A golpe de decreto

Uno de las problemas que suele derivarse del manejo de las mayor¨ªas absolutas es que incentivan la tendencia al arbitrismo. Y una de las maneras en que el arbitrismo se manifiesta es la frecuente apelaci¨®n al decreto ley (incluso al decreto) como sustitutivo de la ley: frecuentemente, sin concurrir el requisito de la ¡°extraordinaria y urgente necesidad¡± de la decisi¨®n, cuya evocaci¨®n suele enmascarar la imprevisi¨®n, precipitaci¨®n, escaso di¨¢logo social con los afectados o deficiente preparaci¨®n t¨¦cnica de la norma. Eso es lo que ha sucedido con el real decreto ley sobre fomento del trabajo a tiempo parcial del pasado 20 de diciembre, que se aprovech¨® para colar de rond¨®n la obligatoriedad de cotizar a la Seguridad Social por las retribuciones en especie; entre otras, las aportaciones a los planes de pensiones privados o los vales de comida.

Lo peor de esta norma ¡ªque ahora atraviesa el tr¨¢mite parlamentario¡ª estriba en su provocador itinerario procesal. Se dict¨® en plena pausa navide?a, apenas sin publicidad, y sin debate previo o al menos informaci¨®n a los agentes econ¨®micos y sociales. ?Es as¨ª como se pretende perfilar la reforma laboral, aquejada desde el principio de s¨²bitos vaivenes y d¨¦ficits de calidad t¨¦cnica? El secretismo no se corresponde con la importancia del asunto. M¨¢s que por su cuant¨ªa, aunque nada banal en una coyuntura econ¨®mica fr¨¢gil (unos 1.000 millones, la d¨¦cima parte del d¨¦ficit previsto de la Seguridad Social), este aumento de facto de las cotizaciones sociales contradice lo prometido por el Gobierno en 2012: que se bajar¨ªan, como contrapartida a la subida del IVA. Y, sobre todo, porque opera como obst¨¢culo objetivo para la creaci¨®n de empleo, que deber¨ªa constituir la primera prioridad de la pol¨ªtica econ¨®mica tras la salida de la recesi¨®n.

Las partes enfrentadas esgrimen, cada una, buenas razones. Los empresarios subrayan ese car¨¢cter contradictorio de la medida con la intenci¨®n expresada por el Gobierno de abaratar la empleabilidad, aunque la cuant¨ªa del asunto no merece tanto grito en el cielo como el lanzado por la CEOE. Los sindicatos aducen que el encarecimiento de las retribuciones ¡ªderivado de su sujeci¨®n a cotizaci¨®n¡ª supondr¨¢ su pura eliminaci¨®n en muchos casos. Y al Gobierno, responsable de cuadrar las cuentas de la Seguridad Social ¡ªpor desgracia, desarboladas¡ª no le faltan razones cuando denuncia que muchos acuden sistem¨¢ticamente al pago en especie como v¨ªa de eludir cotizaciones, de forma similar a la que se produce con la elusi¨®n fiscal.

Si esto es as¨ª, raz¨®n de m¨¢s para haber abordado el asunto con calma, previsi¨®n y debate con los interlocutores sociales, al objeto de contemplar y sopesar, al menos, todos los intereses (leg¨ªtimos) en presencia. Y desde luego, para hacerlo al comp¨¢s de la reforma fiscal integral pendiente. Porque gobernar a golpe de decreto (ley) ni es muy eficaz, ni concita consensos, ni resulta a la larga sostenible.