Un mercado sin libertad no es un mercado

Aunque llegar a conclusiones incorrectas a partir de premisas correctas es tan viejo como la propia filosof¨ªa ¡ªhasta tiene un nombre griego¡ª, sigue siendo algo frecuente de ver hoy en d¨ªa.

En relaci¨®n al art¨ªculo de opini¨®n Un mercado sin ley ni esperanza, publicado recientemente en EL PA?S, estoy de acuerdo con el fracaso de la reforma el¨¦ctrica, m¨¢s que nada, porque no era tal, tan solo era una reforma legal para amparar actuaciones que sin ella eran contrarias a derecho. Tambi¨¦n comparto que el Ministerio de Industria se ha contradicho a s¨ª mismo, y que las acusaciones realizadas a partir de la subasta para fijar un precio de la energ¨ªa de la Tarifa de ?ltimo Recurso no estaban justificadas.

Por el contrario, mi desacuerdo en las conclusiones es total.

La premisa de que la modificaci¨®n de la estructura de las tarifas de acceso, dando m¨¢s peso al t¨¦rmino de potencia, se ha hecho de forma chapucera, probablemente sea cierta, pero de aqu¨ª no se deduce que la nueva estructura sea mejor ni peor que la anterior. De hecho es mejor. En primer lugar, hay que recalcar que estamos hablando de tarifas de acceso que son las que no incluyen la energ¨ªa, solo los costes regulados: peajes, primas y otros. La CNE ya dijo a este respecto que la pr¨¢ctica totalidad de la parte de las tarifas de acceso, correspondiente a los peajes, que era lo que a ella se le hab¨ªa encargado, son costes fijos que no se reducen porque se reduzca el consumo. La otra parte: primas, amortizaci¨®n del d¨¦ficit, pol¨ªticas territoriales y otros costes, tambi¨¦n. Una tarifa de acceso con un t¨¦rmino variable ficticio es un enga?o que tiene consecuencias; hacer creer a los consumidores que reduciendo su consumo, o sustituy¨¦ndolo por otras fuentes, se reducen determinados costes que, en realidad, siguen siendo los mismos, a lo que conduce es a que unos clientes pasen a pagar los costes que otros dejan de hacerlo.

No se debe limitar la libertad de empresa restringiendo la propiedad

Proponer una quita a las el¨¦ctricas es una medida populista, no hay que dar ninguna explicaci¨®n para realizarla y suena muy bien. Pero s¨ª que es necesaria una explicaci¨®n. El Gobierno crea a finales de 2012 unos impuestos a los generadores de electricidad con el prop¨®sito de pagar con ellos parte de las primas a las renovables y cogeneraci¨®n, as¨ª mismo aprueba una ley para que los Presupuestos Generales del Estado aporten 2.200 millones con el mismo fin y as¨ª cubrir, con ambas medidas, aproximadamente la mitad del importe total de primas. De repente, cambia de opini¨®n: anula la ley para no tener que aportar los 2.200 millones, unos 500 millones de los impuestos a la generaci¨®n se quedan en las comunidades aut¨®nomas y modifica la ley por la que los Presupuestos del Estado deb¨ªan cubrir el 50% del coste de mantener en las islas las mismas tarifas que en la Pen¨ªnsula para que no cubran nada, lo que hace que aumenten en 900 millones los pagos a realizar con cargo a los ingresos de las tarifas. En total, los 3.600 millones de los que tanto se ha hablado. ?Qu¨¦ pintan las el¨¦ctricas en todo esto? La ley obliga a cinco empresas (las ¡°el¨¦ctricas¡±) a prestar el dinero necesario para pagar las actividades reguladas cuando los ingresos de tarifas sean insuficientes, es decir, son las que financian el d¨¦ficit. Recientemente el Tribunal Supremo ha determinado que esta obligaci¨®n impuesta a las ¡°el¨¦ctricas¡± no es ilegal, siempre y cuando est¨¦ garantizada su recuperaci¨®n y el coste de su financiaci¨®n a tipos de mercado. Es obvio que una quita lo har¨ªa palmariamente ilegal. Una quita a quien ha prestado un dinero por imposici¨®n legal para que cobren otros es un sinsentido, pero, sobre todo, es ilegal; tanto que no bastar¨ªa cambiar una ley para arreglarlo, habr¨ªa que dejar de ser un Estado de derecho.

Las propuestas de abandonar el mercado marginalista o el establecimiento de limitaciones a la competencia mediante la discriminaci¨®n de determinadas instalaciones de producci¨®n son una cuesti¨®n ideol¨®gica defendida por alg¨²n partido cuando est¨¢ en la oposici¨®n, pero no es una opci¨®n para un pa¨ªs que debe respetar el derecho de la Uni¨®n Europea. A¨²n queda bastante para que el mercado interior de la energ¨ªa sea una realidad en la Uni¨®n Europea, pero las bases legales hace tiempo que est¨¢n establecidas en el derecho comunitario, no son otras que la libre competencia, la no discriminaci¨®n entre agentes y el despacho de la producci¨®n por precio y no por coste.

La Uni¨®n Europea, y por tanto Espa?a, ha impuesto l¨ªmites a la integraci¨®n vertical de las actividades el¨¦ctricas: ninguna empresa puede efectuar actividades reguladas y no reguladas simult¨¢neamente. Nadie ha encontrado razones para restringir la libertad de empresa, imponiendo restricciones a la propiedad, y en esto Espa?a no es diferente a sus vecinos, salvo en que la actividad de transporte es, por ley, un monopolio en el que no pueden participar las ¡°el¨¦ctricas¡±.

Lo que siempre se olvida, a pesar de que es una de las causas principales, junto a las primas, de la falta de competencia en el suministro el¨¦ctrico en Espa?a, es el mantenimiento de una Tarifa de ?ltimo Recurso, fijada administrativamente por debajo del coste real de suministro y con la que ning¨²n comercializador puede competir. El ¨²nico cambio de la reforma energ¨¦tica ha sido cambiarle el nombre, porque llamar de ¨²ltimo recurso a una tarifa a la que tienen derecho el 100% de los consumidores dom¨¦sticos y un gran n¨²mero de peque?as y medianas empresas es, cuanto menos, un contrasentido. A partir del 27 de diciembre de 2013 se llama Precio Voluntario al Peque?o Consumidor, pero solo ha cambiado el nombre, absolutamente nada m¨¢s.

Queda bastante para que el mercado interior de la energ¨ªa sea una realidad en la UE, pero las bases legales hace tiempo que est¨¢n establecidas

Alberto Ba?¨®n es director de Regulaci¨®n de UNESA