Retroceso social

Espa?a se encuentra entre los pa¨ªses europeos que m¨¢s retroceden en protecci¨®n social desde que en 2007 estall¨® la crisis financiera que dio lugar a la m¨¢s grave recesi¨®n desde el crash de 1929, seg¨²n el ¨²ltimo informe del Consejo de Europa. Entre los recortes m¨¢s graves se sit¨²a la exclusi¨®n de los inmigrantes del sistema sanitario p¨²blico. Con esta decisi¨®n, se contraviene el derecho europeo y, m¨¢s concretamente, la Carta Social que en su momento Espa?a suscribi¨® junto a otros 42 pa¨ªses.

Esa carta garantiza el derecho a la salud de todos los ciudadanos, al margen de su situaci¨®n administrativa. Pese a ello, un real decreto aprobado en agosto de 2012 retir¨® la tarjeta sanitaria a los extranjeros en situaci¨®n irregular. A partir de ese momento solo se garantiza asistencia a los ni?os, las embarazadas y, puntualmente, los casos urgentes. Adem¨¢s de la situaci¨®n de los inmigrantes, el informe critica tambi¨¦n otras carencias en el sistema de protecci¨®n social espa?ol como la escasa cuant¨ªa de la renta m¨ªnima de inserci¨®n social ¡ª400 euros mensuales¡ª o la inadecuada cobertura de la baja por enfermedad.

Han sido varios los pa¨ªses que han aplicado restricciones en la cobertura sanitaria de los inmigrantes. El Consejo advierte de que la situaci¨®n econ¨®mica no debe servir como pretexto para negar el acceso a la sanidad. Y de hecho considera que, siendo grave, la crisis puede ser m¨¢s la excusa que causa del retroceso social que se est¨¢ produciendo en Europa. Lo demuestra el hecho de que, entre los pa¨ªses que han aplicado restricciones en la atenci¨®n a los inmigrantes, figuran algunos que ciertamente atraviesan una situaci¨®n dif¨ªcil, como Grecia o Espa?a, pero tambi¨¦n otros cuya econom¨ªa no pasa por apuros, como Alemania, Finlandia o Reino Unido.

El informe del Consejo supone un varapalo a las pol¨ªticas de regresi¨®n social y su contenido deber¨ªa llevar a revisarlas, en particular la exclusi¨®n de los inmigrantes del derecho a la sanidad. La exclusi¨®n no solo ha dado lugar a un problema de desatenci¨®n, sino de desigualdad: mientras unas comunidades han acatado la nueva normativa, otras la ignoran y siguen ofreciendo asistencia a los extranjeros, una decisi¨®n que ya ha obtenido el amparo del Constitucional. El decreto se encuentra recurrido ante el alto tribunal y este deber¨¢ tener en cuenta no solo lo que establecen nuestras leyes, sino los compromisos adoptados por Espa?a al firmar la Carta Social Europea.