen de la situaci¨®n est¨¢ en unos partidos nuevos y d¨¦biles que necesitaban afianzarse

En los ejemplos anteriores me he referido al Gobierno actual por ser quien, respaldado por una mayor¨ªa absoluta, toma hoy las decisiones. Pero el an¨¢lisis, al ser estructural, no se limita al PP. El PSOE, Izquierda Unida, CiU y PNV han participado con alegr¨ªa en el sistema por d¨¦cadas. Las organizaciones empresariales y los sindicatos mayoritarios tambi¨¦n han sabido acomodarse al reparto de cargos.

M¨¢s en concreto: aunque los socialistas ahora protesten, cuando estuvieron en el poder actuaron igual o peor. Como hemos visto recientemente con el Consejo General del Poder Judicial, a la hora de la verdad, populares y socialistas se reparten cargos sin rubor. Los socialistas saben que, eventualmente, regresar¨¢n al poder y tienen tan poco inter¨¦s en quedar fiscalizados como los populares. Y, mientras tanto, hay que contentar a muchos.

Las razones que han llevado a esta situaci¨®n se encuentran en la econom¨ªa pol¨ªtica de la Transici¨®n a la democracia. Unos partidos nuevos y d¨¦biles necesitaban afianzarse y las instituciones del franquismo, renovarse. Colocar a los ¡°nuestros¡± cumpl¨ªa, as¨ª, una doble misi¨®n. Con el argumento de la democratizaci¨®n de las instituciones, tal actuaci¨®n era f¨¢cilmente vendible a una sociedad que, acostumbrada a ser ignorada, tampoco exig¨ªa mucho.

Los males del sistema se incrementaron con el tiempo. Al modernizarse la econom¨ªa espa?ola, las alternativas a las carreras administrativas y jur¨ªdicas, los caladeros de nuestras ¨¦lites pol¨ªticas, se multiplicaban. Al mismo tiempo, las reforzadas burocracias de los partidos iban expulsando a aquellas personas m¨¢s capaces o, m¨¢s com¨²nmente, impidiendo su promoci¨®n en la organizaci¨®n. Ambas fuerzas llevaron a un desplome de la calidad media de los pol¨ªticos. La burbuja inmobiliaria agudiz¨® el proceso. Por un lado, la burbuja multiplic¨® las rentas que los pol¨ªticos pod¨ªan extraer del sistema. Por otro, la aparente prosperidad anestesiaba a la sociedad frente a los abusos.

El reto es romper el sistema actual. La regeneraci¨®n institucional de nuestra democracia es fundamental para una expansi¨®n s¨®lida de la econom¨ªa. Nuestra clase pol¨ªtica va a emplear la excusa del magro crecimiento que probablemente tengamos en los pr¨®ximos a?os para cantar victoria. Armados con tal argumento y con la garant¨ªa impl¨ªcita del Banco Central Europeo para refinanciar nuestra deuda, cesar¨¢ todo esfuerzo reformista. Ante la falta de voluntad de la mayor¨ªa de los partidos, la sociedad civil, con su movilizaci¨®n pol¨ªtica, legal y medi¨¢tica, tendr¨¢ que liderar el esfuerzo de quebrar el deterioro?de las instituciones y restaurar el Estado de derecho en Espa?a.

Jes¨²s Fern¨¢ndez-Villaverde es catedr¨¢tico de Econom¨ªa de la Universidad de Pensilvania.