El T¨ªbet ante la justicia universal: cr¨®nica de una impunidad anunciada

Hace ahora casi nueve a?os, v¨ªctimas tibetanas acudieron personalmente a buscar justicia ante los tribunales espa?oles, y a trav¨¦s de la acci¨®n popular ejercida por el Comit¨¦ de Apoyo al T¨ªbet (CAT) y secundada por la Fundaci¨®n Casa del T¨ªbet, junto con la acusaci¨®n particular del tibetano con nacionalidad espa?ola, Thubten Wangchen, presentaron una ins¨®lita querella acusando a la c¨²pula del Partido Comunista Chino de cometer cr¨ªmenes internacionales (genocidio, tortura, cr¨ªmenes contra la humanidad y terrorismo de Estado) contra la poblaci¨®n tibetana.

Se acud¨ªa a la jurisdicci¨®n espa?ola, no con el ¨¢nimo de desgastar la acci¨®n judicial en nuestro pa¨ªs, sino con el desesperado prop¨®sito de buscar una reparaci¨®n que no se pod¨ªa, ni todav¨ªa se puede encontrar ni ante los tribunales chinos, ni ante un Tribunal Penal Internacional cuyo Estatuto de Roma no ha ratificado el gigante asi¨¢tico. Esta es precisamente la virtud de la justicia universal, que enmienda las lagunas del sistema y permite a las v¨ªctimas acudir a otros tribunales al no encontrar justicia en su propio pa¨ªs. El prop¨®sito debiera resultar incuestionable: luchar contra la impunidad all¨ª donde se pueda; ya sea ante los tribunales argentinos donde han acudido las v¨ªctimas del franquismo, ante los tribunales alemanes o franceses para denunciar al anterior Secretario de Estado norteamericano, Donald Rumsfeld, por los cr¨ªmenes cometidos en su particular lucha contra el terrorismo internacional o ante los tribunales sudafricanos para perseguir los atropellos de la dictadura de Zimbawe.

Supon¨ªan las v¨ªctimas tibetanas que aquellos Estados que eran parte de Convenciones como las de Ginebra, del genocidio, tortura, desapariciones forzadas, etc., estaban obligadas a prevenir y sancionar dichos cr¨ªmenes internacionales que ofenden a toda la comunidad internacional en su conjunto. Y as¨ª fue en un principio. Consecuentemente la Audiencia Nacional con este esp¨ªritu dictamin¨® mediante auto de 10 de enero de 2006 que los tribunales espa?oles ten¨ªan la plena competencia para investigar los hechos genocidas denunciados. Baste ¨²nicamente recordar que seg¨²n los informes recopilados por el Gobierno Tibetano en el Exilio, m¨¢s de un mill¨®n de tibetanos han muerto como consecuencia directa del acto de agresi¨®n y ocupaci¨®n militar del T¨ªbet. Curiosa manera de ¡°liberar pac¨ªficamente¡± un pueblo sometido al yugo feudal.

Desde la apertura de las diligencias previas decenas de v¨ªctimas tibetanas, testigos directos y expertos internacionales durante a?os fueron prestando su testimonio ante la Audiencia Nacional, ratificando y probando los hechos denunciados. Y todo ello a pesar de las presiones de los voceros del r¨¦gimen de Beijing que de forma reiterada declaraban p¨²blicamente que esta iniciativa legal resultaba ser una ¡°completa difamaci¨®n y absoluta mentira¡±, adem¨¢s de incurrir en una inadmisible injerencia en sus asuntos internos.

A pesar de estas constantes presiones diplom¨¢ticas y pol¨ªticas y de una primera reforma de la jurisdicci¨®n universal en Espa?a en el 2009, el caso del genocidio tibetano continu¨® investig¨¢ndose en la Audiencia Nacional. Ahora bien, las ¨²ltimas decisiones judiciales del pasado oto?o ampliando las acusaciones hasta el m¨¢ximo mandatario mandar¨ªn, Hu Jintao, y el decreto de las ordenes de arresto internacional contra parte de la antigua c¨²pula del Politbur¨® (que ayer 10 de febrero se hicieron efectivas pese a las iniciales reticencias del fiscal y del juez instructor) provocaron la reacci¨®n definitiva del Imperio Medio. Por un lado Zhu Weiqun, presidente del comit¨¦ de asuntos religiosos y ¨¦tnicos de China, espet¨® con aires chulescos refiri¨¦ndose al poder judicial espa?ol: "Que vayan adelante si se atreven"; mientras que entre otros, Wu Jingjie, diputado del Congreso Nacional y vice-secretario de la Regi¨®n Autonoma que encabezaba una misi¨®n china ante el Congreso de los Diputados, exigia en Madrid con desparpajo a nuestros dirigentes, una ¡°soluci¨®n pol¨ªtica inmediata y definitiva¡±.

Y as¨ª ha sido, el Gobierno del Partido Popular a trav¨¦s de esta nueva reforma de la justicia universal tramitada de forma ins¨®lita por v¨ªa urgente, no ha dudado en prostrar a la democracia espa?ola ante las pretensiones de unos l¨ªderes presuntamente ¡°comunistas¡±, acusados de genocidio y de poseer cuentas millonarias en para¨ªsos fiscales.

El veredicto pol¨ªtico ante la disyuntiva en escena ha sido claro y los argumentos han sido incontestables: el 20% de la deuda p¨²blica espa?ola y las inversiones millonarias de las empresas transnacionales que representan los grandes intereses de nuestra Marca Espa?a han pesado m¨¢s que la defensa de los derechos humanos. Y siendo as¨ª, a la crisis econ¨®mica, ahora le a?adimos la ruin miseria de haber entregado nuestros valores y principios que debieran ser los cimientos del contrato social de nuestras democracias.

Un gran dilema puede plantearse a partir de hoy por parte de los pueblos oprimidos como el tibetano, el saharaui, el palestino y tantos otros que no han encontrado justicia ni en su propia tierra, ni en ning¨²n sistema de protecci¨®n de las Naciones Unidas, ni en tribunal internacional alguno, y ahora se les niega la ¨²ltima puerta que es el de la justicia universal, cuyos casos ser¨¢n archivados al no encontrarse los acusados en territorio nacional; siendo ellos conscientes que han agotado todas las v¨ªas pac¨ªficas, ajustadas a la legalidad internacional, y lo ¨²nico que han encontrado es la garant¨ªa efectiva de la impunidad de sus verdugos, ?qu¨¦ mensaje y qu¨¦ salida se les est¨¢ dando desde estas supuestas democracias occidentales y organizaciones internacionales?

Jos¨¦ El¨ªas Esteve Molt¨® es profesor de Derecho Internacional P¨²blico y secretario del Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de Val¨¨ncia. Es el redactor e investigador de las querellas del T¨ªbet presentadas en la Audiencia Nacional.