El derecho de olvidar frente al del borrar

Internet puede convertirse en un agujero negro, una trampa de la que resulte imposible salir. Puede tragarse nuestra reputaci¨®n por culpa de un error del pasado o mandar al traste un cr¨¦dito, beca o trabajo por una simple foto o informaci¨®n inadecuada.

El reciente caso del abogado espa?ol Mario Costeja lo ejemplifica. Su denuncia a Google para que eliminara los resultados de la b¨²squeda en los que aparec¨ªa su nombre asociado a un anuncio sobre una subasta de inmuebles por culpa de una deuda (que fue satisfecha) lleg¨® a los tribunales europeos, pero perdi¨®. Pese a que el Parlamento Europeo impulsa una ley que quiere abrir la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda borrar de la Red informaci¨®n que resulte da?ina para su reputaci¨®n.

Marisa Toro, responsable de comunicaci¨®n de Google Espa?a, afirma que el gigante inform¨¢tico est¨¢ ¡°a favor del derecho al olvido¡±. Pero analistas como Jerry Brito, de Time, ven en estos ¡°agujeros de la memoria¡± un reflejo de 1984, la distop¨ªa futurista de Orwell, y de su protagonista, Winston Smith, dedicado desde el Ministerio de la Verdad a borrar los hechos pasados para reescribir la historia. Robert Levine, autor del libro sobre las empresas tecnol¨®gicas Par¨¢sitos, cree que hay que encontrar un (dif¨ªcil) balance entre ese derecho y la libertad de expresi¨®n, algo que puede variar dependiendo de ¡°si uno es o no una figura p¨²blica¡±.

Este mismo debate ha asaltado el campo institucional con inusual fuerza. Gobiernos, pol¨ªticos, polic¨ªa y jueces andan preocupados y enojados por la informaci¨®n de ellos que contienen los cientos de miles de servidores de Google. Lo airea el buscador en su Informe de transparencia publicado en diciembre. Solo entre enero y junio de 2013, la compa?¨ªa recibi¨® 3.846 requerimientos para eliminar 24.737 archivos. Un incremento del 68% con respecto a los seis meses anteriores calificado como ¡°preocupante¡±.

Turqu¨ªa ha multiplicado por 10 sus peticiones respecto al incremento del a?o anterior, y Rusia las ha doblado. Hay pol¨ªticos armenios y c¨®nsules indonesios que quieren hacer desaparecer v¨ªdeos de YouTube, funcionarios de Brasil solicitando la eliminaci¨®n de blogs que denuncian pr¨¢cticas supuestamente corruptas, peticiones para retirar los nombres de territorios chipriotas en Google Maps por su asociaci¨®n con el tr¨¢fico de drogas. Solo EE UU aument¨® en un 70% sus solicitudes de retirada; Francia, un 81%. En Espa?a, sin embargo, se han reducido en un 20%.

Google dispone de equipos locales de expertos que estudian cada caso bas¨¢ndose en las legislaciones de cada pa¨ªs y la ubicaci¨®n de los servidores. Sus informes se env¨ªan a la central en California, que decide. Hace a?o y medio, la empresa obedeci¨® una orden judicial y retir¨® el contenido de un blog de un juez espa?ol que difamaba a otro de su misma rama provincial. En 2013 recibi¨® una orden judicial en Argentina para retirar 1.835 resultados de b¨²squeda que asociaban la informaci¨®n de un actor con pornograf¨ªa; el buscador apel¨®, gan¨® el caso y no los retir¨®.

Hay casos que son ¡°claros¡±, dice Toro: si la informaci¨®n ¡°incumple los t¨¦rminos y condiciones, como contenidos que hacen apolog¨ªa del terrorismo, la violencia o la pornograf¨ªa infantil¡±. En caso de justificaci¨®n legal, recuerda, es la fuente web la que debe retirar esa informaci¨®n, no el buscador. Eso hasta que se instaure un Ministerio de la Verdad que reescriba nuestra historia.