Un espacio de di¨¢logo y pacto

Los pa¨ªses son lo que son, y no lo que a veces nos da por pensar que son. La Espa?a de este tiempo es a la vez una naci¨®n y una realidad plurinacional. No somos una mera yuxtaposici¨®n de identidades colectivas diversas, pero tampoco una realidad nacional totalmente homog¨¦nea. En esto, la historia nos ha hecho diferentes de pa¨ªses como Francia, Alemania o Estados Unidos y nos asemeja a otros como Gran Breta?a, Canad¨¢ o B¨¦lgica. Nada hay en ello, en principio, de bueno ni de malo. Simplemente, vuelve m¨¢s compleja la tarea de vivir juntos, y exige para conseguirlo arreglos institucionales y pol¨ªticos algo m¨¢s sofisticados. Esos marcos de convivencia evolucionan, adem¨¢s, en el tiempo. En este que vivimos, la tensi¨®n entre Catalu?a y el conjunto de Espa?a est¨¢ haciendo saltar las costuras del ropaje constitucional que confeccionamos hace 35 a?os y poniendo a prueba nuestra capacidad para organizar arm¨®nicamente la vida en com¨²n.

Enumerar algunas premisas puede ayudarnos a entender lo que est¨¢ en juego:

1.?El encaje de Catalu?a en Espa?a exige, en todo caso, que Catalu?a mantenga una mayor¨ªa social favorable a la integraci¨®n. Si esa mayor¨ªa no existe, ni la invocaci¨®n de la legalidad, ni las presiones de un tipo u otro, ni las maniobras pol¨ªticas de alcance t¨¢ctico ser¨¢n capaces de garantizar el acoplamiento en el medio plazo.

2.?La confrontaci¨®n de posiciones est¨¢ operando en sentido contrario, alimentando una poderosa corriente de fondo ¡ªm¨¢s all¨¢, incluso, de los partidos¡ª favorable a la secesi¨®n. Es de temer, encuestas en mano, que ya ahora, si la disyuntiva fuera binaria, esto es, entre statu quo constitucional o independencia, reuniera m¨¢s votos esta ¨²ltima. En cualquier caso, si no se hiciera nada, el tiempo parece jugar inexorablemente en esa direcci¨®n.

3. Antes o despu¨¦s, la ciudadan¨ªa catalana deber¨¢ ser consultada sobre la cuesti¨®n y expresarse. Negarlo ser¨¢ cada vez menos sostenible, en el plano nacional e internacional. En qu¨¦ consista esa consulta, c¨®mo y cu¨¢ndo se organice, son variables cruciales para el desenlace del asunto.

4. El Gobierno espa?ol no puede aceptar ni un supuesto derecho de una parte del pa¨ªs a la secesi¨®n ¡ªinexistente tanto en el ordenamiento interno como en el derecho internacional¡ª ni f¨®rmulas que impliquen una colisi¨®n con el marco constitucional y su atribuci¨®n de soberan¨ªa al conjunto del pueblo espa?ol

La ciudadan¨ªa catalana deber¨¢ ser consultada sobre la cuesti¨®n

En este contexto, la iniciativa de convocar un refer¨¦ndum, impulsada por partidos que representan a m¨¢s del 70% del Parlamento catal¨¢n, ha sido percibida como un nuevo paso en la escalada de la tensi¨®n. No han faltado razones. Entre otras, una escenificaci¨®n unilateral y revestida de la enf¨¢tica solemnidad que aqueja ¨²ltimamente a la pol¨ªtica catalana (tambi¨¦n, en buena medida, a la espa?ola) cuando se aborda este asunto. Sin embargo, la situaci¨®n admite otro tipo de lectura.

Los partidarios de la secesi¨®n han hecho, hasta hoy con ¨¦xito, del ¡°derecho a decidir¡± un bander¨ªn de enganche para dotar a su proyecto del respaldo masivo que necesita. Pero ahora, para mantener ese respaldo m¨¢s all¨¢ de sus propias filas, se han visto obligados a pactar una propuesta de refer¨¦ndum distinta de la que pretend¨ªan. Al incluir una opci¨®n intermedia (un ¡°estado no independiente¡± que cabe interpretar como m¨¢s autogobierno sin secesi¨®n), la pregunta dota de un espacio para expresarse a cientos de miles de ciudadanos que, en la disyuntiva binaria, carecer¨ªan de una respuesta propia y se ver¨ªan obligados a refugiarse en una de las otras, o a abstenerse.

En mi opini¨®n, este es un dato relevante que podr¨ªa situar la consulta m¨¢s cerca de una salida integradora que de los planes secesionistas, siempre que el Gobierno y las fuerzas pol¨ªticas mayoritarias en Espa?a, analizando y manejando la situaci¨®n con inteligencia pol¨ªtica, supieran llegar a un acuerdo con el Gobierno catal¨¢n para realizarla, bajo ciertas condiciones. En este sentido, el Gobierno espa?ol podr¨ªa, aplicando, como han sugerido Rubio Llorente y otros expertos, el art¨ªculo 92 de la Constituci¨®n, convocar por s¨ª mismo un refer¨¦ndum consultivo para conocer la opini¨®n de los ciudadanos catalanes, fijando para ello ¡ªde forma deseablemente pactada¡ª la fecha y dem¨¢s circunstancias. Podr¨ªa aceptar tambi¨¦n la estructura b¨¢sica de alternativas que acordaron los partidos catalanes, aunque ser¨ªa necesario que la opci¨®n intermedia entre lo que hay ahora y la independencia se formulara de manera algo menos ambigua que como ha sido planteada.

Ciertamente, el Gobierno deber¨ªa asumir que si el resultado, no vinculante en s¨ª mismo, reflejara una mayor¨ªa amplia favorable a revisar ¡ªcon uno u otro alcance¡ª el statu quo constitucional, habr¨ªa que abordar una negociaci¨®n que hiciera esa revisi¨®n posible. Y, por supuesto, cualquier reforma constitucional que incluyera los acuerdos surgidos de ese proceso tendr¨ªa que ser aprobada por el conjunto de la ciudadan¨ªa espa?ola. Esta fue, por ejemplo, la doctrina que estableci¨® la Ley de Claridad canadiense para el caso de Quebec.

El mero transcurso del tiempo juega m¨¢s bien a favor de la separaci¨®n

Desde mi punto de vista, un enfoque de este tipo ofrece, para quienes defendemos la integraci¨®n de Catalu?a en Espa?a, importantes ventajas. Por una parte, permite acceder a la consulta sin que ello implique reconocer un actor soberano diferente del pueblo espa?ol. Por otra, un acuerdo sobre la consulta har¨ªa que Espa?a apareciera ante los catalanes, por primera vez en los ¨²ltimos a?os, como un espacio de di¨¢logo y pacto, y no de negativa o imposici¨®n. La imagen internacional del pa¨ªs, en lo que se refiere al manejo del conflicto, saldr¨ªa tambi¨¦n claramente beneficiada. Por ¨²ltimo, al privar a los independentistas de cualquier exclusiva en la defensa del ¡°derecho a decidir¡± desactivar¨ªa esta palanca de reclutamiento y har¨ªa aflorar las posiciones de fondo, esto es: secesi¨®n o integraci¨®n, en qu¨¦ condiciones y con qu¨¦ consecuencias. El debate sobre lo que hay en juego se clarificar¨ªa, saliendo de la ambig¨¹edad algo viscosa que lo viene caracterizando.

Pero lo m¨¢s importante es que este planteamiento de consulta mejorar¨ªa el pron¨®stico ¡ªobligadamente pesimista, hoy¡ª sobre el encaje de Catalu?a en Espa?a, haciendo m¨¢s probable una mayor¨ªa social favorable a la integraci¨®n. Eso s¨ª, previsiblemente, la mera defensa del statu quo actual ser¨ªa minoritaria entre los catalanes. De ser as¨ª, el resultado abrir¨ªa la puerta a una reforma de nuestro marco constitucional. Obligar¨ªa a asumir ciertos elementos de bilateralidad en la relaci¨®n entre ambas partes. Llevar¨ªa consigo un replanteamiento del modelo territorial definido en 1978. Pondr¨ªa en cuesti¨®n una simetr¨ªa que hoy se revela artificial en el tratamiento de las distintas realidades territoriales del pa¨ªs. Un reto bastante complicado, desde luego, pero aconsejable para afrontar el fondo del problema.

Ha dicho el presidente del Gobierno que la consulta no se har¨¢. Muchos creen lo mismo, fuera y dentro de Catalu?a, entre ellos no pocos de sus promotores, cuya estrategia daba por descontada la negativa y se alimentar¨¢ de ella, si nada lo remedia. Pero se equivoca quien crea que eso acaba con el problema. Lo que viene despu¨¦s de prohibir e impedir la consulta no es mejor que lo de antes. El mero transcurso del tiempo no juega a favor de la integraci¨®n, sino de la separaci¨®n. No parece un momento para jactancias buscando el aplauso f¨¢cil de la propia parroquia, sino para aprovechar las oportunidades y recuperar la iniciativa.

Francisco Longo es profesor del Instituto de Gobernanza y Direcci¨®n P¨²blica de la ESADE.